Aprueba la ALDF la aplicación de programas de prevención de acoso sexual en el ámbito laboral público y privado
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).— Por mayoría de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) y el Instituto de las Mujeres (INMUJERES), ambas del gobierno capitalino, informen a esa soberanía las acciones de coordinación, investigación y seguimiento para atender todos los casos que se hayan presentado en los centros de laborales públicos y privados.
En su Punto de Acuerdo, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia pidió a su vez a ambas instancias del gobierno capitalino den a conocer los procedimientos de las denuncias hechas a este respecto, ante autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes y se instalen Protocolos para la prevención y atención de casos de abuso y acoso sexual en los centros de trabajo de la iniciativa privada.
Señaló que en los ámbitos laborales, privados y públicos, la falta de investigación y documentación de denuncias de acoso sexual, es una situación que propicia condiciones de desigualdad y discriminación que no se ha erradicado.
Expuso que el tema sobre acoso sexual laboral requiere de sensibilización por parte de las autoridades y de los empleadores, por lo que se pide mayor vigilancia del Estado para garantizar espacios libres de violencia.
Ángeles Valencia dijo que corresponde al INMUJERES garantizar el respeto, la protección, así como dar acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres para eliminar la brecha de desigualdad de género.
Comentó que de igual forma, la STFE debe implementar programas de prevención del acoso laboral en la Administración Pública del Distrito Federal y en la Iniciativa Privada.
Subrayó que las empresas deben brindar las condiciones laborales que eviten el acoso sexual e instaurar procedimientos específicos para la prevención de éste y atender las denuncias formuladas a través de reglamentos internos.
Argumentó que el reconocimiento de las prácticas de violencia y discriminación constituye el primer paso para la construcción de un marco institucional, que favorezca la prevención y la atención para la eliminación de todo acto que menoscabe o limite el ejercicio de sus derechos.
