Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

• La reconstrucción fue solamente falsa promesa

• Al presidente se le olvidaron los damnificados

Mes y medio después del sismo del 19 de septiembre, que sacudió la conciencia colectiva de muchos de los citadinos por haber destruido muchas vidas, unas dejándolas aplastadas debajo de los escombros, como los 19 niños del colegio Rébsamen, y colapsó edificios y viviendas, la mayoría de los damnificados sobreviven en campamentos, cobijados por la incertidumbre del futuro.

Qué van a hacer para reconstruir su casa porque el gobierno no les resuelve nada y sólo incrementa su desesperanza. Su incertidumbre. Su hambre. Su dolor. Su sinsentido. Como que ni a Mancera ni a los gobernadores, ni al Presidente le importaran una vez pasado el momento o los momentos críticos en los que sólo usaban a los que perdieron todo para hacerse propaganda y para aparecer ante el mundo como los salvadores.

Por eso, cuando los rescatistas rescataron al último cadáver escribí que entonces comenzaba la verdadera tragedia: el abandono. El no sabe que hacer, donde obtener dinero, recursos materiales para reconstruir lo perdido. Así pasó con muchos en los terremotos del 85 y eso que en ambas fechas México recibió atractivísimos apoyos de gobiernos extranjeros para la reconstrucción.

The New York Times en Español dio la voz de alerta en su edición del viernes 3 de noviembre, en un extenso reporte firmado por el periodista Albinson Linares. ‘No sabemos nada’: los damnificados por el sismo viven en un limbo de desinformación. Y ni el mismísimo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Aguayo, sabe lo que debe saber. Cuándo el Gobierno federal le va a entregar los recursos del Fonden (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) para iniciar, y acelerar, la reconstrucción de las casas y edificios colapsados.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la zona más desolada y atacada por la acción del terremoto es la populosa Iztapalapa, en la Ciudad de México. Iztapalapa es lo que se llama delegación política más contradictoria, en donde así como corren ríos de dinero corren torrentes de pobreza y de miseria y es ahí donde la invertidumbre del futuro no deja vivir el presente a los iztapalapenses, muchos de los cuales siguen viviendo en tiendas de campaña. Y otro tanto ocurre en otras regiones del país asoladas por los temblores en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México entre otros.

Iztapalapa está permanentemente llenas de grietas. Pero no son nuevas en esa zona: algunos residentes dicen que aparecieron después del terremoto de 1985, y otros ya no recuerdan la primera vez que las vieron. Pero en marzo de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaba que el 42 por ciento de las grietas de la capital mexicana se encontraban en Iztapalapa. Con el último terremoto, las grietas —la calles partidas, las casas hundidas— se multiplicaron exponencialmente.

Hoy, la delegación alberga a 150.000 damnificados y tiene 8,500 viviendas afectadas, de las cuales 3,000 deberán ser demolidas.

María, de 47 años, le cuenta al reportero del NYTimes que ella vivía en la calle Andador Revolución, en una casa azul de dos pisos que ocupaba con su marido, seis hijos y las familias de tres de sus hijos. En total, en su casa vivían 17 personas, dice. El 19 de septiembre fue la primera en salir corriendo cuando el sismo de magnitud 7,1 sacudió las viviendas de su calle como si fueran de gelatina. Su casa tiene un hueco enorme adentro: se ladeó y fue declarada inhabitable.

A mediados de octubre, mientras buscaba las palabras para contar cómo lo había perdido todo, María miraba a Britany, su nieta de cinco meses, que dormía sobre una colcha arriba de un camastro sucio, en una especie de choza sobre la calle Rosalita de la colonia La Planta. Ahora vive allí, en un espacio de seis metros cuadrados cubierto por lonas donde se amontonan seis familias, y nadie sabe cuándo podrán irse de ese campamento improvisado de damnificados.

Más de un mes después del terremoto, su caso es similar al de miles de damnificados que, si antes tenían poco, ahora sólo les queda la espera: María no tiene todavía un dictamen oficial para iniciar los trámites burocráticos de subsidios estatales que se implementaron para ayudar a los ciudadanos a conseguir un remplazo para sus casas.

Como su vivienda fue declarada en pérdida total por funcionarios estatales, ha recibido los 3000 pesos mensuales (unos 156 dólares) que otorga el gobierno para ayudar a los damnificados a pagar renta, pero dice que “eso no alcanza para nada” (en promedio, los alquileres de la zona rondan los 7000 pesos mensuales). “Y las autoridades no vienen para acá, se olvidaron de nosotros”, dice.

Con el paso del tiempo, la ausencia de una palabra oficial que les permita tomar un camino se ha transformado para algunos damnificados en la dimensión más desesperante de la falta de información y transparencia ante la tragedia.  Y la historia de María se repite en otros damnificados, en el reportaje de periódico neoyorquino

La planificación económica para la reconstrucción de Ciudad de México y otras regiones afectadas como Oaxaca y Chiapas es otro aspecto en el que se hicieron evidentes las contradicciones y la falta de información. Para el economista Gerardo Esquivel existe “poca transparencia” sobre el monto de los recursos y cómo se van a usar.

Esquivel es investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y un agudo analista de la profunda desigualdad que permea a la sociedad mexicana. Los anuncios hechos por el presidente Enrique Peña Nieto que en poco más de un mes ha incrementado la cifra necesaria para la reconstrucción de 37.000 millones de pesos a unos 48.000 (2500 millones de dólares, aproximadamente) le parecen precipitados.

“Quedan muchas preguntas por responder, como la situación de los edificios abandonados y quién los va a derrumbar, quién va a limpiar los escombros y qué va a pasar en los estados. Los gobiernos son un poco lentos en dar respuestas a pesar de que la gente demanda una reacción inmediata, sobre todo quienes están en albergues o con familiares”, dijo Esquivel.