ALDF, observatorio de propuestas para fortalecer Sistema de Justicia Penal: asambleísta

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo, (MENSAJE POLÍTICO / AMPRYT).- La Asamblea Legislativa se ha convertido en un observatorio de las propuestas de magistrados, jueces, académicos e investigadores que han participado a lo largo de cuatro ciclos de conferencias para fortalecer el Nuevo Sistema Penal de la Ciudad de México.

Así lo manifestó el diputado Israel Betanzos Cortes, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, quien además pidió seguir replicando todo lo que se ha dado a conocer en estos  encuentros, dado que aún persiste desinformación entre la sociedad.

Y abundó: “Nos ayuden a ser un factor multiplicador; que lo que hoy vengan y escuchen sea replicado allá afuera, porque la gente a veces sigue teniendo desconocimiento”.

Al inaugurar el cuarto ciclo de conferencias, en esta ocasión con el titulo Reinserción Social en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y las Prisiones en la Ciudad de México, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, recordó que en la Ciudad de México todos los capitalinos deben conocer y ejercer sus derechos.

Refirió que es de suma importancia garantizar que la administración y procuración de justicia esté al alcance y en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la Ciudad de México.

Durante los últimos tres años de esta VII y última Legislatura  se han efectuado diversas conferencias, en julio de 2016 se realizó la del Sistema de Justicia Penal; en octubre del mismo año, La trascendencia de los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; y el año pasado se llevo a cabo El Delito y la Seguridad Pública.

Betanzos Cortes enfatizó que estos ejercicios han servido de análisis, en el cual magistrados, jueces, investigadores y catedráticos han expuesto los alcances y las bondades de este nuevo Sistema de Justicia. “Recordemos que las leyes no sólo deben ser generales, abstractas y obligatorias, sino también claras y precisas, de tal manera que todas las personas entiendan su contenido”, dijo.

Además, también recordó que como parte de su quehacer legislativo, inició una campaña de difusión por toda la ciudad, en la que por medio de volantes y carteles  se informó a los ciudadanos sobre las etapas procesales y actos procedimentales, así como los derechos humanos en este nuevo paradigma de justicia.

Al inaugurar de manera formal este ciclo de conferencias, el subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, José Antonio Mirón Reyes, hizo hincapié en que el nuevo modelo de ejecución penal busca la reinserción social de las personas que han estado en prisión, teniendo como eje rector los derechos humanos de este sector.

Felicitó al diputado, a nombre del Procurador de Justicia Edmundo Garrido, ya que consideró oportuno abordar este tema que es trascendental en la coyuntura local y nacional.

En representación de la magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, el magistrado Jesús Anlen Alemán, también felicitó al diputado Betanzos Cortes, de quien dijo no solamente  está ocupado en legislar, sino también en informar a la ciudadanía y brindarles nuevos canales de comunicación  que permitan el diálogo.

Agregó que este tipo de acciones coadyuvará a tener una ciudadanía más informada y crítica que pueda opinar respecto de la problemática jurídica y legal que acontece en la metrópoli.

Al acto inaugural también asistieron, Guillermo Terán Pulido, subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la PJGCDMX, Rafael Guerra Álvarez de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia y Leonor Gómez, secretaria general de la fundación Colosio, filial Ciudad de México.

Analizan la problemática de la crianza en las prisiones y los derechos humanos

La doctora Patricia Lucila González Rodríguez, exprocuradora de Justicia del Estado de Chihuahua e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que es  oportuno trabajar en una sociedad individualizada pero que piense en los demás, esto con el fin de concientizar y sensibilizar a la población ante sectores vulnerables. Propuso crear un código penal único para todo el país que sancione los delitos realmente graves.

También  urgió a que dentro del Sistema de Justicia se trabaje en un proyecto de vida para los presos, ya que el sistema penitenciario sigue rezagado  y los internos sufren toda clase de violaciones a sus derechos humanos; se necesita una reingeniería de las instituciones, abundó.

“Se debe trazar una línea transversal de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los internos”, finalizó.

A su vez, Lilia Mónica López Benítez, magistrada integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras,  dijo que aunque las mujeres y hombres son iguales ante la ley, esta  igualdad es de carácter formal y no es suficiente, por lo que se debe  aspirar a buscar una igualdad real y sustantiva en los hechos.

Respecto de los niños que viven con sus madres en las prisiones, dijo que las condiciones son poco salubres para los menores, por lo que urgió a atender la problemática de manera específica y las necesidades pertinentes de cada persona.

Entre otras cosas, mencionó que se necesitan instalaciones idóneas como: un lugar limpio, baño propio, servicio médico especializado  y personal capacitado en relación con el bienestar de la infancia, ya que actualmente el personal no tiene la sensibilidad para darle el trato digno a este sector en reclusión.

Finalmente, Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no puede omitir la parte de la ejecución penal, toda vez que el objetivo es hacer valer la impartición de la ley con un debido proceso; aunado a que es oportuno capacitar al ministerio público y profesionalizarlo.

Consideró que los jueces de ejecución deben estar bien informados y consientes de los derechos humanos de las personas recluidas, garantizándoles servicios básicos de calidad, como es alimentación, dormitorios, baños y servicio médico, entre otros.