Analizan diputados y titulares de órganos autónomos competencias del Poder Judicial en leyes secundarias

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).—  Durante la primera reunión de trabajo del grupo correspondiente a la organización, funcionamiento y competencias del Poder Judicial, que encabeza el diputado Israel Betanzos Cortés (PRI), legisladores y titulares de órganos autónomos de la Ciudad de México plantearon discutir la necesidad de instalar un Tribunal o una Sala Constitucional, así como la incorporación del Consejo Judicial Ciudadano.

Lo anterior, en seguimiento a las mesas de trabajo acordadas por los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa (ALDF) respecto de la discusión de las leyes secundarias una vez aprobada la Constitución para la Ciudad de México, impulsadas por el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México, diputado José Encarnación Alfaro Cázares, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Yasmín Esquivel Mossa, titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aseveró que “no es necesario crear un Tribunal Constitucional especializado para preservar la supremacía local como lo prevé el texto del proyecto de constitución”, bastaría con que los órganos jurisdiccionales locales que existen actualmente en la Ciudad de México cuenten con una sala para resolver los problemas de constitucionalidad.

La funcionaria señaló que “si el tribunal constitucional estuviera dotado de juzgados de distritos locales junto con una instancia revisora, como lo sería una Sala Superior, sería notablemente oneroso para la ciudadanía y para el erario público, porque implicaría generar una instancia adicional y obligatoria para los gobernados, lo que se traduce en una justicia tortuosa y menos expedita”.

Por ello, propuso que el pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como la Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, cuenten con una sala constitucional especializada para que resuelva estos casos.

Esquivel Mossa citó ejemplos de estados que cuentan con un tribunal similar, como el caso de Chihuahua, que el año pasado atendió 40 de 60 mil asuntos de tipo constitucional, o Yucatán, que no atendió ninguno. Al respecto, dijo que el Tribunal Constitucional contaría además de la participación de los tribunales locales (el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo), con dos más en el Tribunal Constitucional y otros dos de tipo federal.

“En total tendríamos seis instancias, creando un proceso lento, tortuoso, largo, más de lo que ya tenemos”, puntualizó.

El consejero Jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, señaló que la justicia es un tema en el que la ciudadanía ha demandado un esquema de participación con equilibrio en la toma de decisiones, sin romper la autonomía.

Granados Covarrubias lamentó que las leyes vigentes aspiren a tener la permanencia de jueces y magistrados por supuestos de edad y que se retiren por enfermedad o alguna circunstancia grave. “Pareciera que hay una perpetuidad en los cargos jurisdiccionales cuando debiera existir una carrera judicial con un esquema de ascenso para quienes aspiran a estos cargos”, agregó.

Respecto de las mesas de trabajo, ofreció su acompañamiento en la armonización de las leyes secundarias y destacó que la ciudadanía debe participar, toda vez que la sensibilidad generaría mejores condiciones que se plasmarían en la Carta Magna de la Ciudad de México.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos Local (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, agradeció la oportunidad de respaldar los trabajos de armonización legislativa en cuanto a la organización y funcionamiento del poder judicial.

Reconoció la labor de los legisladores integrantes de la comisión toda vez que se refuerce la independencia de los órganos jurisdiccionales y la imparcialidad de justicia para lograr la efectiva protección y salvaguarda de los derechos humanos.

Apuntó que estas mesas deberán discutir la iniciativa para la conformación del Tribunal Constitucional, que tendrá como facultades declarar la inconstitucionalidad de las normas así como resolver las controversias en la medida de su competencia.

En este sentido, dijo que es necesario definir las reglas y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en particular la disposición de la mediación, que permitirá acceder a la justicia de manera pronta y expedita.

En su oportunidad, el diputado Encarnación Alfaro enfatizó que la propuesta del Jefe de Gobierno para fortalecer el poder judicial es de avanzada. Al señalar que los resultados de estas mesas son presentados “en todo momento” a la Asamblea Constituyente, toda vez que la ALDF trabaja en paralelo en materia legislativa, coincidió en reflexionar y dar puntuales observaciones con relación al Tribunal Constitucional.

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México señaló que el Tribunal Constitucional podría no ser un aparato oneroso. Indicó que debe considerarse la experiencia en las ocho entidades de la República que cuentan con esta figura “para que no se planteen esquemas que, por novedosos, constituyan elementos que entorpezcan la expedición de la justicia de manera ágil y expedita.”