CIUDAD DE MÉXICO, 07 de noviembre, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Israel Betanzos Cortes, rechazó los comentarios del coordinador de Morena, César Cravioto Romero, quien lo acusó de actuar con sesgos políticos.
El también coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ALDF dijo que la ausencia de diputados de Morena en la comisión repercuten negativamente en la dictaminación de iniciativas.
Ello, abundó, les impide conocer el análisis y las importantes aportaciones que hacen la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos locales sobre iniciativas como la Ley de Amnistía, que propone ese partido, para definir consensos.
Betanzos Cortes garantizó que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas de los grupos políticos.
Resaltó que en la comisión que preside el interés prioritario es que ninguna reforma a la ley vaya contra los principios y las garantías constitucionales que tienen los individuos.
Por ello, pidió a Cravioto Romero exponer y defender sus argumentos en las comisiones del órgano legislativo.
Descartó asimismo que su iniciativa de reformas al Artículo 362 del Código Penal para aumentar las penas sobre el delito de ataques a la paz pública, sea producto de una visión represora, como lo expuso el coordinador de los diputados de Morena.
Expresó que la reforma tiene el propósito de proteger los bienes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político democrático, la sana convivencia, el respeto y por supuesto el derecho de todos los ciudadanos a vivir en plena libertad, paz y tranquilidad.
Recordó que la reforma contempla sancionar de 10 a 30 años de prisión, suspensión de derechos políticos por veinte años y dos mil días de salario mínimo, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos ilícitos o antisociales.
Se trata, abundó, de actuar judicialmente contra las personas o actividades públicas que perturben la paz, intimiden a la sociedad o menoscaben la autoridad del gobierno de la ciudad.
Reiteró su respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y manifestación, pero advirtió que no se debe permitir que bajo el argumento de participar en una protesta social, se cometan actos vandálicos contra de los bienes de ciudadanos y del patrimonio de la ciudad.
