CIUDAD DE MÉXICO, 08 de enero, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).— El diputado federal Rafael Hernández Soriano presentó una iniciativa para reformar los ordenamientos que rigen a los Órganos Constitucionales Autónomos, ya que éstos consideran trabajadores de confianza a todos sus servidores públicos.
Entre los trabajadores de confianza, y por ende representantes de la parte patronal, afirmó, los que por su función debieran ser catalogados como de base, ven violados sus derechos laborales al estar limitados al goce de las garantías que como tales les corresponden.
El diputado se refirió al personal de confianza de los institutos Nacional Electoral (INE) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Federal de Competencia Económica.
El legislador perredista dijo que presentó su iniciativa para reforman las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la CNDH; Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley Federal de Competencia Económica.
El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados explicó que el objetivo es cerrar la brecha a los regímenes de excepción que prevalecen en materia laboral en dichas disposiciones.
El trabajador de confianza representa los intereses del patrón frente a otros trabajadores y realiza funciones o actividades específicas; es decir, son una excepción dentro de la empresa o dependencia, destacó.
En ese marco, se refirió a que los derechos de igualdad, libertad de reunión y asociación, y seguridad jurídica, así como de las garantías sociales de permanencia en el empleo, igualdad de salario, profesionalización y escalafón, entre otras.
Sin embargo, sostuvo, en las leyes que propone modificar y que rigen a otros órganos autónomos, prevalece una disposición que genera una situación de iniquidad entre órganos pares, jurídica y orgánicamente, por lo que es urgente su armonización con el resto.
Afirmó que es ilegal aplicar dos consecuencias jurídicas a una misma premisa fáctica: dotar a ciertos trabajadores de Organismos Constitucionales Autónomos de la protección más amplia de la ley laboral y, a otros, privarlos de ella”.
Toda ley reglamentaria debe respetar los lineamientos y las garantías mínimas establecidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia laboral de los que México es parte.
La iniciativa, agregó Hernández Soriano, propone cerrar la brecha a los regímenes de excepción que prevalecen en materia laboral en las citadas leyes, armonizando el marco legal vigente, en lo que respecta a los Órganos Constitucionales Autónomos y recuperar el principio de supremacía constitucional.
Ello, finalizó, es la pauta para que todas y todos los mexicanos podamos vivir en un país que se rija por los valores democráticos y por el imperio de la ley, la equidad y la justicia.
