Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Metidos de cabeza en las elecciones presidenciales más complicadas que se hayan vivido nunca antes en México, los mexicanos inauguramos métodos, tiempos y formas de comunicarnos con candidatos y todos quienes participan en este proceso.

Sumidos en una vorágine de desconfianza e incredulidad prácticamente a todo lo que signifique un trámite oficial, los mexicanos vemos gatos encerrados y complots sobre todo en lo electoral.

Por ello desde 1994 todos los procesos electorales presidenciales realizados en este país siempre se han realizado bajo una nueva legislación y con reglas distintas.

Las reformas electorales han dominado todos estos procesos. El del 1 de julio de 2018 no podía ser la excepción. Y todo porque siempre hay o desconfianza o inconformidad con los resultados del proceso anterior.

Es por ello que por primera vez hoy el proceso electoral se ajusta a un estricto calendario que enmarca las diferentes etapas del proceso.

Y todo porque los partidos y sus diputados y senadores lo convinieron y aprobaron así.

Este proceso presidencial y federal, para renovar no sólo al Presidente de la República sino a los 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores, 1 mil 596 presidentes municipales y varios cientos de diputados locales arrancó el 8 de septiembre de 2017.

A partir de ahí se han cumplido paso a paso a lo largo de 8 meses todos los procesos para validar y legitimar estas elecciones.

Al final todo ello servirá para que en 10 horas del primero de julio, se presenten a votar –calculan- unos 65 millones –más o menos- de los 85 millones que estamos inscritos en la Lista nominal del INE, es decir, quienes no solamente nos inscribimos en el Padrón Electoral sino que acudimos a recoger nuestra credencial sin la cual no podríamos votar.

En este proceso participarán varios millones de ciudadanos que serán quienes estén en las casillas como presidentes de estas, como escrutadores y representantes de partidos o como observadores. Ninguno de ellos trabajará ni para ningún partido no para el INE. Así se garantiza hoy que las elecciones sean operadas exclusivamente por ciudadanos.

Pese a todas estas reglas y entramados los mexicanos seguidos dudando de los resultados electorales.

Es por ello que durante los procesos recientes se ha reforzado este proceso con el levantamiento de encuestas vigiladas y sancionadas por el INE y los debates entre candidatos.

Unas y otros, no forman parte de nuestra cultura electoral.

Las encuestas y los debates son herramientas y usos de la cultura electoral anglosajona, surgidos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia y esos países.

Así encuestas y debates prácticamente no tienen mayores repercusiones entre los mexicanos. No determinantes como sí lo son en los países antes mencionados.

De ahí que el segundo debate realizado el domingo anterior en Tijuana, Baja California no haya tenido mayores consecuencias en los índices de preferencias electorales.

El primer debate fue seguido por la TV por 11 millones de mexicanos y por quizá 5 millones más a través de redes sociales, Twitter y Facebook preferentemente.

El segundo quizá ronde un poco más que eso.

Pero el caso es que somos 85 millones los inscritos en la Lista Nominal es decir al final 69 millones no vieron ni les interesó el primer debate y quizá el segundo ante por lo mismo.

Frente a esta realidad cabe preguntarse: ¿para qué sirven los debates?, ¿realmente impactan en algo?, ¿sirven para que un número determínate de mexicanos sepan de las propuestas y personalidades de los candidatos?

Pues no.

La verdad, visto así, conociendo estos datos, los debates son un engaño y una pérdida de tiempo.

Prácticamente no definen nada.

A este proceso electoral en curso le faltan sólo 38 días y un debate más, a realizarse en Mérida el 12 de junio próximo.

En este lapso, confían los grupos de campaña de los 4 candidatos presidenciales, deberán darse los ajustes finales que determinarán cambios de preferencias.

Señalan que es en estos últimos días cuando los ciudadanos toman sus decisiones finales. Y muchos coinciden en que es ahí donde se determina una elección.

Por lo pronto todo sigue como hasta hoy: Andrés Manuel López Obrador en la punta con un porcentaje que va de los 32 a 48 o más puntos arriba según las encuestadores que se traten; Ricardo Anaya en un segundo lugar y José Antonio Meade en un tercer lugar… con Javier Rodríguez, El Bronco, a la cola.

Ya tenemos la experiencia de que al final el ganador no es quien puntea en las encuestas. Aquí y fuera de México. Así que nadie puede cantar victoria. Eso ocurrirá la noche del 1 de julio y los días siguientes.

Mientras tanto la recomendación es que nadie se caliente.

GAMBOA REINICIA NEGOCIACIONES

De acuerdo a sus propias declaraciones, el coordinador de los senadores del PRI, el yucateco Emilio Gamboa, entre hoy y mañana se reiniciarán los contactos y negociaciones entre los coordinadores Fernando Herrera, de los senadores del PAN; Carlos Puente de la bancada del Verde; Manuel Bartlett de PT-Morena y Luis Sánchez, del PRD, para buscar relanzar el proceso de búsqueda de un Fiscal General de la Nación.

La intención es que todo ello culmine con la realización de un período extraordinario entre fines de julio y las 2 primeras semanas de agosto, para así concluir la actual legislatura.

La designación del Fiscal General sería uno de los pasos más importantes en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción porque sería el primer fiscal autónomo transexenal que sería elegido para un período de 9 años y con un poder, afirman, muy grande.

Este Fiscal sería el primero en México en no atender ni depender de la voluntad o instrucciones del Presidente de la República, sea quien sea que sea el elegido el 1 de julio.

¿Lo logrará Gamboa?

EXIGEN TRANSPARENTAR FIDEICOMISOS

La bancada de Acción Nacional que coordina el aguascalentense Fernando Herrera en el Senado exige que la Secretaría de Hacienda informe monto, origen y destino que se le da a todos los fideicomisos que opera el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Tradicionalmente estos fideicomisos son manejados sin control alguno por los gobiernos federales, independientemente del partido que gobierne. Así ocurrió durante los 12 años de gobiernos panistas.

Hoy los senadores blanquiazules han retomado una iniciativa de las asociaciones civiles FUNDAR y México Evalúa que estiman que los recursos públicos dentro de esos fideicomisos que son operados con discrecionalidad y falta de transparencia suman quizá 837 mil 500 millones de pesos, lo que representaría el 16% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

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