Acusan senadores corrupción en manejo de recursos de reconstrucción
“Por si fuera poco, el plan de reconstrucción pretende convertir a los damnificados en deudores de la banca y ahora no hay quien vigile los 8 mil millones de pesos en manos de algunos legisladores de dudosa reputación”, sostuvo la senadora Dolores Padierna.
La senadora acusó que la opacidad y falta de rendición de cuentas en el manejo de los recursos que se destinaron para la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del pasado 19 de septiembre en la ciudad de México obligaron a renunciar a Ricardo Becerra y Mauricio Merino a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, como titular e integrantes de esa instancia.
Recordó que tanto Merino como Becerra señalaron a los diputados locales perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo y al legislador panista Jorge Romero por aprobar y decidir de forma discrecional el destino de más de 14 mil millones de pesos para la reconstrucción.
Dijo que las denuncias por opacidad y presunto manejo irregular de los 8 mil millones de pesos para los fondos de ayuda a los damnificados de los sismos en la Ciudad de México se multiplicaron en los últimos días y el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera simplemente se ha “lavado las manos” ante este golpe a los propios ciudadanos afectados, lamentó la senadora Dolores Padierna Luna.
Acusó que las instancias burocráticas creadas no han dado ni certeza jurídica ni han terminado los estudios de suelo para garantizar la seguridad de cada predio.
Por su parte la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, demandó al Gobierno de la Ciudad de México informar de manera detallada emitir un informe sobre los créditos que se han otorgado a los damnificados para obtener una vivienda, así como las causas que han impedido que un mayor número de damnificados cuenten con dicho apoyo.
Gómez del Campo Gurza solicitó también que se transparenten los montos, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como los recursos públicos, donativos y aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas, que provengan del interior o exterior del país, destinados a la atención de las necesidades de la población afectada.
