CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La Asamblea Legislativa solicitará a la Secretaría de Trabajo y al Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalinos informen sobre las acciones de coordinación, investigación y seguimiento para atender los casos de acoso sexual en los centros laborales públicos y privados.
En un punto de acuerdo que promovió la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, se determinó requerir a ambas instancias del gobierno capitalino dar a conocer los procedimientos de las denuncias hechas a este respecto ante autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes.
En el documento se pide instalar protocolos para la prevención y atención de casos de abuso y acoso sexuales en los centros de trabajo de la iniciativa privada.
La diputada local mencionó que en los ámbitos laborales privados y públicos, la falta de investigación y documentación de denuncias de acoso sexual es una situación que propicia condiciones de desigualdad y discriminación que no se han erradicado.
Expuso que el tema sobre acoso sexual laboral requiere de sensibilización por parte de las autoridades y de los empleadores, por lo que se pide mayor vigilancia del Estado para garantizar espacios libres de violencia.
Ángeles Valencia dijo que corresponde al Inmujeres garantizar el respeto y la protección, así como dar acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres para eliminar la brecha de desigualdad de género.
Comentó que de igual forma, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo debe implementar programas de prevención del acoso laboral en la Administración Pública del Distrito Federal y en la iniciativa privada.
Las empresas, subrayó, deben brindar las condiciones laborales que eviten el acoso sexual, instaurar procedimientos específicos para la prevención de éste y atender las denuncias formuladas a través de reglamentos internos.
La legisladora argumentó que el reconocimiento de las prácticas de violencia y discriminación constituye el primer paso para la construcción de un marco institucional que favorezca la prevención y la atención para la eliminación de todo acto que menoscabe o limite el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con un diagnóstico sobre violencia sexual en México, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en México, de cada 100 agresiones sexuales que se comenten, apenas seis son denunciadas ante las autoridades, y ni siquiera tres llevan a un responsable tras las rejas.
