CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La falta de una planeación adecuada y el incumplimiento de los contratistas para realizar las obras de infraestructura vial en los tiempos establecidos, particularmente en las ciudades de todo el país, provocan graves afectaciones en su entorno como son congestionamientos, concentración de contaminantes, contaminación auditiva e incluso trastornos psicológicos y estrés en los conductores y usuarios del transporte público, aseguró el diputado Carlos Lomelí Bolaños.
“El crecimiento poblacional y la urgente demanda de transporte traen consigo la ejecución de obras de infraestructura vial y medios alternativos de movilidad, que si bien son necesarias e inevitables, generan una serie de inconvenientes que reclaman estrategias de optimización y reducción de tiempos en su realización”, enfatizó.
Ante esa situación, el pasado 27 de abril presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que las dependencias y entidades que efectúen obras públicas implanten, de manera obligatoria, tres turnos de trabajo en la construcción, mantenimiento o remodelación de infraestructura vial, y atiendan las disposiciones establecidas en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.
El legislador federal de Morena refirió que –según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)–, al cierre de 2014 en México existían poco más de 38 millones de vehículos en circulación, con una incorporación promedio de 3 mil 500 unidades nuevas diariamente.
En su propuesta, Lomelí Bolaños incluyó la obligatoriedad de que en la contratación de los proyectos viales se garantice al Estado que las obras en este rubro no serán interrumpidas y se llevarán a cabo sin atrasos, así como en las mejores condiciones de precio, financiamiento, califad y la menor afectación a la ciudadanía.
Asimismo, reconoció que las obras públicas de infraestructura vial contribuyen al desarrollo socioeconómico, ya que se permite una adecuada movilidad de las personas, bienes y servicios, por lo que el papel de las autoridades no sólo es mejorar las vías de circulación, sino también controlar las consecuencias negativas que se generan durante la ejecución de las obras.
