Correcciones a “ley 3de3” son aprobadas por diputados en comisiones
CIUDAD DE MÉXICO, 06 de julio, (POLITIQUERIAS / CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó por 18 votos a favor y 6 en contra el dictamen de la minuta del Senado de la República que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En reunión de trabajo el presidente de esta instancia legislativa Rogerio Castro Vázquez presentó una propuesta, con el fin de modificar la que envió la colegisladora, sin embargo fue rechazada por la mayoría.
Los integrantes de esta instancia legislativa avalaron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la “ley 3de3”.
Los legisladores aprobaron las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, pues consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar su declaración patrimonial y de intereses resulta innecesaria.
Por ello la mayoría de la Comisión acordó modificar el Artículo 32, con el fin de eliminar del texto de ese ordenamiento la obligación –de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos– de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
Fijaron la posición de sus grupos parlamentarios, los diputados Guadalupe Hernández Correa, de Morena; Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Rafael Hernández Soriano, del PRD; Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del PVEM y Emma Margarita Alemán Olvera, del PAN.
El documento que se discutirá hoy mismo, en el marco de un segundo periodo extraordinario de sesiones, forma parte de la reformas legales del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobadas por el Congreso de la Unión en el primer extraordinario, que concluyó el pasado 17 de junio.
Las fracciones observadas regulan la obligación de los particulares (personas físicas y morales) que reciben recursos públicos, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses; con las modificaciones aprobadas quedan exentos de elaborarlas.
La propuesta que se rechazó en la comisión planteaba modificar los artículos 3, 4, 30, 33, 46, 73 y tercero transitorio.
Estos cambios tenían el fin de incorporar los informes de conflicto de interés y situación patrimonial de los particulares como instrumentos para dar seguimiento a su patrimonio; facultar a los órganos internos de control de las dependencias para verificarlos; y obligar a los candidatos a cargos de elección popular a presentar sus respectivos testimonios.
El documento forma parte del decreto por el que se expiden las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
