Sociedad
Por José Víctor Rodríguez Nájera*
Emblemático resulta para la Secretaría de Gobernación (Segob), que dirige Olga Sánchez Cordero y para la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, garantizar la salud de más de 500 afanadores que prestan sus servicios al gobierno federal.
Resulta que el grupo de empleados de limpieza fue excluido del servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoé Robledo, desde marzo pasado, debido a que Industria de la Construcción y Proyecto Vial S.A. de C.V. los excluyó de la respectiva afiliación.
El grupo de modestos empleados fue contratado en plena crisis por la pandemia del Covid-19 para realizar su trabajo en oficinas de la Segob radicadas en la capital del país, área metropolitana de la Ciudad de México y al interior del territorio nacional.
Más allá de violentar las garantías individuales de este grupo de empleados, que se encuentran en riesgo permanente por desarrollar sus actividades en medio de la crisis sanitaria, el foco de infección se extiende —y multiplica— al poner en riesgo a funcionarios e incluso a secretarios de Estado.
En necesario que intervenga de manera urgente Sánchez Cordero, Encinas Rodríguez y Zoé Robledo, no sólo para garantizar una prestación obligatoria, sino para poner un freno a las empresas abusivas, que, como la tabasqueña Industria de la Construcción y Proyecto Vial, que por omisión o comisión, pone en serio riesgo la salud de la población.
En este sentido, la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), que dirige Marco Reyes Saldívar, ya presentó una denuncia e hizo llegar una misiva a la directora General de Incorporación y Recaudación del instituto, Norma López Castañeda, afín de poner un alto inmediato a este tipo de acciones ilegales.
Aunado a esto, también se sabe de la existencias de empresas como Molt Net, Decoaro y Supervisión, Germil, Gott und Glock, Limpieza Val, que también incurren en prácticas de “simulación para acaparar contratos con dudosas acciones profesionales a favor de la salud”.
Las firmas violan los derechos humanos y ponen en riesgo a miles de afanadores que arriesgan su vida para atender a personas infectadas, familiares y personal médico; ellos son sorprendidos por estas firmas al cometer acciones delictivas e irresponsables, como la falta de incorporación de miles de sus trabajadores al IMSS.
Estaremos atentos de cómo se resuelven las denuncias que Reyes Saldívar y la Unityel han presentado contra algunos de los responsables, como Fernando Ernest Morato Ganem o Enrique José Gómez Mandujano.
Punto Cero
Resulta que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo deberá poner orden al interior del Hospital General Iztapalapa “Doctor Juan Ramón de la Fuente”, que está a cargo de Bernardo Dávila Dávila.
Resulta que Rosalba Díaz Cisneros, titular de la subdirección de enlace administrativo del Hospital General de Iztapalapa, cuenta con una serie de acusaciones por acoso laboral, abuso de poder y hostigamiento a sus propios compañeros de trabajo.
Lo más importante son las denuncias que pesan en contra de ambos funcionarios hospitalarios, ya que el nosocomio es identificado por tener el mayor número de defunciones del propio personal médico, con más de 15 trabajadores fallecidos durante esta contingencia.
Los empleados denuncian la falta de insumos básicos para contener el virus del Covid-19, por lo que ellos mismos deben aportar sus propios insumos, como careta, guantes, cubre boca, satinizantes, entre otros.
A nombre de la propia Jefa de Gobierno, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, deberá responder los reclamos, y las denuncias de los empleados del hospital capitalino, quienes ya preparan denuncias penales de la mano de la Fundación No Más Negligencias Médicas, que dirige el Fernando Aviléz Tostado.
El doctor Aviléz Tostado —junto con sus colaboradores legales de la fundación que dirige—- han llevado hasta el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversos casos donde existe la violación flagrante a las garantías individuales de los profesionales de la salud.
