Opinión

BLAS A. BUENDÍA

·         La elección del magistrado Rafael Guerra Álvarez es un factor positivo que con los hechos y su forma de trabajo, cambiará la percepción de la mala imagen que tiene la gente del Tribunal

·         Fin a las sentencias o fallos por encargo o consigna

Luego de las festividades de navidad y año nuevo en la transición del tiempo 2018-2019, al mediodía de este lunes 7 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México celebrará la toma de protesta del nuevo presidente de este Órgano de Jurisdicción a cargo del pejista Rafael Guerra Álvarez, quien logró ganar las elecciones internas con un margen de siete votos.

En el entorno, los retos del magistrado Rafael Guerra Álvarez en el TSJ son mayúsculos, dado que, por ejemplo, el Alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno precisó que el magistrado Guerra –nacido en la Ciudad de México-, cubrirá el periodo 2019-2021, sin derecho a reelegirse debido a las nuevas reformas que se suscriben en la Constitución Política capitalina y la Ley Orgánica del mismo Tribunal.

Si bien la elección del 8 de noviembre (2018), marcó un paradigma democrático tras registrarse dos rondas de votación, no fue tan fácil la tarea para quien encabezará el TSJ de la ciudad más grande del mundo y que está plenamente identificado por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que en sus años como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, lo asesoró durante el intento de desafuero en 2005.

Con la llegada de Rafael Guerra al TSJ, a sus 56 años de edad, le dará un gran cambio al interior de la institución encargada de impartir justicia, ya que con su designación ampliamente democrática, viene a poner fin al continuismo del tribunal capitalino, mismo que, a decir de analistas, fue señalado por varios excesos de poder, situación que prevalece a falta de contrapesos como el nepotismo e incluso hasta presuntos actos de corrupción.

Y lo anterior se dejó ver principalmente con la impugnación que el TSJ hiciera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en contra de los artículos 35 y 37 de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues a raíz de ahí, surgieron voces que aseguraban que el principal objetivo de dicho recurso, era porque el máximo texto jurídico de la capital, impedía entre otras cosas, la reelección del presidente del Tribunal y que él mismo fuera el titular del Consejo de la Judicatura de la CDMX, es decir, se daba fin a la figura de “juez y parte”, acción promovida desde hace más de una década por quien fuera integrante del Consejo de la Judicatura local, el catedrático e investigador universitario y talentoso politólogo, Jaime Cárdenas Gracia, otro de los entes afines al presidente López Obrador.

Incluso dicha impugnación, en su momento, a nadie sorprendió y muchos de los que elaboraron el máximo texto local, sabían que el dictamen de la Comisión del Poder Judicial causaría preocupación de algunos sectores, principalmente en los que han encontrado en el sistema de impartición de justicia un modus vivendi, “lo que nos ha colocado como uno de los peores a nivel mundial de acuerdo a estudios en la materia, motivo por el cual, desde el Constituyente se plasmaron los cimientos legales para que la Constitución terminara con esa gris etapa del TSJ e implantar una nueva”, atestiguaría el alcalde morenista en Venustiano Carranza, Julio César Moreno.

Para muchos no es un secreto que aquellos magistrados que respaldaron la impugnación de la Constitución local, no actuaron por cuenta propia, sino por consigna y con ello, se ejemplificaron las viejas prácticas caducas y que el máximo texto jurídico capitalino vino a desplazar para garantizar una plena autonomía del TSJ, en donde no haya más cabida a las sentencias o fallos por encargo o consigna.

El doctor Elías Azar tuvo la analógica atingencia de haber sido favorecido por el régimen peñista ya que, si bien utilizó su cercanía con el poder federal, le permitió configurarse como embajador de México en los Países Bajos, cargo que había estado desocupado por años ya que solo había un encargado del Despacho. Hoy en día, ese cargo quedó nuevamente acéfalo, ya que la relación del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard con el jurista Édgar Elías Azar, no es del todo cordial.

Lo cierto es que, observándolo dese el punto pragmático, el TSJ-CDMX debe “sentirse” orgulloso toda vez que marca un hito, es decir, nunca en toda su historia había surgido un mexicano que representara a su país en una importante embajada, en una nación (Holanda)) donde se asientan los Tribunales Internacionales de Justicia, como es La Haya.

Ante esos escenarios, la elección del magistrado Rafael Guerra Álvarez, es un factor positivo que con los hechos y su forma de trabajo, cambiará la percepción de la mala imagen que tiene la gente del Tribunal.

Además, es una oportunidad de implementar distintas formas de impartir justicia a favor de los capitalinos, que han perdido la confianza y credibilidad del Tribunal por su gran burocracia y vicios que se han ido arraigando a lo largo del tiempo.

Que incluso, ni el nuevo sistema de justicia social, ni los últimos dos presidentes (Édgar Elías Azar y Álvaro Augusto Pérez Juárez), pudieron erradicar o, dicho de otra forma, no quisieron, ya que de lo contrario, hubieran innovado con un sistema mucho más efectivo que estuviera a la altura de una de las urbes más grandes del mundo, como la capital de México.

Esos serían, en parte, algunos de los extraordinarios retos que se enfrentará el nuevo presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, identificado plenamente con el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Como corolario, en la madrugada del 29 de diciembre de 2018 (01:40 Horas), el Primer Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, donde los diputados prácticamente se negaron a proporcionar mayores recursos al Tribunal Superior de Justicia capitalino, es decir, asignándole solamente más de seis mil millones de pesos, correspondientes al Tribunal Superior de Justicia $5,889,693,672; en tanto que al Consejo de la Judicatura $192,514,882.

De tal suerte que de los $7,419,744,162 solicitados en la víspera, quedó en número redondos en $6,082,208,554, con un déficit presupuestario para atender sus tareas administrativas en el Ejercicio Fiscal-2019, que por cierto, el Congreso local también pasó en alto los exhortos del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal para elevar los de por sí bajísimos salarios y extraordinarias sumas cargas de trabajo que no son compatibles entre lo que se desarrolla y el Tribunal remunera.

Para rematar, en la última sesión ordinaria del Congreso-CDMX, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez, el pleno parlamentario le aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual “el Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo una revisión sobre la entrada en vigor de diversas disposiciones constitucionales y se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que la integración de la Sala Constitucional señalada en el artículo 36 de la Constitución, se lleve a cabo en los nuevos plazos que sean fijados por el Congreso”.