Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Al anunciar que esta semana se pedirá ante la Permanente acelerar una iniciativa para elevar de 2 a 9 años el castigo a defraudadores fiscales que se encuentra en proceso en comisiones, Ricardo Monreal indicó que esta reforma es urgente porque por este delito se pierden 510 mil millones de pesos al año.
Buena parte de este delito surge por la emisión de facturas apócrifas de las cuales, sólo durante 2014 a la fecha, se han emitido 8.8 millones por un monto de casi 2 billones de pesos, explicó.
Por ello desde el Senado se busca aprobar la reforma para prevenir y sancionar que se expidan o emitan comprobantes fiscales falsos para deducir operaciones inexistentes o simuladas.
Hoy, dijo Monreal, la propuesta del Grupo de Morena en el Senado se encuentra en proceso de dictaminación a fin de que, conforme a lo previsto en el artículo 70 del código federal sustantivo en materia penal, no será posible que la pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o venta de comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes.
Esta práctica común, dijo el coordinador parlamentario de Morena y Presidente de la Junta de Concertación Política, no sólo es un delito, sino que debilita la capacidad recaudatoria del Estado.
Por ello se buscará que quienes la practican se vean afectados en sus estructuras financieras.
La reforma incluirá por ello las previsiones necesarias para asegurar que los empresarios honestos que cumplan con sus obligaciones fiscales no tengan incertidumbre al cumplir con su actividad, subrayó Monreal.
El problema es de tal nivel, dijo, que otros senadores han hecho sus propias propuestas al respecto.
Tal es el caso de la senadora Minerva Hernández, del PAN, que plantea fortalecer el combate a la corrupción mediante la ley de Responsabilidades Administrativas y penales de los Servidores Públicos y aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada.
OTRA PARA DEFENDER DERECHOS LABORALES
De igual forma Monreal indicó que este miércoles en la sesión semanal de la Permanente presentará una iniciativa que busca combatir la discriminación laboral y propiciar la igualdad de oportunidades, sin importar origen étnico, género, preferencias sexuales, discapacidad, condición familiar, social y económica.
Esta iniciativa, dijo, señala que quienes realicen procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios, deberán certificarse en materia de igualdad laboral y no discriminación, conforme a las normas emitidas por las autoridades y organismos.
Uno de los ejes de la certificación tiene que ver con la capacitación, la igualdad salarial y acciones para prevenir y atender la violencia y el acoso laboral, así como la accesibilidad de espacios físicos y acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores.
Monreal considera que esta iniciativa es necesaria ante investigaciones que indican que la discriminación laboral y los ambientes de trabajo nocivos, afectan la vida diaria de las personas, con un impacto negativo en su salud física, emocional y mental.
Y estos daños, afirma, resultan además costosos para las empresas, pues disminuyen la productividad y la eficiencia del empleado.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 del INEGI, indica que el 20% de la población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición personal.
Y el Estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris, indican a su vez que el 50% de las personas reportó haber vivido, por lo menos alguna vez en su vida laboral, alguna situación de acoso, hostigamiento o discriminación.
El 2.5% afirmó que les pidieron pruebas de embarazo para postularse a un trabajo y el 11 por ciento, que le pidieron una prueba de VIH/SIDA.
A su vez la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), destaca que en el país casi el 22% de las mujeres reporta haber sido discriminada en el trabajo; al 9% le han pagado menos que a un hombre por hacer el mismo trabajo; y el 10%, se quejó de haber tenido menos oportunidad que un hombre para ascender.
Los prejuicios que imperan en el ámbito laboral se reflejan en el 24% que considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo.
Y entre la población de 60 años y más, el22% se quejó de la falta de oportunidades para encontrar empleo, de acuerdo con la ENADIS.
El Diagnóstico Situacional de Personas LGBTIQ de México 2015, destaca que más del 18% de las personas encuestadas reportó haber sido discriminada en el trabajo.
Todo ello, indicó el líder de los senadores de Morena, advierten la necesidad de legislar para acabar con estas conductas inequitativas.
QUIERE REUNIÓN CON HERRERA
La senadora panista Minerva Hernández Ramos advierte que no existen mecanismos de colaboración suficientes entre el Ejecutivo y el Senado que permitan hacer más eficiente el análisis y aprobación del Paquete Económico 2020.
Por ello buscará impulsar un encuentro en conferencia de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión con el nuevo secretario de Hacienda Arturo Herrera.
Dijo que en este encuentro Herrera podría informarle a los senadores de las acciones y programas impulsados durante el presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento al mandato constitucional de mantener la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, así como la generación de las condiciones para el crecimiento económico favorable y el empleo.
La senadora blanquiazul indicó que la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del primer semestre de la administración de AMLO ha llevado a diversos integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a pedir un encuentro con Herrera.
La senadora tlaxcalteca recordó que, desde la presentación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, nadie de Hacienda ha intercambiado opiniones y análisis sobre la situación que guardan las finanzas públicas del paí con los senadores.
La también vicecoordinadora económica del GPPAN recordó que Herrera, en conferencia de prensa, el pasado 9 de julio, manifestó su intención de tender lazos con todos los sectores económicos y productivos, así como con el Congreso, motivo por el cual se propone la reunión de trabajo.
En ese sentido, apuntó:
“Es urgente y necesario para el país, que se establezcan mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, y así también lograr un proceso de análisis y aprobación del paquete económico 2020”.
Más aún cuando el pronóstico de crecimiento económico de México ha ido a la baja, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Banco de México del mes de junio, por lo que reiteró el compromiso de su bancada con los mexicanos, de impulsar acciones necesarias que permitan mantener un sistema financiero sano y con altos niveles de crecimiento.
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