CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— La Asamblea Legislativa solicitó a la directora general de Tratamiento para Adolescentes, Elisa Lavore Fanjul, un informe de los hechos violentos que se hayan suscitado en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley durante los últimos 12 meses del año.
La diputada Rebeca Peralta León lamentó que se hayan dado intentos de suicidio, robo al personal de custodia y peleas entre internos, entre otros hechos, que no siempre salen a la luz pública y son reportados por los familiares de los jóvenes, no por las autoridades.
“Es increíble que la Asamblea Legislativa y la sociedad desconozca hechos que pudieron terminar en tragedias, como fue el caso de que dos mujeres trataron de suicidarse en la Comunidad para Mujeres, en noviembre pasado”, señaló.
La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) refirió que según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese centro había tan sólo 10 jóvenes mujeres.
Indicó que se tiene constancia de que la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando es el lugar donde se focaliza mayormente la violencia, en comparación con el resto de los centros.
Los jóvenes que ingresan a esa comunidad, explicó, tienen un perfil de bajo autocontrol y agresividad, medio que utilizan como una herramienta destinada a generar una respuesta efectiva para ejercer poder y dominio sobre otros.
Además algunos de los factores principales que potencializan la violencia son el consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas y baja autoestima, así como un rompimiento en las redes familiares y sociales de apoyo.
En lo que va del 2016, abundó, “se tiene conocimiento de que los días 4 y 10 de mayo, así como el 12 de agosto se presentaron hechos violentos” en la comunidad de San Fernando. En una de las riñas “el joven Marco Antonio Álvaro López, de 16 años de edad, perdió un ojo.
“Esos sucesos se dieron a conocer principalmente por los familiares de los adolescentes y no precisamente por las autoridades encargadas de la vigilancia de las comunidades”, expuso, de ahí la solicitud del informe señalado.
En la Ciudad de México existen seis centros especializados para los adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales solamente uno está destinado para mujeres.
Recordó que en el 2013 se realizó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y los resultados arrojaron que el país registró un total de 10 mil 583 adolescentes en tratamiento por conflictos con la Ley.
