Diputados piden a gobiernos locales “alejarse de criterios de amistad” en licitaciones y concursos públicos

Ciudad de México a 1 de noviembre (CÍRCULO DIGITAL).-En votación económica, la Cámara de Diputados aprobó solicitar al gobierno de Baja California y al resto de entidades federativas, se orienten por principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten.

Lo anterior, tomando en consideración a la población y al Congreso Local, “alejándose de cualquier criterio electoral, partidista o de amistad”, y tomar en cuenta en todo momento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su estado.

Al fundamentar el punto de acuerdo –considerado de urgente resolución- la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES) señaló que el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ha realizado una serie de asignaciones directas y licitaciones “a escondidas”, a través de las cuales otorga “a sus amigos, socios de sus negocios particulares y parientes de otros funcionarios del estado una serie de construcciones y obras públicas, utilizando indebidamente la figura de las asociaciones público-privadas”.

Ejemplo de ello, abundó, son el otorgamiento a favor del senador panista Víctor Hermosillo Celada, la construcción del periférico denominado Aeropuerto Zapata doble piso, de Playas de Tijuana, por 12 mil millones de pesos, pagaderos a 27 años, con derecho además de cobrar peaje por la utilización de dicho tramo.

La construcción de dos plantas desalinizadoras que va a realizar “el tío del exsecretario de Finanzas, Antonio Valladolid y del actual secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid”, en el poblado de San Quintín, y otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando a la entidad por una suma inicial de 9 mil millones de pesos más IVA por los próximos 37 años, cuando se tiene garantizado el abasto de agua hasta por lo menos el año 2028, según datos proporcionados por Conagua.

García Soberanes resaltó que para evitar suspicacias futuras en asuntos similares y otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier entidad federativa, es fundamental que se apruebe este punto de acuerdo.

Sobre el tema, la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) lamentó que los titulares de empresas ganadoras de proyectos de infraestructura de gran impacto económico y social resultan ser familiares o amigos cercanos de funcionarios, y los mecanismos de financiamiento de dichas obras impliquen endeudar más a los ciudadanos.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) indicó que la transparencia y disciplina financiera deben ser instrumentos claves para el desarrollo de las políticas públicas; por ello, “estamos en contra de la discrecionalidad del gobierno de Baja California”.

Por el PRD, la diputada Erika Irazema Briones Pérez argumentó que este acuerdo debe “ser acatado por el gobernador de Baja California, pero también por el de Chiapas y principalmente el del Estado de México. Ahí donde cada licitación no hay solo una sospecha o simple presunción, sino una total certeza de que existe un compadrazgo con empresas como OHL o Grupo Higa”.

José Teodoro Barraza López, diputado del PAN, mencionó que los procesos licitatorios y la constitución de asociaciones público-privadas en la entidad, se han dado dentro del marco de la legalidad, y “traer un exhorto de esta naturaleza y señalar deficiencias en el manejo de la política pública hacia los sectores vulnerables de nuestro estado no merece ser expuesto por alguien que se dice ser bajacaliforniano.

La diputada priista, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expuso que el esfuerzo de esta Cámara por aprobar una Ley de Responsabilidad Financiera para evitar el endeudamiento de los estados está siendo vulnerado, y Baja California encabeza la lista de las entidades que quebrantan este pacto, y afirmó que “las asociaciones público-privadas son altamente recomendables porque maximizan la capacidad de respuesta del estado”.