Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

· ¿Las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles?

· El impacto de la LSI sobre el Código de Justicia Militar

Fue a Calderón a quien se le ocurrió la dia-bólica idea de jugar a la guerra so pretexto de matar comerciantes de drogas ilícitas. Y lo secundó Enrique Peña, dos ya no tan chamacos malcriados y tenebrosos que propiciaron el asesinato, la ejecución de cientos de miles de personas, como si México hubiera sido, o más bien fuera por unos días más, escenario de una guerra intestina por el poder político o por el cambio de modelo político económico.

Lo grotesco es que ellos, ambos gobernantes de la misma calaña, ejecutantes de derecha, como Bolsanaro, o como Pinochet, no fueron quienes encabezaron las acciones bélicas de las fuerzas armadas y de la policía federal, ni aspiraron el olor a pólvora ni el hedor de los muertos, que se pudrieron en fosas clandestinas. en tambos de ácido, o en crematorios a la intemperie. Propiciaron también la desaparición de miles de personas que ni la debían ni la temían, y que sólo han venido apareciendo en los cementerios clandestinos de los que está sembrado el campo mexicano. Acabaron con la historia porque cada muerte fue el fin de una historia, generalmente en el más completo anonimato.

Los estadounidenses contribuyeron en muy buena medida, o ellos fueron los autores intelectuales de la guerra declarada por Calderón. Ellos pusieron, y siguen poniendo, las armas de muy alto poder y este conglomerado humano llamado México puso y sigue poniendo los muertos. Y los soldados y marinos mexicanos aún siguen haciendo de las suyas en el campo de batalla. Muchos chicos pobres, miserables, hambrientos se unieron, y siguen uniéndose, a los ejércitos de la delincuencia por hambre con la conciencia de que iban a ganar una fortuna con el seguro riesgo de que en cualquier momento caerían muertos por una bala inclusive de sus propios jefes o de un rifle asesino de las huestes gubernamentales.

El hecho es que Calderón y Peña lo único que lograron fue alborotar el avispero. Se dedicaron a perseguir comandantes o capos, pero no cayeron en la cuenta de que los ejércitos del narco son como la hidra. Y ahí están vivitos y matándose entre sí, o secuestrando inocentes, o asesinando a hombres, mujeres, niños, ancianos. Y lo mismo hacen muchos soldados y marinos con permiso para matar. Juegan al tiro al blanco.

Y tienen el apoyo legal para continuar con la guerra, gracias a la aterradora ley de seguridad interior (LSI), que les da todo el poder omnímodo para hacer y deshacer en las calles, caminos, llanos y montañas de esta demasiado sufrida Rusticatio Mexicana. El pretexto: continuar la guerra contra las bancas de narcotraficantes, rebasadas ahora por lo que se da en llamar delincuencia organizada, en la que están involucrados muchos personajes de la clase política, que prefieren tener como objetivo a periodistas incómodos.

The Washington Office on Latin America (WOLA), organización líder en investigación e incidencia, el colectivo #SeguridadSinGuerra y la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentaron. Por estos días, dos Amicus Curiae ante la próxima discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para iniciar el 12 de noviembre.

En el derecho internacional de los derechos humanos, el Amicus Curiae ha obtenido un lugar destacado, y es aceptado, entre otros organismos, por la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.)

El amicus presentado por WOLA resalta tres aspectos preocupantes de la LSI: que el concepto de seguridad interior amplía, de facto, el poder de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles; la falta de mecanismos civiles para supervisar a los militares cuando implementen la Ley de Seguridad Interior y el peligro de permitir el mando militar en operativos de seguridad interior, sometiendo a las instituciones civiles a la autoridad militar; y el impacto negativo que la Ley de Seguridad Interior tendrá en las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar que buscan proteger a las víctimas de abusos militares y permiten la investigación civil de esos casos.

Por su parte, en el amicus presentado por la Fundación y el colectivo se presentan, sistematizados, estándares de derecho internacional de los derechos humanos relacionados con el concepto de seguridad, con algunos de los temas abordados expresamente en la Ley sobre funciones de las Fuerzas Armadas y con temas que se desprenden del uso de la fuerza que la Ley autoriza.

Hace dos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las ministras y ministros de la Suprema Corte a declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley, ya que el Congreso de la Unión no tenía facultades constitucionales para expedirla “al estimarse que la Seguridad Interior no es una vertiente de la Seguridad Nacional”, señaló el organismo autónomo en un comunicado.

El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre la Ley de Seguridad Interior sólo invalida totalmente siete de sus 34 artículos, de acuerdo con un comunicado de la propia Corte.

El colectivo #SeguridadSinGuerra consideró, al conocerse la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que es insuficiente pues mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles sin mecanismos efectivos de control y deja intacto el corazón de la militarización. La coordinación de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas lamentó que las y los ministros no hayan aceptado realizar audiencias públicas antes de revisar la inconstitucionalidad de la norma y que, en su lugar, se elaborase un proyecto que invisibiliza a las víctimas y la situación de violencia. (Con información de SIDIDH) [email protected]