Aprueba Senado nuevo modelo de combate a la corrupción al interior del Poder Judicial
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre, (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).–El Pleno del Senado de la República aprobó la iniciativa presentada por el senador Luis Humberto Fernández Fuentes para fortalecer el combate a la corrupción al interior del Poder Judicial.
Hemos adecuado los aparatos establecidos en el Poder Judicial de la Federación para eficientar los mecanismos de lucha en contra del flagelo de la corrupción, expresó Fernández Fuentes.
Con la aprobación del dictamen, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación especializa a los órganos del Consejo de la Judicatura Federal en materia de responsabilidades administrativas, para diferenciar la función substanciadora de los procedimientos disciplinarios, de la investigadora.
El dictamen aprobado fortalece a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, a la Visitaduría Judicial y a la Judicatura; separa las funciones de investigación y substanciación de los procedimientos disciplinarios en los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, otorga a la Visitaduría Judicial la competencia para inspeccionar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y supervisar las conductas de los servidores públicos, mediante el fortalecimiento de la facultad de investigación para recabar información y medios de prueba.
Con estas modificaciones, el Poder Judicial tendría mayores y mejores herramientas institucionales para combatir a la corrupción, ya que no está sujeto a los controles de los otros poderes.
También, se modificó el Artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde la práctica de visitas ordinarias, se efectuará en forma física, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el secretario ejecutivo de disciplina, para inspeccionar de manera ordinaria los tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando menos una vez por año.
Se establece que las responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal Electoral del PJF se regirán por los mismos dispositivos que los que rigen al Consejo, conforme a las competencias que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se emitan.
Esta Ley es continuación de los esfuerzos para adecuar al Estado Mexicano en el combate a la corrupción
