Línea Fifí
Martín Takagui
La generación espontánea de un plan o de un complot en contra del Presidente de la República y del partido Morena, es “muy oportuno” o “cae como anillo al dedo” en los momentos en que parece que el manejo de la pandemia por el Covid-19 en México se ha salido de control, mientras que la ola de muertes por el crimen organizado sigue matando a más personas, pero de manera violenta.
Hoy ni el mismo presidente ni Gobernación, ni la policía y la Interpol saben de dónde salió, pero el malévolo plan “para debilitar al gobierno” de López Obrador y a Morena, han causado un revuelo que pone sobre la mesa y en el debate el próximo proceso electoral federal del 2021, en el que se renovarán 15 de las 32 gubernaturas casi dos mil ayuntamientos y la totalidad de la Cámara de Diputados federal.
La mañana del martes, el presidente López Obrador dio a conocer un supuesto plan que busca debilitar a su gobierno y a su partido para arrebatarle la mayoría en el Congreso de la Unión y para adelantar su salida de la Presidencia de la República, a través del adelanto del proceso de revocación de mandato.
La creciente crítica al gobierno, la baja en la popularidad del presidente de México, las decenas de explicaciones en torno al “aplanar la curva” de la epidemia, la falta de credibilidad y los números que parecen brincar en cada reporte diario tienen al gobierno actual en la ruta de una crisis de credibilidad.
Frente a ello, el tema electoral, que es el fuerte del presidente de México, resulta ser una tabla de salvación en medio de la marea creciente y se trata de buscar un round de sombra en la política electoral, con la creación de un Bloque Opositor Amplio, (BOA) integrado, supuestamente, por políticos, analistas, líderes de opinión, periodistas y medios de comunicación, así como partidos políticos.
Es el momento en que el gobierno debiera estar informando sobre la atención a las emergencias sanitaria y económica; sin embargo, la merma en la credibilidad oficial, obliga a buscar asuntos electorales, con muchos meses de anticipación, pues el año electoral iniciaría en el mes de septiembre, pero es una forma de justificar una muy probable baja en el nivel de votación en favor de Morena y del respaldo al presidente.
JUSTICIA PARA EL SUTNOTIMEX
Los avances del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) en el conflicto laboral que, desde el pasado 21 de febrero inició, con el estallamiento de la huelga, son innegables, como resultado de la gestión acertada de la dirigente sindical Adriana Urrea, quien, como periodista, conocedora y capacitada en el ambiente informativo, ha mostrado las tables que le caracterizan, la paciencia, la estrategia y, sobre todo la templanza con que ha conducido su movimiento.
El pasado lunes, se realizó una doble sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado Mexicano, en la que el máximo órgano de gobierno aprobó que la directora de la agencia Sanjuana Martínez y su equipo de directivos habían regateado con falsas argucias leguleyas.
Hoy, como resultado de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, la dirección de Notimex se vio obligada a dejar de transmitir información, como lo venía haciendo desde el inicio de la huelga y en flagrante violación al derecho constitucional de huelga.
Además, ya no será la directora Sanjuana Martínez quien asista y de seguimiento a las negociaciones de la huelga, sino que se definió un comité de negociación en la propia Junta de Gobierno, que se encargará de buscar una solución justa, con la mediación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde, tanto los trabajadores, como la empresa obtengan un arreglo justo para todos.
Las principales demandas de los huelguistas, son sin duda, la reinstalación de más de 250 trabajadores despedidos injustificadamente o su liquidación de acuerdo con la ley; la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y la restitución de las prestaciones que la actual administración de la empresa se negó a pagar.
El siguiente paso es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje convoque, a través de su área de huelgas, a una mesa conciliatoria, a fin de que el sindicato y el comité de la Junta de Gobierno se reúnan para empezar a revisar las demandas laborales y se comiencen a alcanzar acuerdos.
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