Línea Fifí

Por Martín de J. Takagui

Por más de 20 años el árbitro electoral de México fue una institución envidiada por muchas democracias, representantes electorales de diversos países vinieron a conocer la forma en que se desempeñó, con una combinación de ciudadanos que llevaron la voz cantante y representantes de todos los partidos en la contienda y con la representación del Congreso de la Unión.

Así vivió el entonces Instituto Federal Electoral que durante la pasada administración cambió, por demanda de los propios partidos políticos, para convertirse en lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral.

En este último proceso y en las leyes que le dieron vida, participaron legisladores y representantes de todos los partidos políticos existentes, incluidos algunos de los que hoy forman parte de Morena.

La idea era que se dieran más oportunidades a los partidos minoritarios, que el piso fuera más parejo para hacer de los procesos electorales un proceso más igualitario, más democrático y más transparente, lo que hizo regular más la sobre regulación que ya existía, para satisfacer las inquietudes y perpicacias de quienes se sentían engañados o defraudados por la autoridad electoral.

Uno de los temas que más se vigilaron en todos los procesos regulatorios en materia electoral fue el origen y el destino, los montos y el uso de los recursos que se usan en las precampañas, campañas y en el mismo proceso electoral para “comprar los votos” de los que fueron considerados ingenuos electores.

Con esta regulación, se vivió en México el proceso electoral federal con el que se renovó la Presidencia de la República, el Senado de la República y los 500 Diputados Federales, leyes que se aplicaron y con las que Morena obtuvo un triunfo sin precedente, inobjetable y contundente, que llevó al Ejecutivo a contar con una gran mayoría en el Congreso de la Unión, como no ocurría desde 1994.

Hoy, tanto el partido mayoritario, como el presidente de la República y medio centenar de candidatos a gobernadores, a diputados demás fueron descalificados por incumplir esas mismas leyes que fueron debidamente aprobadas por el Congreso y en especial los candidatos de Morena se inconformaron.

Con muchos trabajos por los cuestionamientos y acusaciones de violación sexual que se le imputaban al candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, se impusieron las artimañas y se le designó y ratificó como candidato, pero al aplicarse la ley, ¡oh sorpresa! Salgado Macedonio fue descalificado por no haber reportado los gastos de precampaña, aún cuando éstos hubieran sido cero.

Ya desde el púlpito de Palacio Nacional se había iniciado una confrontación del Ejecutivo y de Morena en contra de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral y contra la institución, en su conjunto.

Solamente hacía falta una chispa que encendiera la mecha y ese acuerdo del INE vino a detonar una andanada de acusaciones, reproches y descalificaciones que tienen hoy cercado al árbitro electoral con militantes y dirigentes de Morena que apoyan a Salgado.

A estas alturas, descalificar y agobiar de esa manera al árbitro electoral, no es una buena señal, los comicios serán en menos de dos meses y lleva un mes la campaña para gobernador de Guerrero.

Este viernes, hoy 9 de abril, se espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso que presentó Morena y su candidato a la gubernatura de Guerrero, pero sea como sea el sentido de la resolución, ya sea que se le ratifique como candidato o se confirme la decisión del INE de retirarle la candidatura, se habrá dañado la consistencia, la imagen y la institucionalidad del árbitro electoral.

Las cosas están llegando a situaciones inéditas, en donde pueden radicalizarse cada vez más las posiciones en conflicto, lo que podría llevar a un conflicto electoral y postelectoral sin precedente.

El tribunal en cuestión, que es la máxima y última instancia electoral ha sido intervenida por el Poder Ejecutivo, puede tomar una decisión definitiva, pero también puede pedir al Instituto Nacional Electoral que revise su dictamen, pero de ser así los tiempos electorales no se detienen y puede caerse en una situación de rompimiento constitucional.

Estamos en el umbral de un conflicto que puede traer consecuencias graves para el INE y desatar una batalla cuyo desenlace es de pronóstico reservado. Vamos a ver qué pasa hoy.

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