Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Ricardo Monreal presentará el miércoles a la Comisión Permanente una iniciativa para penalizar como delito grave el uso electoral de programas sociales.
El líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, consideró que con esta iniciativa se complementaría el combate a la corrupción a través de la armonización de las leyes reglamentarias a la reforma al artículo 19 de la Constitución.
“Para establecer eficazmente como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales se requiere de una revisión y adecuación tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde hoy todavía no se hace referencia al uso de los programas sociales.
“La intención es responder al gran paso que se dio hacia un verdadero acceso a la justicia cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución, al incorporar un catálogo de delitos, cuya comisión amerita la prisión preventiva oficiosa: el feminicidio, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la violencia sexual contra menores y el robo al transporte de carga.
“Por eso, en apego al principio de legalidad y para lograr una armonización con el precepto constitucional, el artículo a añadir a la Ley General en Materia de Delitos Electorales debe especificar como delito el uso de programas sociales con fines electorales, puesto que las hipótesis que se contemplan en dicha norma prevén sólo el condicionamiento o amenaza de suspensión, más no refieren al uso de éstos”, indicó.
Por ello su propuesta será la de añadir a dicha ley, dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa:
- Sancionar con prisión de tres a ocho años y de 300 a 600 días de multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
- Además, se propone establecer una pena de cuatro a nueve años de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.
- Y también se propone modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de actualizarlo e incluir las conductas delictivas que se añadieron al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta propuesta de reforma a la reforma constitucional del 19 constitucional, se avanza desde el Senado con la nueva Reforma Electoral que se promueva en San Lázaro con foros y la participación de expertos y actores políticos.
Hace una semana Martí Batres, presidente del Senado, dijo que presentaría una iniciativa para recortar el 50% de las participaciones federales a los partidos políticos.
Este anuncio fue asumido por los partidos de oposición como una amenaza desde el seno de Morena tendiente a debilitar a las fuerzas de oposición vía la disminución del financiamiento público.
AMLO SE QUEJA DE OPOSITORES
Mientras se daban a conocer una serie de fotos y videos a través de las redes sociales que muestran la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco ya bajo las aguas debido a que la Comisión Nacional del Agua desconecto los sistemas de bombeo que pudieron haberlo evitado, esto a pesar de que existen amparos judiciales que obligaban a Conagua y al Gobierno de AMLO a no inundar esas obras, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la oposición por interponer amparos en contra de sus proyectos de San Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.
López Obrador aprovechó su gira de trabajo de fin de semana a Chiapas donde tuvo encuentros en plazas con grupos de ciudadanos, para quejarse de que sus opositores han provocado retrasos en sus proyectos vía la judicialización de estas obras.
Hoy, dijo, proyectos como el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya o la Refinería en Dos Bocas, no han podido arrancar como él había prometido bajo el principio del “me canso ganso”, por no cumplir con los requisitos legales o los estudios ambientales.
“Ahora (por) todo (se protesta)… que (si) voy a hacer el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía: llueven los amparos; que (si) se va a hacer el Tren Maya: llueven los amparos; que (si) se va a hacer la refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero: llueven los amparos”, rumió durante su intervención en un acto en el Hospital Rural de Ocosingo, Chiapas.
“Antes no protestaban cuando se robaban el dinero del pueblo… ahora ya protestan en contra de nosotros. ¡Si nosotros somos el pueblo, si nosotros surgimos del pueblo, si nosotros no somos rateros! ¡Que vayan a protestar y que vayan a reclamarle a los que se dedicaban a saquear, no a nosotros!”, dijo elevando la voz.
Por supuesto que no dijo que antes, quien reclamaba todo y cuestionaba obras y actos de gobierno, era él, como opositor mayor al sistema y que por eso ganó.
Ahí, también se dolió de que se diera una dura oposición contra sus proyectos para el mejoramiento de la carretera de Palenque a San Cristóbal, una obra de la cual será beneficiario como vecino del lugar ya que por ahí está su Hacienda “La Chingada”.
AMLO recordó que había prometido a su ahijado el gobernador Rutilio Escandón, darle recursos si tramitaba y obtenía los derechos de vía, “pero ya han tardado mucho”, se quejó.
Por ello López Obrador propuso ampliar las carreteras que ya existen y así poder echar a andar miradores con venta de artesanías a fin de ayudar a las poblaciones indígenas de la zona.
“Vamos a buscar la manera de modernizarla ya para no estar pensando en el nuevo trazo, mejor vamos a ampliar la que ya se tiene, modernizarla y así resolver para hacer menos tiempo”, indicó.
SÍ CÓMO NO
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los legisladores del PT una solución al desastre causado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sector Salud luego de aplicar recortes draconianos presupuestales, hacer corredero de médicos y enfermeras y cancelar licitaciones de medicinas provocando no sólo una caída sin precedentes en la atención de servicios de salud sino unos escasez de medicamentos como no se había visto, es revisar las patentes de medicamentos, ajustarlas a las necesidades del Gobierno y que la Federación le haga la competencia al Dr Simi en la fabricación de genéricos.
Así lo planteó al arrancar el encuentro “Acceso universal de medicamentos de alta calidad y bajo costo en México”.
Es necesario liberar las patentes que ya concluyeron sus derechos para garantizar a la población el acceso a medicamentos esenciales, insistió.
Por ello invitó a los demás diputados a que en San Lázaro se revise el otorgamiento a los laboratorios, que están a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de patentes.
Consideró que como la producción de medicamentos está en declive, es necesaria la participación de investigadores e institutos nacionales de salud,para desarrollar productos en México con precios accesibles y dejar de transferir recursos económicos por su compra en el extranjero.
No pos sí, dirían sonrientes los ejecutivos de los laboratorios internacionales, mientras se deshacen en aplausos a la idea de don Reginaldo.
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