El 78% de los acosos laborales en el sector público, afirman juristas
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril, JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO.-El 78% de los acosos laborales documentados en México se perpetran en el sector gubernamental y de los 21% restantes corresponden a empresas privadas de los sectores de alimentos y bebidas y servicios de salud, entretenimiento y medios de comunicación con 30, 28, 22 y 21% respectivamente de acuerdo a un informe sobre acoso laboral efectuado por el Colegio Jurista.
De acuerdo a los datos de Acoso Laboral en México, de cada diez casos de acoso generado en la IP seis de ellos corresponden a empresas familiares con menos de 25 empleados.
Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista, comenta que tales estadísticas prueban que muchas compañías en México operan sin políticas formales y son más proclives a generar prácticas nocivas como el multitrabajo, concentración de labores en una persona, sentido de amiguismo e impunidad.
“El ser familiar o amigo del dueño o director es un factor recurrente en los casos de acoso laboral. Aunque en el país no existen políticas claras al respecto, en igual proporción que la carencia de reglamentos para los romances de oficina, que se tratan de manera intuitiva y sin bases documentadas al respecto, campea el sentido de actuaciones libres y a discreción. Esto es más notorio en el sector gubernamental”, menciona Manrique.
Aunque el jurista asevera que en México de cada 10 casos ocho de abuso el perpetrador tiene mayor jerarquía que la víctima, también existen historias donde el acosado es el jefe o superior en el organigrama empresarial. Asimismo, “cada vez crecen más los casos de que la víctima es del sexo masculino y en una proporción de 50 a 50 quien lo hostiga sexualmente en el trabajo es una mujer o un hombre”, dice el Rector.
En cuanto al acoso efectuado en el sector público, el estudio establece que éste resulta más común o denunciado porque no existen políticas claras sobre el comportamiento que debe observarse en el trabajo. “Los departamentos de recursos humanos en las dependencias gubernamentales se limitan a la operación del día a día y no establecen códigos de conducta ni se busca que cada empleado conozca la mística y visión de la dependencia. Así, las malas prácticas se arraigan y se aceptan como “naturales”.
