23 de November de 2024
Diputados piden al Ejecutivo suscribir convenio contra abuso y explotación sexual infantil
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Diputados piden al Ejecutivo suscribir convenio contra abuso y explotación sexual infantil

Abr 22, 2018

Ciudad de México a 22 de Abril (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).– La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como “Convenio Lanzarote”.

El punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, pide se haga conforme al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política, la Ley sobre Celebración de Tratados y de acuerdo al compromiso adquirido al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en términos de salvaguardar de manera irrestricta el desarrollo psicosexual de los menores.

Con la firma se reforzará la protección de los derechos de los niños y niñas, se amplían preceptos conforme a las nuevas tecnologías, y se establecen medidas de protección a los menores tendentes a detener el abuso y explotación sexual infantil.

Al fundamentar la propuesta, la diputada Mariana Arámbula Meléndez (PAN) señaló que México está en focos rojos en materia de explotación y turismo sexual infantil, e indicó que las nuevas generaciones cada vez tienen mayor acceso a las diferentes tecnologías de comunicación, que “si bien representan un avance también son un riesgo latente para este grupo vulnerable, y ahora resulta que las tablets son las nuevas nanas de nuestros niños”.

El surgimiento de nuevas tecnologías ha representado, sin duda, grandes avances en las diferentes áreas y aspectos de la vida; cada vez son más las personas, tanto adultos como menores de edad, que se adentran de lleno en su uso.

De acuerdo con el último “Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2017”, señala que en 2016, 57 por ciento de la población en México hizo uso de Internet.

Sin embargo, estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, se usan con fines ilícitos que atentan contra los menores de edad, como la trata de menores, prostitución y pornografía infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y pedofilia sólo por mencionar algunos.

Arámbula Meléndez relató que ante esta creciente situación, el Consejo de Europa, institución creada el 5 de mayo de 1949 con la firma del Tratado de Londres y cuyo objetivo es salvaguardar los derechos humanos, y que actualmente está conformado por 47 países, redactó el Convenio para la Protección de los Niños Contra la Explotación y el Abuso Sexual el 25 de octubre de 2007, en Lanzarote, España.

Este documento, conocido como “Convenio Lanzarote”, entró en vigor el 1 de julio de 2010 y tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, proteger sus derechos y promover la cooperación nacional e internacional contra estos delitos, así como el denominado Grooming o abuso sexual cibernético, que surge a partir del uso de las nuevas tecnologías.

La diputada del PAN precisó que la legislación federal ha mostrado avances tendentes a proteger la indemnidad sexual de los menores. Éstas han sido poco a poco armonizadas con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, “todo bajo la premisa constitucional de que todas las actuaciones que realice el Estado deberán atender en todo momento al Interés superior del niño”.

Añadió que esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad con la que crecen las nuevas conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías.

Al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, México tiene el compromiso inquebrantable de reforzar su arquitectura jurídica en aras de salvaguardar el desarrollo psicosexual de los menores. Además, el Código Penal Federal contempla medidas respecto a la protección de la integridad sexual de los menores.

Por ello, México debe atender esta situación reforzando o modificando los mecanismos nacionales e internacionales orientados a la protección de los derechos de los niños y niñas de conductas delictivas por el uso de las nuevas tecnologías.