Discurso íntegro del Segundo Informe del presidente de la SCJN y del CJF, ministro Luis María Aguilar Morales
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
TRIBUNAL PLENO
SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE CONJUNTA DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CELEBRADA EL MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016.
ASISTENCIA:
PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SEÑORES MINISTROS:
ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
EDUARDO MEDINA MORA I.
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN
(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 13:10 HORAS)
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor secretario, denos cuenta por favor.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dirigirá un mensaje con motivo del Informe de Labores del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año 2016.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Con su permiso. Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras Ministras y señores Ministros, Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señoras Consejeras y señores Consejeros, señoras Magistradas y señores Magistrados de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señoras y señores Magistrados de Circuito, y Jueces de Distrito, distinguidos invitados especiales.
Señoras y señores:
Cumpliendo con lo que dispone el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, rindo hoy el Informe de Labores correspondiente al segundo año de esfuerzos conjuntos de las señoras Ministras, señores Ministros, Consejeras y Consejeros. Lo rindo ante los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Los logros son resultado de un esfuerzo común en el que también participaron las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto de la integración anterior como de la nueva. Y, sin duda, de los ya cientos de jueces de distrito y magistrados de circuito.
Es mi propósito tener una atención con ustedes para tratar de hacer de este informe –lleno de actividades, trabajos, programas y metas sobresalientes– algunas de las más relevantes para poder respetar el tiempo de todos nosotros. Lo haré de la manera más sucinta posible y con la mayor brevedad, pues su tiempo –desde luego– es importante para mí, y los datos pormenorizados –cifras, porcentajes y demás elementos numéricos– que se acostumbran dar en este tipo de informes, ya los podrán encontrar en la publicación anexa, datos que si bien son importantes e indicativos, no creo que sean –en este momento– asimilables con la sola lectura.
Debo reiterar que este informe no es sólo el del Ministro Presidente, sino que es sustancialmente el resultado de las múltiples actividades y relevantes decisiones adoptadas por las señoras y los señores Ministros, mis pares y compañeros en esta gran responsabilidad jurisdiccional. De igual manera y lo destaco, este es el informe del gran trabajo de administración, vigilancia, disciplina cuidadosa y respetuosa del debido proceso, así como de la equitativa y exigente selección de juzgadores federales y de su adscripción que hemos realizado –con unión y entusiasmo– las consejeras y consejeros quienes integramos el Consejo de la Judicatura Federal.
También debo reconocer la cercana colaboración de los magistrados del Tribunal Electoral, no sólo con los que han cumplido ya con su responsabilidad, sino –desde luego– también con los nuevos integrantes, con quienes hemos estado ya en comunicación y estrecha coincidencia en los criterios de administración para lograr la homologación de las tres entidades del Poder Judicial de la Federación.
Agradezco cumplidamente la presencia del señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Don Enrique Peña Nieto, y de los representantes del Honorable Congreso de la Unión: Senador Don Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y del Diputado Don Javier Edmundo Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Su presencia –señores– en esta Sesión Solemne da cuenta del equilibrio republicano conforme al cual debe ejercerse el Supremo Poder de la Federación.
Y agradezco –desde luego y de nuevo– la amable asistencia de todos nuestros invitados especiales.
Como saben, la labor sustantiva del Poder Judicial de la Federación es la jurisdiccional, que culmina en el dictado y cumplimiento de las resoluciones a las diferentes materias que conoce especialmente de las derivadas del juicio de amparo. Esta es una función en constante extensión que exige total responsabilidad, que revela, al menos, dos cuestiones fundamentales de la madurez que va alcanzando nuestra democracia, nuestra gente. En primer lugar que las diferencias y confrontaciones que surgen en el día a día entre las personas, así como entre gobernados y autoridades y aun entre los propios órganos del poder público, se dirimen cada vez más en los tribunales, especialmente en los del Poder Judicial de la Federación que tienen la obligación de proteger los derechos de toda persona.
Y en segundo lugar, inducen a pensar que hay confianza en los jueces, los juzgadores profesionales, que son los adecuados para resolver esas diferencias entre la gente y aún entre las propias autoridades como son los Poderes de la Unión, los gobiernos de los Estados y de los Municipios.
En este Tribunal Constitucional de México, todos, Ministras y Ministros, hemos asumido con gran compromiso y empeño el cumplimiento de las altas responsabilidades que nos impone el pueblo de México a través de nuestra Constitución y las normas jurídicas. Para ello, trabajamos prácticamente todo el año, sesionando en forma constante todas las semanas, excepto por dos cortos períodos de receso de quince días, en los cuales laboran permanentemente dos o más ministros designados para tramitar y tomar determinaciones urgentes, en virtud de que la demanda de justicia no puede detenerse.
En los últimos años el trabajo se ha intensificado, es creciente, –diría– notablemente creciente; hace escasos siete años, en el año dos mil nueve, la Suprema Corte recibía poco más de 4,460 asuntos en todo el año. Ya esa era una buena carga de trabajo; sin embargo, para este año estamos recibiendo más de 16,000 asuntos, 16,139 para ser exactos, prácticamente cuatro veces más que cuando llegué a esta Suprema Corte a integrarla.
De ahí que, debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir el trabajo de esta Suprema Corte; puesto que la función jurisdiccional es vocación plena de las Ministras y los Ministros, y con esa convicción, a esta fecha, hemos resuelto más de 12,600 asuntos en este período.
Empero, entre más amplias son las tareas asignadas por el legislador a los tribunales constitucionales, menos oportunidad hay para que los jueces que los integran, reduzcan la brecha entre la ley y la sociedad, y llenen de contenido los valores y principios que de la Constitución emanan.
En el Derecho Comparado, se puede constatar que tanto en las Cortes Constitucionales de los sistemas jurídicos de la familia de la Ley Común, tales como de los Estados Unidos y Canadá, conocen, el primero, 80 asuntos al año, el segundo 74, el año pasado; o en otras tradiciones jurídicas, como en España, que en el año resolvió 274 asuntos; y en los tribunales constitucionales de nuestros países hermanos que resuelven, por ejemplo en Chile, un promedio de 115 asuntos al año.
Lo que pone de manifiesto que con independencia del sistema jurídico de cada Nación, la constante es que sus más Altos Tribunales, únicamente conocen de asuntos de significativa trascendencia.
Pero, ¿por qué pasa eso? Porque los asuntos que someten a la consideración de esos tribunales constitucionales pueden ser muchos, pero tienen la facultad inherente a su calidad de tribunal más alto del sistema legal, de no aceptar los asuntos que consideren que no reúnen las características necesarias, y no tienen, por ende, el deber irrenunciable de conocer y resolver, ya que a esos tribunales sólo debe corresponder ocuparse de asuntos de trascendencia nacional, de asuntos que afecten de manera general a la sociedad o a la sana convivencia social o de aquellos que sirvan, aún derivados de casos concretos para fijar la decisión interpretativa final que incida en la nación entera.
Esos otros tribunales, en ejercicio de la investidura que quienes lo integran, si consideran que no tienen los méritos estos asuntos para abordar su estudio, determinan no aceptarlos, sin que contra esa elevada decisión proceda algún recurso de acceso ordinario que la combata.
En tanto, esta Suprema Corte, este Tribunal Constitucional heredero de su origen como tribunal de legalidad —de casación— conserva disposiciones de recursos y trámites ajenos a las competencias del tribunal constitucional que se ha pretendido desde los finales de los años ochenta, y reforzado con la reforma constitucional de 1994-1995. Medios de defensa que por su naturaleza, el conocimiento debe corresponder a tribunales y a otras instancias judiciales que se han venido ya consolidando en la estructura del Poder Judicial de la Federación, en la misma línea de independencia y profesionalismo que rigen a la carrera judicial. Como ya lo hizo —en un avance muy importante— la nueva Ley de Amparo.
Por ello, se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de este nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de veinte años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que le corresponde en el entramado constitucional y jurídico de nuestro país.
Considero relevante destacar la trascendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional de México.
Nuestra Ley Suprema, es no sólo columna vertebral del sistema jurídico que nos rige, sino principalmente reflejo fiel de los ideales que a lo largo de la historia se ha forjado a partir del heroísmo y la nobleza de la nación mexicana.
En el texto y sentido de nuestra Constitución, están presentes Don Miguel Hidalgo y Costilla que declaró la libertad de los esclavos; los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón en los que se postuló la igualdad, se reconoció la soberanía de la nación y se planteó la necesidad de dividir el poder en legislativo, ejecutivo y judicial; el manifiesto de Benito Juárez, que también enorgullece a este ilustre Salón y que sostiene que “El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”; los ideales de Ricardo Flores Magón y de Emiliano Zapata; los principios de sufragio efectivo no reelección de Francisco I. Madero y otros tantos ideales y valores que las grandes mujeres y los grandes hombres de este país han venido incorporando a nuestra Ley Fundamental.
Esa es nuestra Constitución, y ese es el tamaño de nuestra tarea como Tribunal Constitucional y de nuestra responsabilidad para protegerla, interpretarla y hacerla efectiva en la vida de todos los mexicanos.
Nuestra función sólo puede entenderse cuando comprendemos que la defensa de la primacía de la Ley Fundamental, honra nuestra historia y guía nuestro futuro en los ideales más sublimes de libertad, igualdad y justicia.
Los Tribunales Constitucionales —como es esta Suprema Corte— son indispensables en las naciones democráticas, porque su actuar da vida a los ideales y esperanza de la Ley Fundamental que para ser eficaz, requiere de la interpretación y definición del alcance de los derechos que protege y de los mecanismos o garantías que establece para dicha protección. México puede enorgullecerse de estar a la par de cualquier democracia por tener un Tribunal Constitucional en este Máximo Tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de nuestro país, es entonces baluarte y garante —a la vez— del equilibrio y la estabilidad de la vida nacional, así como responsable y artífice del fortalecimiento del Estado democrático y constitucional de derecho en el que debemos desarrollarnos.
ALGUNOS CRITERIOS RELEVANTES.
Ya las Salas —ayer apenas— por medio de su Ministra y Ministro Presidentes, han rendido su informe de labores y destacado las importantes y relevantes resoluciones que en ellas se han adoptado.
Sólo quiero mencionar unas cuantas de las tomadas por el Pleno, teniendo en cuenta que un resumen más extenso y pormenorizado se encuentra en el anexo.
Por ejemplo, ha sido una práctica legislativa constitucional la creación de órganos sui géneris en la historia jurídica de nuestro país, como la creación de órganos autónomos aparentemente desvinculados del sistema de separación de poderes, que han generado análisis críticos de los tratadistas y aún de algunos legisladores; sin embargo, este Tribunal Constitucional ha determinado la naturaleza de estas instituciones así como su alcance y concepto dentro de la moderna arquitectura de facultades del Estado, y para ello resolvió lo que se sintetiza en el criterio de rubro: ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
En este criterio el Pleno reconoció un nuevo concepto en el entramado constitucional al decir que el Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados del interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo con lo que, dice el criterio, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos.
En esta otra tesis que se explica por sí misma cuando señala: “DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.
Otro criterio de gran importancia constitucional y política es el que determina que aun partiendo, como lo ha hecho esta Suprema Corte, de la LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES, hay que reconocer que ésta ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.
Lo que se complementa con lo determinado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que LA MECÁNICA TRANSICIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PREVIENE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU COMPETENCIA LEGISLATIVA HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEYES GENERALES CORRESPONDIENTES. En aplicación de estos criterios se declaró la invalidez de normas sobre sistemas anticorrupción que habían sido establecidos en los Estados de Chihuahua y Veracruz, y están próximos a analizarse, probablemente en febrero próximo, las legislaciones en la materia de los Estados de San Luis Potosí y Nuevo León.
Por último y otro asunto relevante que resolvió el Tribunal Pleno fue la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015 en la que se declaró que un precepto del Código Civil del Estado de Jalisco, es inválido porque se viola con él la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad y no discriminación, ya que de manera injustificada excluye la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución del matrimonio.
ARCHIVOS HISTÓRICOS Y DOCUMENTALES.
Me refiero ahora a las actividades que ha hecho esta Suprema Corte respecto del gran acervo histórico documental. En este compromiso legal de resguardar, almacenar y clasificar todos los expedientes que se originan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, hemos llegado a tener en almacenamiento millones de expedientes, papel que hay que cuidar y seleccionar.
Nada más les comento, que cada año en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se reciben aproximadamente un millón cien mil expedientes, que constan, muchos, de varios tomos, y quizá sea más claro imaginarlo si les digo que puestos uno junto a otro forman unos doce kilómetros lineales de expedientes por cada año. Es una tarea que casi excede a las posibilidades administrativas de la Corte y que quizá pudiera ser más acorde con la enorme capacidad funcional y organizativa del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la modificación legal correspondiente. Hay que reflexionarlo con serenidad y responsabilidad.
Consejo de la Judicatura Federal
En el Consejo de la Judicatura Federal nos hemos propuesto propiciar las mejores condiciones para lograr una impartición de justicia más eficiente y de calidad, por ello hemos tomado muchas medidas, tanto de índole material, como normativas que nos han llevado a concretar planes y revisar objetivos.
El Consejo asume una gran, enorme tarea, pues coordina y administra la mayor parte del Poder Judicial de la Federación. Y simplemente para dimensionarlo les comento que a cargo de este fundamental órgano del Estado Mexicano están 824 órganos jurisdiccionales en el que se desempeñan 550 Jueces de Distrito y 871 Magistrados de Circuito, más unos 42,111 servidores públicos que laboran todos los días para prestar el mejor servicio de impartición de la Justicia Federal cuya finalidad principal es precisamente lograr la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Esto implica muchos retos colaterales, como el mantenimiento de los servicios, la disponibilidad de equipos informáticos, de mobiliario para unos 296 inmuebles que albergan nuestras instalaciones, la continuidad de los servicios básicos de energía, limpieza, seguridad, en fin, todos los servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano.
Pudiera mencionarles un gran número de acciones que se han realizado en el Consejo, pero me limitaré a señalarles algunas de las que considero más sobresalientes, siempre en el entendido de que los datos completos están en el anexo con todas las acciones de cada una de las áreas. Por ejemplo, en un ejercicio de congruencia funcional y de eficiencia presupuestal, en el Consejo revisamos la necesidad de la existencia y creación de nuevos órganos jurisdiccionales en el país.
Así, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos propuso revisar su número, ubicación y especialidad. Por ello, se tomó la decisión de ya no contar con ciertos órganos jurisdiccionales que en años anteriores se había determinado crear, y se cancelaron 31 órganos en distintas ciudades y circuitos, a cambio, posteriormente, se nos propuso instalar otros 27 nuevos órganos que ya están siendo instalados en todas las competencias del país.
La implementación, en una primera etapa, del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, nos comprometió a instalar y poner en funcionamiento al menos una sala de justicia de ese novedoso sistema penal en cada una de las entidades de la República Mexicana. Lo hicimos y cumplimos en tiempo y forma. En el Consejo de la Judicatura estamos conscientes de que ha sido una gran tarea y que falta por completar, por ello, en compañía del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de los representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de Gobernadores de todo el país y de magistrados de los diversos tribunales nacionales, el 17 de junio pasado, di el malletazo como símbolo de la entrada en vigor del nuevo sistema en todo el país.
Tenemos, a esta fecha, ya instaladas y funcionando 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio, pero necesitamos más para satisfacer con plenitud y eficacia los requerimientos de justicia, porque el número de asuntos en esta materia es creciente, en el breve período de su plena implementación en junio pasado y hasta ahora, ya tenemos poco más de 15,000 asuntos en este nuevo sistema, de los cuales una buena parte, por cierto, se tramita en los centros de Guanajuato con unos 1,300, en Puebla con unos 600, y según se explica, debido a los delitos relacionados con robo de hidrocarburos en esa zona, aunque el Estado de México también está creciendo en número de causas penales que llegan ya a casi 600, seguidos, en su cantidad, por Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.
Quiero resaltar que de estos asuntos sólo el .6% han acabado en juicio propiamente dicho, o sea sólo unos 90 asuntos de los 15,000, lo que demuestra las bondades de los medios alternos como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado.
En el Consejo de la Judicatura Federal estamos avanzando y cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales en este nuevo sistema penal. Aún falta, tendremos que consolidar el sistema con más centros y más jueces especializados. De los cuales, por cierto, hemos adscrito ya a 95 juzgadores previamente seleccionados en rigurosos exámenes de oposición.
Para ello, estamos construyendo instalaciones dignas del Poder Judicial de la Federación, para recibir a los justiciables, en muchas ciudades del país con el apoyo de las autoridades locales y aun ─destaco─ en las Islas Marías, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina, porque antes de esto no se contaba prácticamente con ninguna instalación propia, sino un pequeño local prestado.
Desde luego, el nuevo sistema penal es sólo una relativamente pequeña parte del sistema de Justicia Federal; los demás órganos jurisdiccionales requieren también nuevos juzgadores preparados y capacitados. Por ello hemos realizado varios concursos de oposición y este año han resultado electos, por sus méritos, unos 325 jueces y unos 132 magistrados de circuito. Esto demuestra nuestra voluntad de enfrentar los retos de la creciente demanda de justicia federal, protectora de los derechos humanos, mediante acciones concretas.
En el Poder Judicial de la Federación desde hace más de veinte años, la selección de juzgadores se realiza mediante concursos de oposición, en tres etapas en las que la imparcialidad de los jurados calificados, conforme a la ley, es innegable. Se cuida que en las primeras etapas, incluso la identidad de los participantes no se conozca para que ello no influya en el ánimo de quienes califican. La selección final se realiza ateniendo a parámetros objetivos en los que no puede haber ninguna injerencia ajena, desterrando el antiguo dedazo en la designación de juzgadores.
En este sentido el Poder Judicial de la Federación no sólo es líder en ese sistema, sino que tiene ya una tradición estructurada con muchos años de experiencia.
Por otra parte, hemos innovado en el sistema de celebración de diligencias en el extranjero, con la cooperación de la Titular de la Secretaria de relaciones Exteriores que ya las estamos haciendo en la vía de video conferencia, así YA NO SE NECESITA QUE SE TRASLADE PERSONAL A LEJANOS PAÍSES A REALIZAR ESAS ACCIONES. Ello, mediante un convenio celebrado con esa Secretaría de Estado para la tramitación de diligencias judiciales y de éste, para su desahogo en el territorio nacional
Muchos de ustedes saben que la nueva Ley de Amparo exige juicios en línea y expedientes digitalizados. Bueno, para ello no sólo estamos trabajando con nuestros sistemas de cómputo que lo hacen posible actualmente, sino que además hemos iniciado un ambicioso programa, quizá único en el mundo, con todos los tribunales del país, para que se unan a este sistema electrónico y construyamos una gigantesca base de datos con los registros de todos los asuntos del país y logremos una interconexión que abata los tiempos perdidos, los trayectos de expedientes, el uso irracional del papel, haciendo todo más eficiente y rápido en beneficio directo de los justiciables y de todo el ecosistema nacional. Ya logramos concretar convenios con todos los Tribunales Superiores de nuestro país. Gracias señores Magistrados Presidentes.
Creo que es un dato interesante, el decirles que está a disposición del público en general y de uso cotidiano un sistema informático que permite promover demandas vía internet y además de notificaciones, enterarse de resoluciones, un juicio en línea, funcionando. Para la promoción de juicios de amparo existe acceso en internet para cualquier persona, gracias a ello, se han tramitado y recibido ya más de 41 mil demandas, 41,987 ─exactamente─, y no se diga de las diversas promociones para el impulso procesal de esos juicios que ya suma más de 30 mil Y TODO CON NUESTRO PROPIO SISTEMA, DESARROLLADO POR NUESTROS COLABORADORES ESPECIALIZADOS, que no requieren ni el pago de rentas ni de autorizaciones ajenas para sus modificaciones.
El SISE o Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, conlleva, además del trámite electrónico de juicios de amparo, los procesos de oralidad penal y comunicaciones oficiales, así como el Control Biométrico para el control de procesados en libertad.
El Poder Judicial de la Federación es pionero y ejemplo de modernidad y utilización de las herramientas informáticas más avanzadas y especializadas, y desarrolladas por nosotros mismos.
SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA.
También nos hemos esforzado en la defensa y protección de las víctimas de todos los niveles. Tenemos, desde luego, defensores públicos federales perfectamente capacitados, que actúan de inmediato. Pero nos preguntarán ¿hay defensores para los integrantes de los pueblos indígenas? ¡CLARO! Avanzamos en la capacitación y preparación de defensores bilingües de los cuales tenemos ya de forma institucional 21 que nos permiten apoyar a personas en 35 lenguas y variantes indígenas. Por más que nos ayuden y auxilien para prestar el servicio posible para cumplir con la Constitución.
Para la defensa de las mujeres, no sólo para lograr juzgar con perspectiva de género que es fundamental, sino también en apoyo de la defensa de mujeres que se encuentren involucradas en procesos penales, así, hemos celebrado un convenio con INMUJERES para que, con la participación del Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto de la Judicatura Federal realicemos talleres de Defensa Penal, y se han celebrado ya en varias ciudades de la República estos eventos. Sólo como un dato relevante les menciono que se han prestado más de 11,700 servicios de Defensoría Pública Federal en este año.
En materia Federal no queremos que nadie se quede sin la defensa adecuada, hacemos esfuerzos importantes para lograrlo cabalmente, por ello el Instituto Federal de la Defensoría Pública también participa en el apoyo jurídico de los migrantes en territorio nacional, incluso con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el que hemos trabajado en las mejores prácticas en favor de dichas personas.
En materia de asesoría jurídica a las víctimas del delito, especialmente del secuestro, hemos asignado a 17 Asesores Jurídicos especializados que se ubican en varias ciudades de la República, los que han continuado con la representación de personas que son víctimas directas o indirectas de este infamante e inhumano delito privativo del fundamental derecho a la libertad.
Para este órgano fundamental del Estado, ─el Consejo de la Judicatura─ esta actividad tiene una gran importancia, por ello hemos tenido que prolongarlo tomando en consideración que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas todavía no ha estado en aptitud de conocer de todos los casos que se presentan. Por ello, conscientes en el Poder Judicial de la Federación de que ese servicio es indispensable, de noviembre de 2015 a la fecha, estos Asesores Jurídicos han asumido la representación de 543 nuevos casos.
Ahora, pido su atención para decirles que entendiendo que el sistema penal no depende únicamente de los jueces y que no podríamos hacerlo sin la participación de todas las partes que la ley señala como partícipes del sistema, también hemos realizado seminarios de capacitación con criterios jurisdiccionales con la colaboración y participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, con sus titulares y su servidor, realizamos convenios para que se realicen estos trabajos, se capaciten y se trabaje interactivamente en estas labores fundamentales para el Estado Mexicano.
Agradezco de sobremanera el interés de los titulares de estas Secretarías, para lograr que las cosas no sólo se hagan con más eficiencia, sino que se hagan mejor, con apego a la ley, para que entre todos logremos un combate a la delincuencia real, completo, satisfactorio y con respeto a los derechos humanos de todos, de los acusados al igual que de las víctimas y los ofendidos y por lo tanto, de toda la sociedad.
El sistema penal es precisamente eso, un sistema, no es sólo labor o responsabilidad de los jueces, es una tarea en la que participan actores diversos. La Constitución, que es la voz escrita del pueblo, señala que para que el sistema funcione adecuadamente, las autoridades encargas de la investigación de los delitos, la fuerza pública responsable de la persecución y aprehensión de los delincuentes, los mandos, los elementos operativos, los agentes del Ministerio Público que los conducen, los jueces de control que los autorizan, los peritos, los abogados defensores, incluso los testigos y las víctimas, todos somos partes integrantes de este gran sistema y somos responsables de hacer bien la tarea, correctamente, lo que significa que hay que cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona, si es que REALMENTE se toman en serio, como se comenta, incluso, en el interior de este Tribunal. En ese sistema los jueces federales no sólo debemos cumplir con nuestros deberes, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo haga.
Sólo como ejemplo, recordemos lo que exige el artículo 20 de nuestra Norma Suprema que dice: “… Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.
Participamos, desde luego, de manera relevante en este sistema penal, y lo hacemos de manera responsable. Prueba de ello es que se realizaron múltiples acciones en el procedimiento penal, en la tarea de combatir el delito.
Así, nuestros jueces emitieron legal y oportunamente 859 órdenes de cateo el 70% de las solicitadas; de las peticiones de arraigo se concedieron 24; esto es el 63%, de las pedidas; además, los juzgadores federales dictaron 3,702 órdenes de aprehensión, de las cuales 456, ya correspondieron al nuevo sistema, así como otras muchas medidas legales, siempre que han estado plenamente justificadas a criterio de los jueces y conforme a la ley. Como resultado de los procedimientos y juicios llevados ante los jueces federales se dictaron 3,702 sentencias condenatorias en materia federal.
No somos indiferentes a la problemática del país, ni evadimos nuestras responsabilidades. Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, no es opcional, no podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla.
A pesar de lo que la opinión pública o los medios señalen, NADIE ES CULPABLE SINO HASTA QUE ASÍ SE DEMUSTRE SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y HASTA QUE EXISTA SENTENCIA FIRME INMODIFICABLE DE UN JUEZ COMPETENTE QUE ASÍ LO DETERMINE.
¡QUEREMOS UN MÉXICO EN PAZ, QUE VIVA EN TRANQUILADAD!
AL IGUAL QUE TODOS, EXIGIMOS EL RESPECTO DE LOS DERECHOS SIN DISTINCIÓN, COMO JUECES ES NUESTRA TAREA Y OBLIGACIÓN VELAR POR LA EXISTENCIA REAL Y EFECTIVA DEL ESTADO DE DERECHO.
Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido. ¡TODOS SOMOS CIUDADAMOS DE ESTE GRAN PAÍS! Y TODOS SOMOS SOCIEDAD.
No podemos, no debemos, estar enfrentados, hay que estar juntos, trabajar en equipo conforme a las responsabilidades propias de cada uno, sólo unidos, apoyándonos unos a otros, podremos, como lo hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia, salir airosos y triunfantes frente a cualquier problema, por grave o difícil que parezca.
Pasando a otro asunto también de gran importancia.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el Poder Judicial de la Federación nos preocupamos por el respeto de todas las personas sin distinción y es de nuestro máximo interés estar atento a eliminar los obstáculos, físicos, legales y de actitud que la que la sociedad impone a las personas con discapacidad. Por ello, en la reunión conjunta que periódicamente celebramos los tres órganos de gobierno del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal dispusimos que en todas las instalaciones, edificios y Centros de Desarrollo Infantil se hicieran las adaptaciones necesarias para que cualquier persona, niño, niña o adolescente, pueda acceder sin dificultad alguna.
Ministros, Consejeros y Magistrados Electorales estamos trabajado intensamente en ello, hemos adoptado medidas positivas con un sentido de progresividad para lograrlo, puedo afirmar que en el CENDI de la Corte y en prácticamente todo este edificio sede ya lo hemos razonablemente alcanzado al 100%. En ese camino se ha expedido un nuevo Reglamento del CENDI denominado “Modelo de Inclusión Educativa en el Centro de Desarrollo Infantil, Artículo 123 Constitucional”, para garantizar las condiciones de accesibilidad e inclusión de niños y niñas.
Tenemos un avance del 90% en los demás inmuebles del Poder Judicial de la Federación, y reconozco el compromiso en esas tareas de Consejeros y Consejeras de la Judicatura Federal, de las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Apenas el pasado lunes 5 de este mes de diciembre, acompañados del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, del señor Secretario de Educación, del Procurador General de la República, de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y de representantes de la Secretaría de Gobernación, así como del señor Jan Jarab representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la doctora Mercedes Juan, titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, anunciamos el haber adoptado una política permanente en el Poder Judicial de la Federación a favor de la no discriminación, y por la efectiva inclusión en todas nuestras áreas y actividades. Que incluye la adaptación —incluso— de las páginas de Internet e Intranet institucionales, del aprendizaje de nuestro propio personal del lenguaje de señas, de puertas automáticas y de muchas otras medidas más.
Para avanzar en estas metas hemos contado con el auxilio entusiasta de varias organizaciones dedicadas y conocedores de estas problemáticas como son: Libre Acceso, A.C., Accesibilidad Web Hearcolors, centro Panamericano COLARE, Fundación Inclúyeme y, desde luego, hago un reconocimiento a Comunicación para la Inclusión, A.C.
Debo destacar, con satisfacción, que comenzamos ya por hacer realidad también el acceso laboral a las personas con discapacidad, pues hemos dispuesto la creación de plazas que estén dedicadas exclusivamente para ser ocupadas por personas con esa condición, garantizando con ello siempre las posibilidades de trabajo. Sin perjuicio, desde luego, de que también puedan ocupar cualquiera otra plaza del Máximo Tribunal. Esta es una labor que nos enorgullece y que hasta ahora —creo— hace líder a este Alto Tribunal en ese noble campo.
En el edificio que también alberga algunas instalaciones de la Corte, en los Tribunales Colegiados, ubicados en Avenida Revolución, también se han realizado al 100% las adaptaciones necesarias.
Liberemos nuestro entorno de obstáculos y estorbos físicos y especialmente mentales, cambiemos nuestras actitudes, desterremos los prejuicios, porque toda persona es digna de protección y de reconocimiento por su valor y su intrínseca dignidad humana.
Esta Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 96/2014 ha sustentado el criterio de que conforme al modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Yo, por supuesto, me adhiero a esto, y estamos trabajando para solucionarlo en nuestro entorno.
También en apoyo y cuidado humano a nuestro personal, mejoramos y modernizamos las instalaciones médicas de que disponemos y que tienen como propósito dotar de un primer paso profesional para diagnosticar y enfrentar los problemas menores e incipientes de enfermedad y, en su caso, servir como cause del paciente a instituciones de salud preparadas para ello.
CAPACITACIÓN
Pasando al rubro de capacitación, puedo señalar que es expresión común, pero no por eso menos cierta, que en toda institución el elemento humano es la esencia del sistema. Desde luego no lo es menos en el sistema Judicial Federal de México. Estamos interesados y ocupados por velar por nuestros jueces y empleados.
Básteme decirles que hay un sistema permanente de capacitación para los juzgadores y sus colaboradores, que igual se lleva a cabo en el interior del propio Poder Judicial de la Federación, a través del Instituto de la Judicatura Federal y sus extensiones, así como cursos en el extranjero, como los que se han llevado sistemáticamente en Puerto Rico, al que han asistido numerosos juzgadores a capacitarse, unos 290 en lo que va del año, viendo y oyendo juicios orales en directo en tribunales con una ya larga historia en la materia. Además de muchos convenios que se cumplen con universidades tanto públicas como privadas, en donde se estudia, se prepara y se obtienen grados profesionales.
Un aspecto que quiero resaltar es el convenio que se tiene con la UNAM y la Fundación UNAM, que permite apoyar a los estudiantes con prácticas en nuestros tribunales y que incluso apoya con un dinero extra. Ello nos trajo el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalando que este programa de México es para las buenas prácticas el fomento en los jóvenes para los principios de permanencia y ética judicial.
Tengo la plena convicción de que las instituciones, con su capital humano invaluable, con el talento y el compromiso de cada una de las personas que participan en ellas, son las que sostienen y sostendrán el presente y el porvenir de México.
La igualdad de género es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación. En este rubro debo resaltar el objetivo del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, en el que participan las tres entidades del Poder Judicial de la Federación, presidido por la señora Margarita Beatriz Luna Ramos, a la que reconozco su incansable labor.
SEGURIDAD DE JUZGADORES
Un tema de especial relevancia y recientemente también de atención mediática, es la seguridad y protección con que cuentan los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, y el interés de la sociedad por saber cuáles son las condiciones de seguridad con que dotamos a jueces de distrito y magistrados de circuito.
Déjenme mencionarles con énfasis responsable que tenemos protocolos y sistemas previstos para proporcionar a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos, hasta para sus familias. Esto no es novedad en el Poder Judicial de la Federación, tiene ya varios años de implementado, no estamos sólo reaccionando a un evento en particular ni mucho menos hasta ahora.
El terrible e inhumano asesinato del juez ocurrido en la ciudad de Toluca es un hecho que detestamos personal e institucionalmente, ninguna agresión a ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptado ni tolerado, mucho menos el homicidio.
Lo que quiero dejar en claro es que las autoridades de procuración de justicia, a las que ello les corresponde, están haciendo la investigación de este atroz evento y tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó.
Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado.
Para enfrentar el problema de seguridad de los juzgadores, no han faltado voces queriendo proponer soluciones, como si no tuviéramos medidas en el Poder Judicial de la Federación para enfrentar esas amenazas, las tenemos, están en marcha y no de ayer ni de hace poco sino por el contrario, dentro de la responsabilidad para asegurar la tranquilidad de los juzgadores, como elemento de su independencia, hace ya varios años que se han tomado medidas para propiciar ese entorno seguro.
No generemos un ambiente de temor injustificado para nuestros juzgadores y sus familias y propiciemos con ello —sin querer— un lastre en su libertad y tranquilidad para juzgar.
Me permito, brevemente, dar este dato: a 79 jueces de distrito y magistrados de circuito se les ha dotado de seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano con ellos.
Y desde luego, si pudieran ser más los que lo necesitan, así lo haremos, les daremos la protección, dentro de los protocolos que ya existen y siempre que ellos mismos así nos lo digan y comprobemos desde luego razonablemente que lo requieren.
Lejos estamos de que la violencia contra nuestros jueces o nuestro personal sea algo cotidiano, afortunadamente el detestable homicidio de nuestro Juez es un caso excepcional no por ello menos indignante y terrible… pero aislado. Contamos con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Marina e incluso policía de la Ciudad de México y de las Entidades de la República.
Todo ello además de que todas nuestras instalaciones cuentan con personal de seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado.
En el Consejo de la Judicatura Federal, su Presidente, Consejeras y Consejeros actuamos con gran responsabilidad ante las amenazas y, en consecuencia, tomamos las medidas necesarias para garantizar la integridad de todos y cada uno de nuestros colaboradores y con gran importancia también del público usuario que asista a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.
NO LO PODEMOS DEJAR AL AZAR, NI PODEMOS SER INDIFERENTES A ELLO SIN CAER EN LA IRRESPONSABILIDAD, POR EL CONTRARIO ACTUAMOS CON SERIEDAD Y RESPETO POR LA VIDA HUMANA.
DISCIPLINA
Es un mito y una consigna mal intencionada que el Consejo de la Judicatura Federal no sanciona a los malos servidores públicos. Nada más erróneo y equivocado, por supuesto que sancionamos a los malos elementos, y separamos a los corruptos. Cualquier funcionario corrupto es detestable, pero es absolutamente intolerable, repugnante y aborrecible aquél que ocupa el cargo de juzgador. La esencia del juez, su inherente independencia, es esencialmente incompatible con la corrupción.
La legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por lo tanto acatable. Tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra de la naturaleza de un juez, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. ¿Cómo podríamos tolerar a un corrupto? LO DIGO TERMINANTEMENTE Y SIN RODEOS, ¡DE NINGUNA MANERA! NO HAY FORMA.
Y es corrupto no sólo aquél que acepta dádivas económicas, que es el más obvio, sino todo el que corrompe el servicio de justicia, la dignidad del juez, el que agrede a sus compañeros, el que abusa de sus empleados, el que ofende a las mujeres, el que no tiene una conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo y aun el que no aprecia debidamente y tiene orgullo de su propio papel en la vida institucional.
Los expedientes relativos a los procedimientos disciplinarios de oficio e investigaciones, se llevan a cabo sin recurrir a parámetros generales de actuación, esto es, se realizan atendiendo al caso concreto, con pleno respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, que deben imperar en cualquier procedimiento.
Siguiendo esos principios hemos sancionado este año, a 63 funcionarios del Poder Judicial de la Federación mediante procedimientos disciplinarios en forma de juicio. De entre ellos están 11 magistrados de circuito, con sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión del cargo.
Y por si fuera poco, y en nuestra decisión de no tolerar a los malos funcionarios, hemos sancionado a 14 jueces de distrito, con sanciones diversas, pero creo que es importante mencionar que en este año sancionamos con destitución a DOS JUECES DE DISTRITO por considerar que sus conductas son indignas de un juez e intolerables para seguir con su función.
CANAL JUDICIAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Pasando al ámbito de la comunicación, el incremento de la producción cultural y de noticias se debe, en gran medida, a la reestructuración del Canal Judicial, que se llevó a cabo para establecer flujos de trabajo basados en la comunicación horizontal permanente en las distintas áreas, así como para aprovechar la especialización del personal y crear nuevos materiales audiovisuales.
En enero de 2016, a unos meses de cumplir diez años, el Canal Judicial estrenó una nueva identidad gráfica, imagen y logotipo que pretenden reflejar el concepto de transparencia implícita en su misión y objetivos de acercar a la sociedad a las tareas del Poder Judicial de la Federación. En este año, el Canal Judicial produjo doscientos treinta y un programas propios que abordaron variados temas del Derecho. Tenemos muchos programas nuevos y producidos por el mismo Canal. La información a detalle también se puede consultar en el anexo del informe.
En nuestro propósito de mantener una comunicación con la sociedad, favorecemos la difusión de mucha información tanto de la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la del Consejo de la Judicatura Federal. Conscientes de que las actuales herramientas de comunicación que son las más eficientes, en la tarea de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, nos incorporamos mediante la red social denominada Facebook, en donde en menos de seis meses rebasamos ya ciento veinte mil seguidores, con lo cual logramos llegar literalmente a millones de usuarios.
A ello se suma la cuenta de Twitter@SCJN, que actualmente es la de mayor número de seguidores de las Cortes Supremas de habla hispana, y la tercera en ranking mundial en la materia. Además del Newsletter que tiene ya treinta mil suscriptores que reciben cotidianamente la información de la actividad del más alto Tribunal. La Dirección General de Comunicación del Consejo también participa en esquemas semejantes.
Estamos en casa de cristal y queremos que se vea y se sepa lo que hacemos por lograr una justicia protectora.
Hemos cumplido con nuestros objetivos y metas, algunas de ellas necesariamente revisadas y corregidas por la continua movilidad del entorno social y la satisfacción de sus necesidades de justicia cercana, eficiente y expedita, y gracias a ello se han cumplido satisfactoriamente los propósitos.
Falta mucho por hacer, y más si consideramos que cada año, de manera creciente, en el Poder Judicial de la Federación enfrentamos más de un millón trescientos mil nuevos asuntos, es evidente que requerimos de más infraestructura y personal, pero tampoco hay duda alguna de que sabemos afrontar con eficiencia y oportunidad los retos que se nos impongan desde la Constitución y la ley. De entre ellos avizoramos la histórica reforma de la justicia laboral. Si la norma nos asigna nuevas tareas, las cumpliremos, de eso no quepa duda, así como cumplimos con el compromiso básico de implementar una nueva justicia penal acusatoria en el ámbito federal.
CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN.
Estamos ya muy cerca de celebrar, con alegría y compromiso, los cien años de nuestra Norma Fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, muy próxima ya a cumplir cien años, es la expresión de la voluntad de una sociedad que opta, desde luego, al fundarse en ella, por la legalidad y la institucionalidad, tutelando libertades, la equidad social, la responsabilidad y limpieza en el desempeño de las funciones públicas, las garantías para la defensa eficaz de sus derechos, que abata la impunidad, erradique la violencia y preserve, en consecuencia, la paz.
Con entusiasmo hemos continuado con los trabajos y participaciones en torno a ese centenario aniversario.
La Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado diversos trabajos editoriales y académicos. El señor Ministro Cossío encabeza esta Comisión del Poder Judicial y baste mencionar que de las veintidós publicaciones de este año, más las quince del año pasado, suman ya una buena cantidad de publicaciones en honor de nuestra Constitución. Tenemos por ejemplo:
-La Suprema Corte y la Política.
-Álvaro Obregón y la reforma a la SCJN en el año de 1928.
-La visión de Palavicini del Derecho Constitucional a principios del Siglo XX.
-La creación y evolución del Consejo de la Judicatura Federal.
Entre otros muy interesantes artículos que tienen como eje central nuestra Constitución.
Nos comprometimos, como institución, a apoyar al Comité del Poder Judicial de la Federación, con entusiasmo. Además de las publicaciones que mencioné y otras, también realizamos diversas actuaciones académicas.
ACTIVIDADES EN GENERAL.
Sin dejar de reconocer la importancia de muchas otras actividades realizadas por el Poder Judicial de la Federación, y sin el propósito de ser exhaustivo ahora que rindo ante ustedes un informe público general que no puede tener razonablemente una gran extensión, sin el riesgo de perder ya totalmente su atención y que –por ello– dejen de prestar oído a lo que les quiero comunicar, sólo les diré –ya próximo a terminar– que participamos y generamos muchas actividades de interlocución, capacitación, interrelación y recíproca interacción con muchas instituciones nacionales e internacionales.
Con esos propósitos menciono –por su relevancia– el Quincuagésimo Quinto Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el que por invitación de este Alto Tribunal, nuestro país fue sede, de especial relevancia a este evento por la interrelación que existe ya entre ambos tribunales, así como el Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género, que –hasta este momento– ha sido firmado ya por 21 entidades federativas, así como la celebración del Segundo Encuentro Internacional “Juzgando con Perspectiva de Género”.
Hemos hecho 6 seminarios y 54 Conversatorios Jurisdiccionales entre la Federación y las entidades federativas, que tienen especial relevancia porque en el nuevo sistema están vinculados los sistemas de justicia local con el sistema federal especialmente, a través del juicio de amparo.
Se desarrolló e implementó un sitio electrónico específico con las obligaciones en materia de transparencia, que consta de 45 páginas electrónicas alojadas en nuestro Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Centro de Estudios Constitucionales celebró la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho Constitucional.
En nuestro carácter de Tribunal Constitucional, fuimos anfitrión del Vigésimo Segundo Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina.
Hasta aquí menciono esto, cuya información está disponible en el anexo. Son, muchas más las actividades, muchas más las que se han realizado.
Por último, no puedo dejar de agradecer la cuidadosa y solidaria participación de los Ministros miembros del Comité de Gobierno, que con su consejo me ayudaron a avanzar responsablemente en las tareas de administración de este Alto Tribunal.
Especialmente agradecido con las señoras Ministras y los señores Ministros, todos compañeros míos y yo sólo uno de sus pares. El profesionalismo, la inteligencia, prudencia y sabiduría que han demostrado en las sesiones del Pleno de este Tribunal Constitucional que me han encargado ellos conducir, ha permitido que se genere un debate de ideas y reflexiones, siempre útiles a la justicia de nuestro México. Su respetuoso y afable trato y la cordial relación entre todos sin enfrentamientos personales, sino sólo con razones e ideas, disintiendo o coincidiendo, nos permitió arribar a las metas de justicia constitucional que nos marca la Norma Suprema.
Gracias, también sentidamente, a las Consejeras y a los Consejeros de la Judicatura Federal, mis compañeros, que con el trabajo en nuestro Pleno ha llegado a alcanzar grandes metas que se veían difíciles de llegar.
A todos mis colaboradores más cercanos en la Presidencia, a los empleados, a los trabajadores de limpieza, a los de apoyo a Ministros y a Consejeros, a los de seguridad, a los de los Institutos Auxiliares y, en fin, a todos los que formamos este Poder Judicial de la Federación que cumple con MÉXICO, mi más sinceras gracias y, desde luego, a mi esposa y a mi familia, por todo el tiempo que no les he dado.
Señoras y señores:
Como garante del orden constitucional, el Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de aportar elementos que permitan a la sociedad participar –activamente– en el proceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental y a los principios que establece.
A todos ustedes les expreso la mayor disposición y apoyo, de parte del Tribunal Constitucional de México, del Consejo de la Judicatura Federal y de todo el Poder Judicial de la Federación, para que en los albores del centenario de nuestra Ley Suprema, juntos, UNIDOS, redoblemos nuestros esfuerzos para ser ejemplo de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo mandata nuestra Constitución, y así cumplir con uno de los mayores anhelos surgidos de la gesta independiente de nuestra República, cincelado por Morelos hace más de doscientos años con la frase: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Hagamos juntos realidad el anhelo de los constituyentes reunidos en Querétaro hace casi 100 años; hagamos, siempre unidos, realidad el gran anhelo del pueblo de México para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra.
Muchísimas gracias.
HOY, MIÉRCOLES CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA SOLEMNEMENTE CLAUSURADO EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO, CON EFECTOS AL DÍA QUINCE SIGUIENTE.
Asimismo, convoco a los señores Ministros a la sesión pública del próximo lunes dos de enero del año dos mil diecisiete y, solicito a los señores Ministros Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán –Presidentes, respectivamente, de la Primera y Segunda Sala de este Alto Tribunal– para que una vez concluida la interpretación del Himno Nacional y, por ende, la clausura de esta sesión solemne, acompañen al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie y a interpretar el Himno Nacional.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
(SE LEVANTÓ LA SESIÓN SOLEMNE A LAS 14:20 HORAS)
