CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).— Bajo la premisa de recuperar la confianza de los ciudadanos a través del combate frontal a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública auditará el sistema Compranet y establecerá el Sistema de Profesionalización de la Administración Pública Federal.
Lo anterior forma parte del Plan de Trabajo Institucional que la secretaria del ramo, Arely Gómez González, entregó al Senado de la República, documento que consta de 54 medidas específicas, agrupadas en tres ejes fundamentales.
El documento señala que para llevar a cabo sus objetivos, la secretaria trabaja para establecer un gobierno moderno (es decir, más eficiente), abierto (que trabaje desde, para y con la sociedad) e íntegro (respetuoso de la legalidad y los derechos humanos).
En el eje del gobierno moderno, es establece que se dará prioridad a las comunicaciones electrónicas y se eliminará regulación excesiva, innecesaria y obsoleta, además de mejorar la coordinación entre las dependencias y mejorar la capacitación.
Destaca el objetivo de reformar el actual Servicio Profesional de Carrera para dar paso al “funcionamiento del Sistema de Profesionalización de la Administración Pública Federal.
En lo que toca al eje de Gobierno Abierto, destaca la auditoría y evaluación al sistema Compranet “de la mano de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar su debido funcionamiento”.
Desde luego, se prevé mayor acercamiento con las organizaciones sociales, incluyendo reuniones periódicas calendarizadas.
Con asesoría técnica del Banco Mundial, se pretende impulsar el Proyecto de Mejora de los Esquemas de Transparencia y Rendición de cuentas, mientras que, en el eje del gobierno íntegro, se impulsará la creación del Protocolo de Integridad para el Servicio Público.
En esta tarea, se contará con la cooperación técnica de la Organización de Estados Americanos.
Entre otros objetivos, se elaborará un diagnóstico sobre procedimientos iniciados por las autoridades para sancionar conflictos de interés que abarcará desde el año 2002 hasta el 2016 y se fortalecerá el mecanismo para que la ciudadanía presente denuncias sobre conductas ilícitas de servidores públicos.
