El reto de la ‘suprafiscal’ Godoy
Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
En la lógica política de la “4T” están convencidos de que fue mayor el beneficio político que el costo de presuntamente violentar el Pacto Federal con la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien gozaba de inmunidad procesal Constitucional en la jurisdicción que fue aprehendido.
Esta captura, según sus cálculos políticos, ayuda a reavivar las posibilidades de que Morena retenga la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024; que la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Ernestina Godoy se reelija por 4 años más; y hasta que la ex jefa de Gobierno e inminente candidata presidencial Claudia Sheinbaum pueda congraciarse un poco con los públicos femeninos, pues Carmona está acusado de obstaculizar la administración de la justicia en el más grave delito que puede haber, el feminicidio, en el caso de la joven Ariadna.
Otra rentabilidad política de ir contra el fiscal de Morelos es proteger al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, porque lo quieren para reforzar las campañas de Morena en la CDMX, y Carmona iba tras él por diversos delitos, lo que habría hundido también las posibilidades de Morena de conservar la gubernatura de aquella entidad, que ha cobrado más relevancia porque existe un escenario en que pueda ser el pago a Gerardo Fernández Noroña a cambio de legitimar el triunfo de Sheinbaum en la encuesta de Morena. Pero también, por si fuera necesario, esa gubernatura sería para el actual jefe de la policía de capitalina, Omar García Harfuch, quien está habilitado constitucionalmente porque nació allá.
Además, el momento político de esa detención, ocurrida el viernes pasado, también sirvió para generar una cortina de humo y generar un control de daños ante la resolución del INE de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es responsable de violencia política en razón de género en contra de la inminente candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
Todo suma, porque Sheinbaum sabe que en la CDMX no dejó los mejores resultados ni las mayores simpatías con los públicos femeninos. De quienes no aprobaron su gestión, aproximadamente el 60 por ciento son mujeres, y temen que se refleje a nivel nacional.
Por eso Godoy no vaciló en conseguir un juez a modo que obsequiara una polémica orden de aprehensión, ante el enorme riesgo jurídico de quebrantar el Pacto Federal, al ir a Morelos a detener al Fiscal, pues la Constitución de allá le concede fuero para los delitos del orden común, y establece que su desafuero tiene que pasar por el Congreso Federal. Polémica mayor porque el presunto delito que se le acusa habría ocurrido en aquella tierra, pero la detención la ordena un juez con jurisdicción en la CDMX.
Se abre la discusión de posible violación del Pacto Federal establecido en el artículo 40 Constitucional, pero la instancia que tendría que sancionar este asunto es el Senado de la República, donde Morena tiene mayoría. Es un hecho que generaron un galimatías jurídico que en lo subsecuente tendrá que disiparse.
Ahora que Godoy se estrenó como la suprafiscal de México, pues demostró que puede detener a cualquier fiscal del país, debería aprovechar ese enorme poder para enfrentar los feminicidios en la capital, que en 2022 aumentaron 7.3%; reducir la tasa de homicidios promedio en la CDMX, que durante la gestión de Sheinbaum alcanzó el 13.8%; encontrar a más de mil 456 mujeres desaparecidas –y no localizadas– entre 2019 y 2022… Lo veremos.
