CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre, (CDMX MAGACÍN / CÍRCULO DIGITAL).- La senadora priista Lisbeth Hernández Lecona exhortó a los congresos locales a crear sus respectivas Comisiones de Familia, para tener desde el ámbito legislativo un foro de análisis y reflexión en los temas que se debaten en el país.
En entrevista, la también presidenta de la Comisión de La Familia en el Senado de la República, pidió a los mexicanos “hablar sin miedo, a hablar con la verdad, incluso de principios espirituales, porque somos un país con un Estado laico en el que tenemos que ser respetados por la religión y por hacer el bien a los demás”.
Al referirse a su participación en el foro La Familia, Base de la Ecología Humana, realizado la víspera en Morelia, Michoacán, expuso que en ese tema, los aliados son cada vez más porque es tiempo de hacer conciencia y reflexión en el ámbito de competencia legislativa, ejecutiva, judicial y de la sociedad civil.
Por lo anterior, insistió, los congresos locales deben crear su propia comisión, para velar por todos los derechos que les corresponde, al tiempo que pugnó por el fortalecimiento del núcleo familiar, base de la sociedad mexicana y sobre todo para que los niños y los jóvenes crezcan en un entorno de paz y de desarrollo.
Resaltó la trascendencia de la iniciativa ciudadana presentada en la Cámara alta apoyada con 200 mil firmas y que es analizada en comisiones.
Este proyecto plantea una reforma constitucional para el fortalecimiento de la familia en México y solicita a los legisladores que “se reconozca al matrimonio como una institución de interés público y fundamento natural de la familia”.
Dijo que desde que se conformó la instancia legislativa que preside, en 2014, se han impulsado reformas, puntos de acuerdos y recursos en favor del fortalecimiento de los derechos de la familia y 14 estados ya cuentan con comisiones similares.
Otros objetivos de la comisión son legislar con perspectiva familiar y comunitaria, realizar acciones parlamentarias encaminadas a defender, difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia, e impulsar políticas públicas que incidan en la cultura de convivencia y respeto, así como de sus integrantes.
