Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El siguiente relato lo narró de viva voz Martí Batres, presidente del Senado, a los periodistas hacia fines de la semana anterior.

Si no fuese por la seriedad y profundidad de sus consecuencias, la historia podría encuadrarse dentro del anecdotario kafkiano de la larga y absurda vida política mexicana, tan llena de casos insospechados.

El asunto es simple: un magistrado de las decenas que hay en el sistema judicial mexicano, que pretendía ser ratificado por otros 10 años y que fue propuesto para ello por el entonces presidente panista Felipe Calderón ante el Senado, no pasó la prueba y fue rechazado.

A partir de ese momento, ministro al fin, acudió a su amplio y muy mañoso manual de tretas legales e inició una serie de procedimientos que lo mantuvieron en la pelea contra el Senado a lo largo de 7 años al final de los cuales logró que un tribunal administrativo ordenara al Senado pagarle 3.5 millones de pesos de indemnización por “daños y perjuicios.

Es importante señalar que en esos 7 años de juicios y amparos el magistrado, quien responde al nombre de Juan Manuel Terán y Contreras (la “y” tiene su connotación en ciertos apellidos ¿no?, no sería lo mismo apellidarse solo Terán Contreras), no sólo cobro sus jugosos salarios mensuales con todo un aguinaldos y bonos, sino que en 2017 hizo su trámite de ¡jubilación!.

En fin, damos paso a lo dicho por Batres:

• Quiero comentar con ustedes una información que me parece relevante… un caso curioso… jurisdiccional, judicial.

“Apenas empezando esta Legislatura, llegó una sentencia del Décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que ordena al Senado de la República a pagar 3 millones 446mil 77 pesos con 17 centavos al magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa; que no fue ratificado para un nuevo periodo de 10 años, por el Senado de la República, en el año 2011.

Un asunto que ha pasado por cuatro Legislaturas y por tres Senados (segunda del sexenio de Calderón; dos Legislaturas de Peña Nieto y llega a esta del actual sexenio), un largo proceso

“Originalmente Felipe Calderón propuso que Juan Manuel Terán y Contreras, fuese ratificado por el Senado para un nuevo periodo de 10 años

El Senado, en ejercicio de sus atribuciones, decidió no ratificarlo.

 Y el magistrado se fue a un juicio de amparo… a lo largo de estos años el Senado defendió su decisión… pero diversos órganos del Poder Judicial ordenaron reponer el procedimiento, cosas que se hizo, y en algún momento de este proceso se citó a comparecer al magistrado ante las comisiones… citado en 2 ocasiones, no asistió.

“Y el Senado reconfirmó la no ratificación del ministro… y este siguió sus procesos jurisdiccionales. En esas un tribunal ordenó al Senado seguir un procedimiento para que, sin comparecencias, se valorara de nuevo al magistrado El Senado repuso el procedimiento y reiteró la no ratificación del magistrado.

“Así, el 1 de septiembre del 2018 el Juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, determinó que el Senado debía pagar al quejoso 4 millones 445 mil 947 pesos con 99 centavos.

“El Senado promovió un recurso para indicar que no se debía nada porque había actuado en razón de sus facultades soberanas al rechazar la ratificación del magistrado.

“Pero resulta que ahora el Décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, redujo un 1 millón de pesos de la sentencia anterior y ordena al Senado a pagar no 4 millones 445 mil 947 pesos con 99 centavos, sino 3 millones 446 mil 77 pesos con 17 centavos.

“¿Por qué ordena tal cosa? Porque considera que hubo daños y perjuicios contra el magistrado, y sentencia una especie de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones no devengadas por no haber sido ratificado.

“Se ordena el pago a pesar de que el magistrado no dejó de cobrar durante estos 7 años de duración del juicio ya que promovió una suspensión que le permitió seguir cobrando durante todo el proceso.

“Enterados de este caso, los integrantes de la mesa directiva del Senado decidieron presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justica misma que admitió revisar el caso”, indica Batres.

Ahora no vaya a resultar que la Suprema Corte decida a favor del ministro.

Como sea, no sólo está en juego lo del pago absolutamente absurdo, sino la facultad soberana, Constitucional del Senado de ratificar o rechazar nombramientos del Poder Judicial y del Ejecutivo.

Coincido con el presidente del Senado, no tenemos conocimiento de que haya un antecedente de una resolución judicial para indemnizar a un magistrado no ratificado.

Todo un tema.

OTRO CASO ABSURDO

Por estos días el portal “Sin embargo”, que dirigen los reconocidos periodistas Jorge Zepeda Patterson y Alejandro Páez Varela retoma el sorprendente caso del empresario juarense Carlos Chavira, quien fue objeto de un complot tramado por el entonces gobernador de Chihuahua César Duarte y los dirigentes nacionales de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani y Gustavo de hoyos para cerrarle el paso en su aspiración de dirigir, a partir de 2012, a ese sindicato patronal.

Promotor de grandes iniciativas dentro de Coparmex, Chavira había construido desde años anteriores una amplia red de apoyos para disputar la presidencia de esa organización.

Presidente de Coparmex en Ciudad Juárez -donde radican sus negocios de cartón y empaques para la poderosa industria maquiladora-, Chavira le propuso al entonces presidente Felipe Calderón organizar N 2011 un evento industrial cultural y deportivo de tal magnitud que mostrara al mundo que Ciudad Juárez era más que la ciudad más violenta del mundo.

Calderón lo apoyó. Eso despertó la animadversión del gobernador Duarte, quien lo consideró desde entonces como un virtual precandidato a la gubernatura del Estado.

Chavira, organizador de la exposición Juárez Competitiva -para la cual el Gobierno Federal aportó cerca de 50 millones de pesos, Duarte 20 por el gobierno de Chihuahua y Coparmex otros 30-, que reunió durante 18 días a casi 20 millones de visitantes con la participación de todo el gabinete económico de Calderón, la planta principal de los dirigentes empresariales del momento, además de ponentes como el exalcalde de Nueva YorkRudolph Giuliani, y el expresidente soviético Mijail Gorbachev, y de Ocesa empresa promotora del concierto binacional del Grupo Maná, quedó marcado.

Cumplido el evento y dispuesto a iniciar su campaña por la presidencia nacional de Coparmex, el empresario recibió los primeros indicios de un embate judicial-penal por parte del gobernador César Duarte quien luego se sabría ya habría hecho alianza con Gutiérrez Candiani y con De Hoyos para para a Chavira a través de acusarlo de fraude por las aportaciones del gobierno estatal a la exposición de Juárez Competitiva.

Duarte pensaba -han dicho varios de sus colaboradores-, que Chavira llegaría primero a la dirigencia nacional de Coparmex para luego ir por la gubernatura de Chihuahua.

De nada valió que el empresario juarense mostrara que ni el Gobierno Federal ni Coparmex hubieran encontrado irregularidades en el gasto del evento. Con las denuncias de Duarte el jurídico de Coparmex nacional le negó a Chavira la candidatura interna por la dirigencia nacional.

Gutiérrez Candiani, quien aspiraba entonces a ser candidato del PRI al gobierno de Oaxaca y quien ya tenía planeado dejar en su lugar a De Hoyos, terminaba de cerrarle el paso a Chavira. El contubernio Duarte – Gutiérrez Candiani estaba sellado.

En estos 7 años Chavira, desde El Paso-Texas a donde se exilió, ha enfrentado y ganado 10 juicios penales abiertos por la misma causa y con los mismos documentos -en su mayoría recortes de periódicos-, y que al parecer ya llegaron a su final.

Ahora viene por su reinserción.

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