CIUDAD DE MÉXICO, 24 de diciembre, (DAVID POLANCO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—La caída en los ingresos petroleros derivada tanto de un menor precio del petróleo como de una menor plataforma de producción y exportación se compensó gracias a la reforma fiscal que aportó cerca de 3% del PIB, entre 2013 y 2015.
Lo anterior, de acuerdo con el documento de análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, intitulado “A tres años de la Reforma fiscal… los pendientes”, publicado en el número 28 de la revista “Pluralidad y Consenso”.
En el documento, se establece que los ingresos tributarios se ubicaron en un promedio de 9.1 por ciento del PIB, de 2010 a 2013; mientras que de 2013 a 2015 aumentaron 3.3 por ciento, al pasar de 9.7 a 13.0 puntos porcentuales del PIB. Esto implica un aumento de los ingresos tributarios no petroleros luego de la reforma fiscal.
El artículo indica que entre los temas pendientes de esa reforma quedó elevar la calidad del gasto público, que requiere de “una verdadera reingeniería de la estructura programática y por un nuevo enfoque que revise integralmente cuáles deben ser las funciones del Estado y del gobierno”.
En el análisis se menciona la necesidad de replantear la forma en que el Estado financiará su gasto social “pues el país se encuentra inmerso en una transición poblacional y epidemiológica, lo que hace necesaria una nueva Reforma que fortalezca la generación de ingresos tributarios”.
En el documento se advierte: “La situación económica y fiscal del país exhibe hechos que son incontrovertibles, como una baja recaudación tributaria, una muy desigual distribución del ingreso y elevados niveles de pobreza”, lo que ha llevado a continuas modificaciones en materia fiscal.
Ingresos tributarios bajos
Agregan que los ingresos tributarios en México son bajos –13.7 por ciento del PIB– comparados con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –23.1 por ciento del PIB–; además de que la recaudación de gobiernos estatales y municipales también es baja.
Cita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó la necesidad de elevar la equidad tributaria en los dos principales impuestos del sistema fiscal, esto es, el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En otro prisma, el análisis del IBD plantea dos hipótesis acerca de por qué la reforma fiscal de 2013 no fue mayor: La primera es que pudo haberse privilegiado la reforma energética y por las complicaciones que implicaba llevar a cabo dos reformas de amplia envergadura.
Sobre este punto, el texto explica que paulatinamente se han presentado cambios posteriores a la Reforma que refuerzan el sistema fiscal del país, tales como: el control del endeudamiento de las entidades subnacionales, la homologación contable, la modificación del cálculo del impuesto a los combustibles, y una reingeniería del gasto.
Pone énfasis en la estructura programática del gasto público actual viene de la década de los 70, por lo que “es necesario abandonar la idea de quién gasta para preguntarnos para qué se gasta y cuáles deben ser las funciones del gobierno y del Estado”.
El documento refiere que en junio de 2015 el Ejecutivo federal planteó una nueva estructura programática presupuestaria, a fin de eliminar duplicidades y mejorar la asignación del gasto público: se eliminaron 251 programas, 164 por fusión, 87 por eliminación directa y se crearon seis nuevos programas. Esto implicó reducir 22.4 por ciento en el número de programas.
Pese a ello, abunda en la necesidad de medidas como: la reestructuración de los ingresos, el aumento del gasto en inversión pública, el incremento en inversión en infraestructura y seguridad social, y el aumento en la recaudación de los gobiernos subnacionales.
Con todo, el artículo considera: “Sería necesaria una nueva Reforma fiscal que nos permita transitar a un sistema fiscal basado en el ciudadano, donde se deje de lado el que los recursos públicos son del gobierno, que además sea transparente, competitiva y se convierta en el eje articulador de un pacto social nacional”.
Para terminar, el documento advierte que debe tomarse en cuenta que las continuas modificaciones a la normatividad en materia fiscal contribuyen a generar incertidumbre entre los contribuyentes, pues cada año se incluyen nuevas y distintas disposiciones en materia tributaria. Ante ello, concluye que la percepción de los contribuyentes acerca del sistema tributario puede propiciar una baja disposición a pagar impuestos; por lo que además de hacer más eficiente la recaudación, el gobierno debe elevar su reputación y credibilidad fiscal.
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Consulta AQUÍ el NÚMERO 28 de la REVISTA PLURALIDAD y CONSENSO.
