CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo, (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).— Por Juan R. Hernández. Las diputadas de Morena, Sara Paola Galico Félix Díaz y Rocío Nahle García, plantearon exhortar a las legislaturas locales y poderes ejecutivos de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, realicen y establezcan medidas que permitan la atención integral y oportuna a las víctimas.
Denunciaron que actualmente existen 22 estados que no han llevado a cabo la armonización, por lo que “desde hace más de 3 años estas entidades han omitido su responsabilidad en la materia, mostrando no sólo poco interés ante este grave problema sino poca solidaridad con las víctimas”.
En un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, expusieron que solamente Baja California, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, han cumplido con su responsabilidad y el mandato de ley.
Por ello, sugieren que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas armonicen su legislación, y establezcan medidas materiales y presupuestales que permitan atender a las víctimas.
Galico Félix Díaz y Nahle García indican que México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, y en la clasificación mundial se ubica entre las primeras 28 naciones y quinta en América Latina. “Lamentablemente, a lo largo del territorio nacional prevalece la impunidad ante la falta de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas de trata”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es una actividad altamente lucrativa. Se estiman ganancias anuales producto de este delito, por más de 32 mil millones de dólares anuales.
De este monto, 10 mil millones de dólares corresponden a la venta inicial de la persona, el resto de las ganancias son producto neto que emana de la explotación continua y permanente de estas víctimas. Para el crimen organizado, constituye la tercera fuente de ingresos, sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas.
Las legisladoras por Morena, subrayan que conforme al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), desde hace más de siete décadas el Estado ha adquirido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Conforme al Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas en México (2014), el país ha firmado diversos instrumentos relativos no sólo a la trata de personas sino también a fenómenos delictivos relacionados con ella, por ejemplo: esclavitud y prácticas análogas, trabajos forzados, trabajo infantil, explotación sexual de mujeres y personas menores de edad, y violencia contra la mujer.
La nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, y en 2014 sufrió un reforma, pero “lamentablemente no ha encontrado ni eco ni referencia en la mayoría de las entidades federativas”.
Ante ello, y debido a la gravedad del problema, lo aberrante de este delito y la necesaria y urgente atención que las víctimas exigen y merecen, es vital que las legislaturas locales armonicen sus leyes en esta materia; la trata de personas es un fenómeno complejo y multifactorial, considerada hoy como una forma moderna de esclavitud.
