Destacan avances de México en protección de derechos de población LGBTTT
CIUDAD DE MÉXICO, 07 de julio, (CDMX MAGACÍN / CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren Praeli, aseveró que en México, como en otros países, hay avances importantes en dicha materia para la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), aunque aún hay pendientes.
Al presidir la audiencia 163 del periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, en donde por primera vez participaron asociaciones civiles mexicanas para exponer la situación actual de ese sector de la población, expuso que “en algunos países hay avances y en otros hay riesgo de retroceso respecto a las leyes aprobadas”.
Eguiguren Praeli advirtió que lo más grave es la persistencia de actos de violencia, ensañamiento, crímenes de odio, prejuicios, discriminación, impunidad e invisibilidad de esta población por falta de estadísticas.
En el encuentro realizado en Lima, Perú, Eguiguren Praeli consideró que en dicho tema hace falta un registro específico para documentar los crímenes de odio y violencia en contra de las personas lésbico-gay.
Señaló que las prácticas discriminatorias y abusos son además visibles y constantes en los funcionarios. “Creo que el reto está ahí”, sentenció, al apuntar que el Estado debe cumplir con un “rol activo” en la promoción de los derechos humanos en la sociedad.
“Se trata no sólo de hacer formación y capacitación con los funcionarios, (sino también) de investigar y sancionar a aquellas autoridades, fuerzas del orden, policías, jueces que mantengan prácticas de discriminación o violencia”, insistió.
Pero, indicó, es importante hacer un trabajo muy fuerte con la sociedad, las escuelas y los medios de comunicación, entre otros, en favor del respeto a la diversidad, la orientación sexual, la libertad y la identidad.
Al respecto, la representante de Letra S, Laura Hernández García, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la situación de derechos humanos de las personas LGBTTTI en México.
Instó al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas por esta Comisión en los informes “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado en diciembre de 2015, y de seguimiento del mismo, inserto en el Informe Anual de 2016, atendiendo particularmente aquellas relacionadas con las personas LGBTI.
En otros temas, planteó la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes de Odio por prejuicio, el cual permitirá conocer en qué condiciones se dieron los homicidios en contra de las personas lésbico-gay.
En tanto, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochin del Rincón, se sumó a la iniciativa de impulsar la creación de una comisión ejecutiva en las entidades federativas y, con ello, tener un Registro Nacional de Víctimas que incluya a ese sector vulnerable de nuestro país.
Dijo que en México urge visibilizar los delitos y las violaciones a los derechos humanos que enfrenta la comunidad LGBTTTI, y acentuó que la ley es un vehículo para materializar los derechos de las víctimas. “Es hora de eliminar los obstáculos que lo detienen”, instó.
Por ello, el funcionario federal llamó a evitar criminalizar a las personas lésbico-gay, sobre todo en las llamadas terapias de conversión sexual que “menoscaban la dignidad y atentan contra la identidad y la libre expresión”.
De igual forma, el presidente de la CIDH exhortó a las autoridades y sociedad a estar atentas a los grupos conservadores que promueven campañas en contra de los derechos de estas personas, pues -consideró- son opositores que “están plasmando niveles de retroceso en este campo”.
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, añadió que el gobierno mexicano tiene la convicción de asegurar que todos los mexicanos, sin importar su condición social, religión, preferencia social o condición étnica, tengan la oportunidad de realizarse plenamente y ser feliz En la audiencia 163 también participaron representantes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Procuraduría General de República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
