CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero, (DIVISIÓN DEL NORTE / CÍRCULO DIGITAL).- La asambleísta Rebeca Peralta pidió a las autoridades capitalinas intensificar el combate de la venta ilegal de armas para evitar tragedias, como la que ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León.
«Necesitamos que las autoridades de la ciudad refuercen los operativos en aquellos lugares donde es sabido se comercia con todo tipo de armas, que se decomisen y destruyan todo tipo de armamento», dijo la diputada local.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que sólo de esa manera se cuidará a las familias capitalinas y se evitará que se repitan los hechos mencionados.
Por otro lado, expuso que 64 por ciento de las personas privadas de su libertad en las cárceles de la Ciudad de México por delitos del orden federal, están por portación de armas de fuego y explosivos, pues al momento de su aprehensión carecían de la licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con la subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina, de los tres mil 530 internas e internos por delitos federales, dos mil 266 lo están por ese motivo o por no haber comprobado la propi6edad de las armas de fuego ante las autoridades, detalló.
Comentó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos faculta a la Sedena para expedir, suspender o cancelar las licencias de portación de armas de fuego, así como su registro, control y vigilancia.
Los ciudadanos están obligados a manifestar a la dependencia la posesión de cualquier arma o artefacto explosivo para su inscripción en el Registro Federal de Armas, abundó.
Peralta León subrayó que de las tres mil 530 personas presas por delitos del orden federal, tres mil 293 están sentenciadas, y 237 permanecen a la espera de que se resuelva su proceso.
Un total de 16 individuos cumplen condenas por robo simple; 38 por robo calificado; cuatro por lesiones; 60 por homicidio; 595 por delitos contra la salud; 58 por delitos sexuales, recordó.
En tanto que 159 por privación ilegal de la libertad; dos mil 266 por portación de armas de fuego y explosivos; 84 por delincuencia organizada; siete por extorsión; y 243 por otros delitos.
