Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de reunirse a desayunar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio, Ricardo Monreal reapareció en el Senado con una agenda legislativa de vértigo:

“…esta semana se pretende iniciar el proceso de debate, discusión y en su caso aprobación o no aprobación, de la figura denominada revocación de mandato y de la de consulta popular. La idea es que este jueves se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales y la semana que entra discutirlo en el Pleno.

“El 23 de octubre en Xicoténcatl, de entre cientos de propuestas por demás válidas todas -entre las que se encuentran Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez y doña Rosario Ibarra de Piedra, a quienes se sumó de última hora el pintor Francisco Toledo y el filósofo e historiador Miguel León Portilla-, se entrega la medalla Belisario Domínguez, con la asistencia de Andrés Manuel López Obrador…

“… y tenemos también la eliminación del arraigo y la modificación al 28 constitucional para prohibir de manera tajante la condonación de impuestos por cualquier autoridad.

“Eso tenemos para la semana que entra… tendremos bastante trabajo”, subrayó.

El líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado calificó por otra parte como un acierto que la Comisión de Gobernación haya aplazado la discusión y debate sobre la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz y de darle al conflicto una salida jurídica.

Y respecto de la revelación de que la presidenta en funciones de Morena, y aspirante a repetir en ese cargo, de que Yeidckol Polevnsky apareciera en la larga lista de beneficiarios de multimillonarias condonaciones del SAT con Peña Nieto dijo tenerle respeto y disculparse por no entrarle a la especulación.

“Ahora el congreso está dispuesto a elevar a rango constitucional la prohibición tajante de la condonación de impuestos… no volverá a ocurrir en favor de nadie; todos tenemos que contribuir con la Hacienda Pública para poder ofrecer a la población mejores servicios y mejor calidad de vida”.

• ¿Fue pago de favores?, se le interrogó.

“Nadie más que el presidente de la República la conocía… no podría especular, es muy delicado…”

Y en cuanto a la propuesta de Mario Delgado de crear una empresa estatal o monopolio para comercializar marihuana, señaló que no siempre las empresas del Estado, o monopolios, son tan afortunados.

“Creo debería existir el libre mercado, con la regulación del Estado, no un monopolio.

“Nosotros ya estamos muy cercanos de un Dictamen de la Ley en la materia y  vamos a llamar a los diputados para que se sumen a lo que estamos desarrollando en Parlamento Abierto, que podamos coincidir e incorporar algunas de las propuestas en su Ley, en su Iniciativa presentada ayer, para sacar un solo esfuerzo de regulación y de ley de cannabis”.

Monreal recordó que existen 13 iniciativas sobre el tema de la marihuana por lo que es necesario hacer negociaciones para avanzar con solo una. La discusión ha sido interminable, dijo.

“Pensamos que, a finales de octubre, debemos ya aprobarla… hablaré personalmente con él para ser contempladas”.

GOLPE DEL TRIBUNAL ELECTORAL A AMBICIONES DE BONILLA

Meses han transcurrido ya desde que el Congreso de Baja California aprobó sorpresivamente una extensión anticonstitucional de mandato de 2 a 5 años para el nuevo gobernador, el moreno Jaime Bonilla.

Empresario transnacional, con fuertes lazos con el partido republicano de California, con acta de nacimiento en EU, pero muy amigo de López Obrador, el gobernador electo Bonilla ha jugado desde esa aprobación con la idea de que puede quedarse hasta el 2024.

Pero todos, desde la secretaria de Gobernación la exministra Olga Sánchez Cordero, hasta los líderes del Congreso, y las dirigencias de partidos y sectores empresariales afirman que esa reforma del congreso de BC es simple y llanamente anticonstitucional.

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decretó la validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla pero sólo para un periodo de dos años.

Para lo que fue electo.

En este trámite, las magistradas y los magistrados del Tribunal consideraron infundadas las impugnaciones del PRD, que consideraban que Bonilla era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

La impugnación del PRD argumenta que Jaime Bonilla, candidato de Morena y quien obtuvo la mayoría de votos en la elección para gobernador, no cumple con los requisitos para ser elegible como gobernador, por ser residente de Estados Unidos.

La Sala Superior del Tribunal decretó sin embargo la declaración de validez de la mencionada elección, y la constancia de mayoría por dos años.

Por supuesto que los primeros en celebrar la resolución, son los dirigentes del PRD, a quienes se unieron los de otros partidos.

“Es una decisión inatacable, donde prevalece el respeto a la constitución, el respeto a la democracia y al Estado de Derecho, era inconcebible que el gobernador, hubiera querido quedarse otros tres años de gobierno de una forma ilegal y anticonstitucional como lo planteo el congreso del estado de Baja California”, indicó la dirigencia del PRD.

A su vez, en Acción Nacional dijeron confiar en que, ante otra impugnación sobre el mismo tema, los criterios de la máxima instancia judicial electoral se mantengan.

Y pidieron que así como se pronunció ayer el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia se pronuncie para revertir la atrocidad del Congreso de Baja California.

Marko Cortes, presidente del PAN, celebró la resolución del Tribunal Electoral que confirmó por tercera ocasión que el próximo gobierno de Baja California será de 2 años.

Y, ante el amañado retraso en la publicación de la llamada Ley Bonilla, dijo que Acción Nacional pide al Tribunal que, previo a la toma de protesta de gobernador en Baja California, permanezca en estado de alerta para resolver el mismo tema en un seguro cuarto intento de Morena.

Esta determinación, tomada por unanimidad, dijo, demuestra que la Sala Superior tiene independencia y compromiso con la democracia en México, así como un profundo respeto por el voto de los ciudadanos que desde un principio votaron por un periodo de dos años para gobernador.

Confiamos que ante otra impugnación sobre el mismo tema, con la inmediatez que el caso requerirá, los criterios que la máxima instancia judicial electoral ha asentado se apliquen y hagan prevalecer tanto la norma como la razón, más allá de las presiones políticas y los intereses personales, de un solo partido o, incluso, del Gobierno Central.

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