Asambleísta propone que instituto electoral local sancione compra de votos
CIUDAD DE MÉXICO, 08 de mayo, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Aleida Alavez propuso que la Ley Electoral de la Ciudad de México debe otorgar al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) facultades de investigación y de sanción a los servidores públicos y actores políticos que compren o condicionen los programas sociales al voto.
Además, la nueva norma debe incluir «candados» que acaben con prácticas perversas, no sólo de servidores públicos, sino de los encargados de aplicar las normas para que no las violenten en favor de algún partido político.
Para lograrlo se debe privilegiar la participación ciudadana como instrumento de contención de malas prácticas, porque sólo con la vigilancia y denuncia de los capitalinos se podrá combatir y erradicar el uso de los programas sociales para comprar el voto.
Alavez Ruiz advirtió que la Ley Electoral que se discutirá en la Asamblea Legislativa debe establecer con claridad sanciones ejemplares contra servidores públicos que, en lugar de vigilar que se respete, la violentan y contaminan los procesos electorales.
Detalló que aunque la ley actual prevé sanciones y procedimientos de denuncia, éstos son insuficientes para detener el derroche de recursos públicos en favor de los candidatos del partido que gobierna, ya sea la Ciudad de México o las delegaciones políticas.
Por lo anterior, se deben otorgar al IEDF facultades de investigación y de sanción para los servidores públicos y actores políticos que compren o condicionen los programas sociales al voto.
Explicó que a raíz de la reforma política, el IEDF sólo tiene facultades para organizar procesos de participación ciudadana, como la elección de Consejos Ciudadanos y los presupuestos participativos.
Para ello, cuenta con un presupuesto superior a mil 200 millones de pesos en 2017, a pesar que este año sólo organizará la consulta para el Presupuesto Participativo.
De acuerdo con la asambleísta, cuestiones de ese tipo deben ser subsanadas en la nueva Ley Electoral, pues la idea es dotar de «dientes» al instituto para que dé seguimiento a todas las denuncias ciudadanas sobre irregularidades que se cometen antes y durante los comicios.
Agregó que se pedirá una revisión puntual de las estructuras del organismo electoral y en su caso, suprimir aquellas que no sean indispensables, sobre todo en años no electorales.
Según Aleida Alavez, la promoción de los servidores públicos debe revisarse a fondo y evitar lagunas que permitan el uso de los recursos públicos con fines electorales y que las áreas de comunicación social sean «cuartos de campaña».
Esa vigilancia se debe dar desde que el servidor público asume el cargo y no esperar hasta que manifieste su intención de postularse a algún cargo, puntualizó.
