24 de November de 2024
Diputados buscarán marco jurídico para impulsar productividad
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Diputados buscarán marco jurídico para impulsar productividad

Oct 1, 2016

CIUDAD DE MÉXICO, 01 de octubre, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados acordó un Plan de Trabajo que prevé un marco jurídico que genere mejores condiciones para impulsar el desarrollo económico del país, mediante la productividad y la competitividad.

En reunión de trabajo los integrantes de la instancia legislativa subrayaron que la prioridad deben ser las micro, pequeñas y medianas empresas a través de normas claras, trámites y servicios simplificados,

Plantearon que acelerar el ritmo de crecimiento se encuentra entre los mayores retos de México, con lo que se generaría un mayor número de empleos formales y se incrementaría el bienestar de la población.

Los diputados expusieron que la competitividad en el país observa una tendencia histórica desfavorable, pues en 2014 México ocupó la posición 61 de un total de 148 naciones en el Índice de Competitividad, y el 31 de 36 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello la estrategia aprobada establece proveer un marco jurídico que genere mejores condiciones para elevar el desarrollo económico del país, a través de la competitividad y la productividad.

En el documento se plantea que la baja competitividad de un país depende de múltiples factores como la escasa generación de tecnología de punta, el incremento en los costos de producción, la baja inversión en áreas prioritarias o los excesivos trámites.

Para obtener propuestas que mejoren el marco jurídico la instancia legislativa llevará a cabo reuniones con funcionarios federales, así como con representantes de la sociedad civil y de organizaciones afines al tema.

También prevé encuentros con representantes del sector industrial para recoger sus demandas y propuestas de mejora al marco legal. De igual forma organizará foros con la participación de servidores públicos, catedráticos y la sociedad civil.