Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El michoacano Marko Cortés, designado vocero de hecho del llamado Frente Ciudadano por México prácticamente anunció ayer que los partidos PAN. PRD y MC, no renunciarán a sus partidas presupuestales en favor de los damnificados como lo habían anunciado luego de que el PRI se les adelantó y regresó formalmente al INE las suyas.

En una larga y enredada conferencia de prensa, el coordinador de la fracción del PAN y a la vez presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, convertido en representante además ante los medios del llamado  Frente Ciudadano por México, dijo:

“Lo que el PRI-Gobierno quiere es partidos sin recursos para la competencia electoral y un Gobierno que siga gastando y que siga teniendo recursos y manejos discrecionales

“¡Eso no se lo vamos a permitir! Por eso hemos dicho con absoluta claridad: nosotros vamos por una propuesta de fondo donde todos nos ajustemos”.

Por eso ayer él mismo presentó una iniciativa que pretende transferirle al Gobierno de Enrique Peña Nieto el costo casi total de la reconstrucción calculada en 38 mil millones de pesos.

La iniciativa de reforma constitucional presentada por Marko Cortes, reconocido por todos en San Lázaro como el gerente legislativo del presidente del PAN Ricardo Anaya, buscará:

• Eliminar el financiamiento a los partidos políticos junto con recortes sustanciales al gasto del Gobierno Federal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial para, dicen los del Frente, “eliminar privilegios y gastos superfluos del Gobierno Federal”.

Cualquiera que sepa de los procesos legislativos, sabe que este tipo de iniciativas sólo llevan a largos debates y trámites que trascienden varios períodos legislativos. Presentarla ahora, cuando a la 63 Legislatura sólo le faltan dos períodos para concluir sus funciones, es jugarle al empantanamiento de una decisión que requiere ser asumida hoy por la premura de darle respuesta a los reclamos de los miles de damnificados.

De ahí que la actitud asumida por Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, líderes respectivos de PAN, PRD y MC, sea asumida por el PRI y el Gobierno y las demás fuerzas políticas, como una estrategia de Anaya para utilizar a sus socios en su guerra contra Peña Nieto.

Esta Guerra estalló cuando El Universal publicó varios reportajes que evidenciaron sus costosos viajes finsemanales a Atlanta para convivir con su esposa y 2 hijos a quienes tenía viviendo en condiciones extraordinarias de confort y lujo.

Y se agudizó con la publicación por el mismo diario de varios artículos donde se mostró un crecimiento exponencial de la fortuna de su familia política hasta llegar en poco tiempo a los 300 millones de pesos.

Desde entonces Anaya indicó que estos artículos fueron promovidos por el Gobierno de Peña Nieto y abrió una guerra primero contra la nominación del Procurador General de la República, Raúl Cervantes como Fiscal General de la Nación, y ahora la ha extendido para presionar a que haya un recorte de unos 60 mil millones de pesos en el último año de Gobierno de Peña Nieto.

Anaya ha logrado imponer a Marko Cortes como vocero del Frente y a través de él alinear a Alejandra Barrales y al PRD así como a Dante Delgado y al MC, con la estrategia de guerra de Anaya y el PAN contra Peña Nieto.

LA RESPUESTA

Pero como en el barrio de la política hay capacidad de respuesta, del lado del PRI no están mancos y por ello el coordinador de los diputados del PRI, el mexiquense César Camacho presentó ayer otra iniciativa que buscará “evitar que los diputados federales puedan disponer de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación, recursos que puedan ser motivo de corrupción”.

El golpe va directo contra los diputados del PAN ya que acostumbran disponer de 10 millones de pesos cada uno para impulsar obras en los municipios de sus distritos electorales.

La reforma priísta “anti-moches” buscará que los recursos previstos para ser repartidos entre los diputados, vayan directamente a la  reconstrucción nacional. 

La reforma priísta, que sería aprobada por mayoría simple en San Lázaro,  terminaría con una práctica en la que los legisladores utilizan recursos federales en beneficio de fines particulares que son calificados como abiertos actos de corrupción, precisó Camacho.

Y recordó: “nosotros denunciamos, en su momento, los moches de los mochos”.

En fin, que la guerra es a fondo y entre partes muy definidas.

URGE SANCIONAR ILICITOS

Mientras tanto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, la priísta Ana Lilia Herrera urgió ayer a sus compañeros de cámara a dictaminar y aprobar una iniciativa presentada por ella hace 2 años que busca sancionar a particulares, empresarios y autoridades involucrados en la cadena de la construcción irregular en México.

Urge, dijo, dar una respuesta a reclamos surgidos por las consecuencias de los  dos fuertes sismos que en septiembre provocaron la pérdida de cientos de vida y de importante infraestructura, casas y departamentos, caminos y puentes.

“Hoy requerimos más que nunca un entorno mucho más seguro y de respeto por la ley”, precisó.

Reconoció que a pesar de que en México se ha avanzado sustancialmente en la planeación ordenada y sustentable de nuestras urge “ponerle dientes a estas normas para garantizar una planeación ordenada y sustentable de los asentamientos humanos; ya que ahora vemos que esto es un asunto de vida o muerte”.

Subrayó que ante lo ocurrido, los legisladores tienen en sus manos, la enorme responsabilidad de que la ley inhiba malas prácticas en materia de construcción y de regularización de los asentamientos humanos.

Los fuertes sismos de semanas anteriores han evidenciado irregularidades que derivaron en el colapso de edificaciones nuevas por no cumplir evidentemente con las disposiciones que se implementaron después de los sismos de 1985, señaló.

“Tenemos que ir a regulaciones más estrictas. Necesitamos, pues, erradicar la omisión y la corrupción. Incluyendo a toda la cadena, desde los particulares a las constructoras y las autoridades.

“Yo fui alcaldesa en Metepec, y sé que en muchas entidades federativas los planes municipales de desarrollo urbano se cambian a través de un simple acuerdo de cabildo. Sé que a pesar de que el Programa Nacional de Protección Civil indica que la construcción en zonas de riesgo es delito grave, pero no es sancionado en la legislación penal federal convirtiéndolo así en inocuo”, precisó.

Hoy sólo hace falta incluir en el Código Penal Federal los delitos relacionados con la gestión de riesgos, para los cuales pedimos penas de 2 a 10 años de prisión, y desde 300 a 3 mil días de multa a quien realice construcciones sin la autorización debida, e inhabilitar a todos aquellos funcionarios que autoricen construcciones, comentó.

Se trata de transformar en sanciones penales las actuales sanciones administrativas en la materia.

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