CIUDAD DE MÉXICO, 12 de mayo, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— El diputado Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva, condenó de manera enérgica el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, el pasado miércoles en su casa de San Fernando, Tamaulipas, y dijo que hubo negligencia de autoridades locales y federales.
“Este asesinato es producto de la omisión o negligencia del Estado mexicano, ya que nunca estableció las medidas para salvaguardar la vida de la víctima, pese a que ésta había solicitado protección, luego de que advirtiera que había sido amenazada de muerte”, indicó en un comunicado.
Recordó que Rodríguez Martínez emprendió en el año 2012 una investigación por su cuenta luego que un grupo criminal secuestró a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez; dos años después halló su cuerpo en una fosa clandestina y entregó información para la captura de los responsables.
En el asesinato de la activista “hubo negligencia de las autoridades locales y federales porque la víctima solicitó la protección después de enterarse de que uno de los delincuentes que ella había mandado a encarcelar por el secuestro y asesinato de su hija, se había escapado de una de las cárceles del estado de Tamaulipas”, apuntó.
El diputado perredista aseveró que la petición de la integrante del Colectivo en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando “nunca fue atendida con la seriedad que ameritaba el caso”.
“El gobierno de Tamaulipas sólo atinó a protegerla con un rondín por su casa tres veces al día, que como se vio, resultó totalmente insuficiente para proteger la vida de la activista”, agregó Ojeda Anguiano.
También comentó que esta situación entraña una enorme negligencia y desatención del Estado mexicano, porque los familiares de personas desaparecidas, “sin ninguna protección ni protocolo que los proteja”, realizan investigaciones por su cuenta, enfrentándose a toda una red criminal.
Por ello, expuso, es necesario realizar un periodo extraordinario de sesiones, para que la Cámara de Diputados revise y en su caso apruebe la minuta del Senado sobre la Ley General de Desaprisiones Forzadas.
Esta legislación tiene la finalidad de establecer los protocolos que garanticen la investigación oportuna y eficiente de las desapariciones de las víctimas y proteja la vida de sus familiares, aseveró Ojeda Anguiano.
