Asambleísta descarta que desafuero contra Monreal Ávila proceda
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Ante la demanda de desafuero constitucional en contra del delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y del deputado local Felipe Félix De la Cruz Ménez, el asambleísta Armando López Velarde Campa consideró que ambas son improcedentes.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó que se están analizando y estudiando con cuidado ambos casos.
Detalló que en el caso de Monreal Ávila la petición fue hecha por un juicio laboral promovido en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por el laudo a favor de un ex trabajador de la Delegación Cuauhtémoc.
Explicó que no procede porque en este caso, el jefe delegacional ya expresó su compromiso de pagar los más de 420 mil pesos que tendría que recibir Ricardo Franco Gómez, quien promovió un juicio por despido injustificado en 2013.
López Velarde declaró que en torno a la demanda de desafuero del diputado De la Cruz Ménez, si bien debe ser una determinación de la mayoría de la comisión que preside, opinó que en primera instancia él está por la defensa del fuero constitucional.
Luego de que el diputado perredista Iván Texta promoviera la demanda de desafuero en contra del diputado de Morena, el presidente de la Comisión Jurisdiccional sostuvo que ningún legislador, sea del ámbito local o del federal, podrá ser sancionado por hacer uso de su libertad de expresión.
Aclaró que el fuero no se instituyó para que el legislador cometa actos que vayan en contra de la ley, sino para protegerlo de cualquier acto de autoridad, cuando ésta se siente agraviada por los dichos del legislador; actuar en sentido contrario, subrayó, abriría una puerta al autoritarismo.
En este caso, dijo, fueron dichos y expresiones manifestadas en la tribuna de la Asamblea Legislativa, de tal manera que De la Cruz Ménez no podría ser sancionado por sus declaraciones.
Manifestó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para solicitar el desafuero, sino que la solicitud fue producto de un punto de acuerdo promovido por el diputado Texta, quien argumenta amenazas e intimidaciones.
Precisó que más allá de su opinión personal, habrá que esperar la decisión de la mayoría, primero de la Comisión Jurisdiccional y después por el pleno de la ALDF.
