Aspirante de Alianza va por México a Nuevo León bajo la lupa de UIF
Fernando Larrazábal se encuentra bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues cuenta con una fortuna superior a los mil 200 millones de pesos, que resultan dudosos y desproporcionados.
Ciudad de México, 2 junio 2021 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN.- A escasos día de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, el candidato de la Alianza, Va por México a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal se encuentra bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues cuenta con una fortuna superior a los mil 200 millones de pesos, que resultan dudosos y desproporcionados, lo que motivó las pesquisas de la UIF.
Además de ello, se le señala de haber torcido el brazo a la dirigencia nacional del PAN para hacerse de la candidatura, ello con el apoyo de Zeferino Salgado Almaguer, de los diputados federales Raúl García Guzmán y Víctor Manuel Pérez Díaz, del ex panista Víctor Fuentes, así como Adrián de la Garza, quien es candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad y comparsa de Larrazábal, con quien pretende apoderarse de las decisiones de aquella entidad.
Y es que el posible impacto negativo de la postulación de Larrazábal Bretón fue advertido con anticipación por empresarios de la región, quienes advirtieron del error para el panismo y para todo el estado debido a los antecedentes de corrupción y extorsión que le acompañan.
Según medios locales, aunque en la contienda de la Garza y Larrazábal son contrincantes, «en el terreno de los negocios no hay rivalidad y el albiazul realiza operaciones inmobiliarias con una empresa vinculada a Filiberto de la Garza, hermano del aspirante tricolor”.
El pasado 8 de octubre de 2020; junto con dos empresas, Larrazábal adquirió cuatro porciones de terreno de más de 13 mil metros cuadrados en la zona de La Estanzuela, en el Sur de Monterrey, por 32 millones de pesos.
Pero la corrupción de Larrazábal es tan añeja como nuevo milenio, pues desde 2001 se detectaron operaciones turbias. El 7 de diciembre de aquel año, cuando fue presidente municipal de San Nicolás de los Garza, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), denunció ante la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a Adrián Laffitte Bretón, primo hermano del hoy candidato panista, quien respondía como representante legal de Constructora Labre, de la cual Fernando Larrazábal era socio.
No obstante no pasó nada pues en agosto de 2002 la PGR determino no ejercer acción penal en su contra; se presume que las influencias de Adrián Laffitte llegaban hasta los pinos durante el foxismo y el calderonismo, lo que le permitió eludir la justicia y evitar rendir cuentas sobre las acusaciones.
Otra investigación del Tribunal Contencioso de lo Administrativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, buscaba escudriñar la Cuenta Pública de la gestión municipal de Larrazábal por presuntas irregularidades en facturación por unos 4 millones de pesos, pero un amparo frustró las pesquisas.
Durante el sexenio del guanajuatense, Larrazábal fue nombrado director del propio CAPFCE y fue el encargado de la construcción de la biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, con cuyo cargo pudo maquinar un plan para beneficiar económicamente a quienes participaron en la obra. Se perfilaba ya la intensión de institucionalizar los llamados “moches” dentro del Partido Acción Nacional.
Según lo datos oficiales, la obra se estimó inicialmente en 900 millones de pesos, pero concluyó con un costo superior a los dos mil millones, pero ello no garantizó la calidad en la edificación, pues tras ser inaugurada, el biblioteca tuvo que cerrar sus puertas por casi dos años debido a las fallas detectadas, como filtraciones que derivaron en severos encharcamientos.
Ello no le impidió posteriormente llegar a la alcaldía de Monterrey, para lo que también recibió financiamiento del llamado Rey de los casinos, Juan José Rojas Cardona. De nada sirvieron las inconformidades expresadas por sus correligionarios, ni las acusaciones de poseer cuentas bancarias en el extranjero, incluso con documentos probatorios.
Además, tras el incendio del Casino Royale en 2011, se evidenció que su hermano, Jonás Larrazábal, recibió fajos de billetes posiblemente como pago de extorsión a empresarios.
Pese a ello y a tres carpetas abiertas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Larrazábal Bretón mantiene impunidad y de llegar a la gubernatura tendrá fuero por seis años más.