CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Alicia Barrientos destacó la importancia de garantizar la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de inversiones para construir infraestructura en el país mediante asociaciones público-privadas (app).
Durante la instalación de la Subcomisión de Seguimiento de Proyectos de Asociación Público-Privados, perteneciente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que coordinará, indicó que para ello se requieren nuevos marcos jurídicos y alentar la participación ciudadana.
Indicó que como esquemas de contratación, participación o alianzas, esas asociaciones sustituyen al Estado en la obligación de ofrecer servicios como salud, educación, seguridad social y pública e infraestructura urbana a la población, lo que dificulta la rendición de cuentas.
Por ello es imprescindible “vigilar la manera en que los proyectos se licitan, identificar los intereses que verdaderamente hay detrás de estos y los costos económicos que suponen, el impacto ambiental y social, con tal de reducir los gastos y la distribución de beneficios”.
Mencionó que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno federal prevé 743 proyectos, por un monto total de 7.7 billones de pesos en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, obra hidráulica, salud, desarrollo urbano, vivienda y turismo.
En tanto que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se plantea entregar 11 proyectos a la iniciativa privada hasta por 25 años, lo cual compromete el pago de 18 mil 860 millones de pesos.
De ahí que sea de “vital importancia que se vigilen los recursos públicos que se ejercerán”, remarcó Barrientos Pantoja, quien es diputada del partido Morena.
En su oportunidad Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo énfasis en la función de la Auditoría Superior para fiscalizar el uso del dinero en las asociaciones público-privadas.
Propuso una reunión con autoridades de la Auditoría, con el propósito de conocer el nivel de cumplimiento de los contratos y las obligaciones por empresas privadas que invierten en ese esquema.
El diputado independiente Manuel Clouthier Carrillo indicó, a su vez, que en la figura de las asociaciones público-privadas, el capital, los riesgos y el beneficio deben compartirse entre la iniciativa privada y el gobierno.
Sin embargo hay muchos casos donde el empresariado “traslada al gobierno los costos, pero no los beneficios”, lo que se convierte en un acto de corrupción disfrazado de legalidad.
Por Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto se comprometió a vigilar el uso de recursos públicos por más de 18 mil millones de pesos por esas asociaciones para el próximo año.
Convocó a estar pendientes de las licitaciones, de los intereses existentes y del impacto económico y ambiental, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, a fin de responder a la población sobre cómo y en qué se gasta el presupuesto.
Durante su reunión los integrantes de la Subcomisión de Seguimiento de Proyectos de Asociación Público-Privados aprobaron por unanimidad su plan de trabajo.
En este se prioriza la vigilancia de los proyectos de las asociaciones público-privadas, en apego al marco jurídico para asegurar el control, la fiscalización y la transparencia de los operadores.
También acordaron elaborar un estudio y promover la actualización legislativa, para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el monitoreo de los distintos proyectos de infraestructura que se plantean realizar en el país.
