Tras Bambalinas
*Por Jorge Octavio Ochoa
“Pobres de algunos, tan lejos de dios y tan cerca de la soberbia. Se envuelven en sus propias palabras y creen que dicen la verdad”
México está viviendo una nueva crisis de seguridad nacional quizá más grave que la vivida en la década de los 60-70, cuando Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas incendiaron las montañas de guerrero y encabezaron un movimiento que después fue reprimido por el Ejército.
Hay extraños paralelismos en el ayer y el hoy, por el espectro de Ayotzinapa, que se levanta como un gran manto obscuro, no sólo porque recuerda a los 43 desaparecidos, sino porque recorre los mismos caminos del maestro aquel que también estuvo en la escuela rural “Isidro Burgos”, convertida en escuela de cuadros; “insurgentes” dicen unos, “subversivos” opinan otros.
En medio de ese panorama: el miedo a la militarización del país. Eso es lo que detiene la Ley de Seguridad Interior y la creación de Mandos Mixtos Policiacos. Lo único que justifica la tardanza del Congreso es este resquemor a revivir aquellas horas. Pero mientras tanto, el país se hunde más y más en un baño de sangre que NOS empieza a salpicar a todos, a los periodistas sobre todo.
Sin embargo, cabe decir que, a diferencia de antaño, el “ahora” dista mucho de recrear un movimiento reivindicatorio de nada. Hoy no se lucha por los pobres, ni por los maestros. Las condiciones son parecidas, pero hoy simplemente se percibe una lucha de corruptos y criminales que han vendido su alma al diablo por dinero y por poder.
Vemos a un magisterio movilizado por apetitos, que no son de clase ni de gremio, sino de posiciones y recuperación de cuotas y territorios. Las asonadas criminales que se han registrado en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa distan mucho de reivindicar una protesta social. Es el crimen organizado disputándose posiciones y colocando a México en el mundo como un Estado fallido.
Tierra Caliente es nuevamente el escenario, como hace ya casi 50 años. Un territorio de excepción, porque ahí pasa todo y no pasa nada. Aparecen y desaparecen cuerpos, la gente vive aterrorizada sin que en las ciudades nos interese mucho su futuro. En sus luchas intestinas se pueden desollar vivos sin que a la Federación le importe un comino y los políticos se aprovechen de eso sólo para elaborar discursos.
En esa zona, hace una semana, hubo un enfrentamiento que duró más de 12 horas, quemaron vivos a dos sujetos y en la capital de la República no se dijo nada. Claro, bajo el pretexto de que se trataba de criminales, pero luego el crimen organizado tomó el control e impidió el paso a 7 reporteros, bajo la amenaza de quemarlos vivos si insistían en regresar. Luego vino el silencio.
Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García pueden contarlo. En el crucero a Acapetlahuaya fueron detenidos por un centenar de hombres fuertemente armados, quienes con total impunidad los despojaron de una camioneta, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, computadoras, dinero en efectivo e identificaciones.
La gavilla de delincuentes les advirtió que si denunciaban los hechos serían asesinados, “tenemos un halcón va a vigilar sus movimientos”. Hoy no se sabe si este grupo de reporteros cuenta con algún tipo de protección especial, si sus vidas han cambiado, si hoy pueden dormir tranquilos porque su entorno se ha modificado.
El hecho es que hay un atentado contra la libertad de expresión y se exigen respuestas a sólo uno de los actores políticos cuando este drama involucra a muchos. ¿Dónde están los regidores para denunciar los hechos? Pero eso sí, desde el centro del país algunos pontifican, sin siquiera saber dónde se encuentra el lugar del que están hablando, viendo sólo la parte de la historia que les conviene.
En Guerrero existe, en vastas zonas, un estado de excepción. No hay ley ni derecho que valga. El año pasado asesinaron en Taxco al periodista, Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año el compañero, Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano. En ambos casos, las autoridades se comprometieron a resolver los crímenes y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido. De ellos no se acordó nadie. Nos hacemos partícipes de la exigencia.
En Puebla, “El Palmarito” se convirtió de pronto en el eje del cuestionamiento a la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades policiacas pese a que, en los hechos, el robo de combustible en México se ha convertido en un verdadero asunto de seguridad nacional.
Una población entera “amafiada” con el crimen organizado. Los disparos vienen de todas partes. Un soldado cae, asesinado por la espalda, con una bala que entra por su nuca. Pero algunos legisladores sólo quieren ver la parte de la Ejecución del criminal, porque así conviene a sus intereses políticos.
Los Barbosas de la política medran con el odio y el escándalo, no porque les preocupe la situación de la gente, sino porque así alimentan su futuro político sin saber dónde están parados. Hablan de poblaciones sin saber el nombre, aspiran a gubernaturas, sin siquiera saber la verdadera situación del estado al que quieren gobernar.
Puebla lleva años inmersa en este oscuro negocio de la ordeña. Oscuro, no porque se encuentre escondido en recónditas regiones, sino porque lo mueven los hilos de la corrupción oficial. Tan es así que, luego de aquel enfrentamiento en El Palmarito, autoridades federales realizaron un importante decomiso a tan sólo 42 kilómetros de la capital estatal, en el municipio de Zacatepec.
Decomisaron camionetas, autos de lujo y dinero en efectivo que ahí tenía “El Toñín”, jefe de la banda que opera en El Palmarito, allegado al disque campesino que fue ejecutado por un militar. Es el sujeto que compra voluntades entre la población y manipula para que hombres, mujeres y niños de El Palmarito, Tochapan, protesten por la presencia del Ejército.
Bajo el pretexto de “abusos” cometidos por los militares, buscan perpetuar su negocio criminal. Sí, es altamente probable que ahí se cometió una ejecución extrajudicial, pero eso elimina el hecho de que ahí se ha levantado toda una administración criminal que negocia con funcionarios y trabajadores de Pemex los calendarios propicios para realizar la ordeña de ductos de gasolina.
Se trata de la llamada “franja del Huachicol” o el “Triángulo Rojo”, la zona con mayor incidencia de robo de hidrocarburos. Son los que ahora exigen “derechos”, con protestas masivas en la capital del estado, como si ser ladrón y asesino se tratara de un derecho “natural”. Pero de eso no hablarán los Barbosas de la política, porque eso no conviene a sus intereses futuristas.
La situación en México amerita, en muchos casos, estados de excepción. No se puede combatir al crimen organizado cuando éste se escuda entre civiles, niños y mujeres, camuflado como parte de la sociedad, convirtiendo actos criminales en protestas y manifestaciones civiles. Seguir por este camino nos llevará a ser un Estado fallido.
Estamos convencidos de que los operativos deben ir acompañado por la presencia de autoridades civiles que atestigüen y documenten los hechos. Pero lo que no se justifica es dejar de actuar. Estamos al borde de la anarquía y la pérdida de control político, precisamente por la demagogia y el mesianismo que impera en la política mexicana.
Pobre país cuando, en la perspectiva de sus estados, gane quien gane, un corrupto llegará al poder.
