CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México analiza rechazar las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, por considerarlas inconstitucionales.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, Felipe de Jesús Gutiérrez, comentó que la ALDF pretende invadir facultades del gobierno capitalino, al imponer un Consejo de Planeación de Desarrollo Urbano que tendría que revisar solicitudes de Uso de Suelo.
Al comparecer en la ALDF con motivo del Cuarto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, el funcionario fue contundente al señalar que las facultades en el cambio de uso de suelo son del Poder Ejecutivo, no del Legislativo.
Explicó que la Norma 26 se creó en 1996 sólo para 200 colonias, con un precio de cinco mil pesos por metro cuadrado, pero actualmente el no contar con una ley clara para impulsar la vivienda popular hace que la población de menores ingresos no puedan acceder a una vivienda digna y se ven obligados a emigrar a la periferia o asentarse de manera irregular en suelo de conservación.
“Se calcula que unas 250 mil personas viven en condiciones irregulares, lo que supone enormes costos sociales para ellos, y la pérdida de servicios ambientales para toda la ciudad”, expresó.
Precisó que el problema de la expulsión ocasionó que la Ciudad de México ocupe el segundo lugar en saldo neto migratorio negativo, ya que entre 2010 y 2015 la ciudad perdió 390 mil habitantes, población equivalente a las delegaciones Azcapotzalco o Iztacalco.
Mencionó que al menos 330 mil cambiaron su residencia hacia los municipios remotos del Estado de México e Hidalgo, obligados por los altos precios de la vivienda en la Ciudad de México, aunque la mayoría trabaja o estudia en la capital.
Ello, abundó, se traduce en la realización de seis millones de viajes diariamente, con traslados cada vez más grandes en distancia, tiempo y costo, que genera mayor congestión vehicular y emisiones de gases contaminantes.
Sostuvo que en el mismo periodo la Ciudad de México experimentó un crecimiento poblacional de sólo 0.15 por ciento anual, mientras que su parque habitacional creció 1.49 por ciento.
Finalmente, indicó que esa situación se debe al incremento de la población en etapa productiva, lo que se conoce como bono demográfico, al tiempo que el promedio de ocupantes por vivienda decreció al pasar de 5.6 en 1970 a 3.4 en 2015, es decir, que cada vez se necesitan más viviendas para alojar el mismo número de habitantes.
