Compromiso del Congreso, corregir Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Escudero

· Funcionarios y sociedad civil participarán en las seis mesas de debate del foro “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio”

· Con las conclusiones se puede construir una iniciativa para mejorar el modelo.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).–El Nuevo Sistema Penal Acusatorio no necesita ser sustituido por otro modelo, sino sólo corregir ciertos aspectos y capacitar a los servidores públicos involucrados, señalaron los senadores durante la inauguración de las mesas de debate “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio”.

El Senado de la República además de revisar puntualmente el Sistema Penal Acusatorio, también debe concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, definir las tareas del Ejército en seguridad y de orden civil, revisar la seguridad interior y el mando mixto, y acompañar la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, dijo Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Refirió que estos foros nutren la discusión que habrá en el Senado en torno al Sistema Nacional Acusatorio; y “aportará instrumentos que servirán para el análisis que realizarán las dos Cámaras del Congreso de la Unión”.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, dijo que ante las diferentes visiones y declaraciones sobre el tema, es un compromiso del Congreso de la Unión estar pendiente de la revisión técnico-jurídica del nuevo sistema de justicia penal.

“Algunos estamos convencidos de que no habría que modificar nada de la Constitución”, de que la problemática que estamos viviendo no está relacionada estrictamente al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, “pero también estamos conscientes de que hay que hacer algunos pequeños ajustes”, expresó.

Estimó que al concluir las mesas de análisis se puede construir una iniciativa con la colaboración de los operadores del Sistema, gobernadores y actores involucrados para mejorar el modelo.

Se trata, dijo, de que el Congreso “tenga una reacción rápida” y si existen temas en los que pudiera haber un acuerdo de todos los grupos parlamentarios sobre lo que se tiene que corregir, presentar un producto legislativo que tenga claro “qué es lo que va a resolver y qué no va a resolver”.

Y, sobre todo, con el compromiso de todos los operadores de justicia, “que tienen que entrarle, que tienen que capacitarse y que tenemos que ir para adelante con un modelo que ya no va a cambiar”, acotó.

Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, comentó que es el momento adecuado para fijar el rumbo, ante las críticas sobre el Sistema Penal Acusatorio; en las mesas se definirá lo que se podría cambiar en el Sistema y en la operación.

Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que mediante el debate de quienes aplican el Sistema, se debe buscar un modelo de justicia que cumpla con un contenido fundamental del Estado moderno.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que uno de los pendientes es la reingeniería institucional, en las transiciones de un esquema de Procuraduría a uno de Fiscalía.

Señaló que no se puede permitir que haya retrocesos en este Sistema estructural; “en todo caso, hay que entender dónde están las fallas; mover la Constitución, significaría una contrareforma”.

La diputada Sharon Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, destacó que las mesas de debate serán un importante indicador en los avances y retos para consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Comentó que se necesita simplificar el informe policial homologado, identificar qué retrasa la puesta a disposición de los detenidos ante ministerio público, fortalecer las facultades de investigación de la policía de los tres órdenes de gobierno, impulsar el servicio nacional de carrera de las funciones policial, ministerial y judicial, y capacitar a los policías.

Las mesas de debate se realizarán hoy y mañana en el Senado de la República, con la participación de funcionarios de los tres Poderes de la Unión, académicos y juristas.