Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si a algo le sabe Ricardo Monreal después de la política, es al Derecho. Y desde su experiencia jurídica y administrativa afirma que el de Emilio Lozoya, “será el juicio del siglo”.

No anda errado si es cierto lo que afirman también otros penalistas expertos quienes aseguran que, si bien varios delitos imputables al ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ya prescribieron, hay otros que están absolutamente vigentes y son los más graves: como el de delincuencia organizada y uso de recursos ilícitos.

El zacatecano, quien ayer acudió a su encuentro habitual con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pidió paciencia y esperar a ver las pruebas y lo que de ellas toma la Fiscalía General de la República.

Por lo pronto, otros juristas experimentados en procesos penales advierten que tres son los posibles delitos que surgen de lo que hasta hoy se conoce del caso Lozoya:

Los electorales, los de corrupción y los de delincuencia organizada.

Los delitos electorales, coinciden, prescribieron el año pasado; los de corrupción podrían ser muy cuestionables, pero los terceros, los de crimen organizado, esos están absolutamente vigentes, son los más duros y posibles de comprobar.

Todo depende de que la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero pueda sustentar que Emilio Lozoya fue -como dicen sus defensores-, “utilizado como un ‘instrumento’ en un aparato organizado de poder. Lo anterior, se resume, a un caso de posible delincuencia organizada”.

Este delito es considerado “grave” y ameritan prisión preventiva automática y no puede ser detenido o pospuesto con amparos.

Esos son los que les va a aplicar Gertz a Peña Nieto y a Videgaray.

¿Por qué lo afirmo?

Porque ayer, al participar en un encuentro a distancia con investigadores de El Colegio de México, quienes le preguntaron sobre las prescripciones de los delitos de Lozoya, Alejandro Gertz Manero, dijo no poder dar a conocer datos mayores sobre el tema.

Pero comentó:

“Cuando yo inicio cualquier procedimiento checo dos cosas fundamentales: la personalidad del denunciante y la prescripción del delito. En este caso se ha hablado mucho de la prescripción de los delitos electorales; les ruego su comprensión de no dar los datos procesales por los que tenemos la certeza, de que no hay prescripción. Si no, sería un trabajo inútil y sería ponerse en ridículo, salir a defender un tema que sabemos que finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en el que lo judicialicemos”.

Y concluyó, al subrayar que por lo anterior, es decir, por estar seguro de que sí procede el juicio penal contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es que él “no tenía ningún problema en que haya prescrito lo electoral en contra de Emilio Lozoya. Mientras que, en el caso de otras personas, no les iba a informar.

“El caso de la prescripción para la imputación a este individuo (a Lozoya), no tengo ningún problema. El caso de la prescripción para quien haya estado coludido con él, no lo voy a decir por las razones evidentes, porque yo no les preparó la defensa a mis contrincantes”.

Es decir, va a considerar que Lozoya fue utilizado por Peña Nieto y Videgaray dentro de un entramado de delincuencia organizada. Y eso va de 20 a 40 años de prisión.

Todo se desprende de que…

Lozoya habría recibido órdenes de Peña Nieto y Videgaray de entregar 100 millones del soborno de Odebrecht a la campaña presidencial de EPN en 2012 y otros 120 millones a un diputado y cinco senadores por la aprobación de las reformas estructurales del Pacto por México en 2013 y 2014, entre ellas la reforma energética.

Otros 84 millones, dice, fueron a manos de otros legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político, a quien después le entregaron más de 200 millones de pesos para destinarlos a la aprobación de las reformas estructurales, a través de un enlace.

Pero la cosa no queda ahí, Lozoya afirma que el entonces presidente Felipe Calderón otorgó beneficios económicos a Odebrecht, mediante la planta petroquímica Etileno XXI, que opera en Veracruz.

“… eso fue durante la administración anterior (Felipe Calderón) y en ese caso específico él (Lozoya) dice que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una compañía mexicana, que es socia de Odebrecht y a la que también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, subrayó el fiscal.

Hace tres semanas, Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, en las investigaciones de los casos de la planta Agro Nitrogenados y Odebrecht.

El de Lozoya, el juicio del siglo

Si deshebramos lo anterior, es fácil entender por qué Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado considera que estamos frente al juicio penal más importante en México.

Abrir juicio contra un ex presidente -o contra dos- es algo que no ha ocurrido en la historia reciente del país.

Por eso Monreal dice:

“El caso Lozoya es un asunto emblemático del mayor nivel de México y que para mí es el juicio del siglo si se devela todo que hay detrás de todo esto, va a ser impresionante.

“Hay muchas personalidades públicas (involucradas) nunca se había hecho lo que ahora se está haciendo.

“Yo tengo 42 años en la actividad pública y es la primera vez que se va a fondo en el deslinde de responsabilidades. Es la primera vez que un alto funcionario se acoge al criterio de oportunidad y a los beneficios de testigo colaborador.

“Vamos a esperar, yo soy de los que piensan que debe de observarse fielmente, escrupulosamente el debido proceso y la presunción de inocencia, vamos a ver qué tan consistentes son las pruebas aportadas o los testimonios exhibidos y dar paso a que la carpeta de investigación se integre y el juez instructor, el juez penal pueda también determinar si da lugar o no a las órdenes de aprehensión”, pidió.

El zacatecano consideró que AMLO ha actuado con moderación y sin afectar el debido proceso en el caso de Lozoya y otros posibles involucrados “y no va aceptar negociaciones políticas al margen de la ley. Lo conozco y es una persona firme en perseguir la justicia a toda costa”, concluyó.

Lo legislativo

Respecto de su conversación con López Obrador, Monreal, dijo que con el Presidente, pasó revista de diversos temas como el de la pandemia, la emergencia sanitaria y las perspectivas económicas que deberán enfrentarse de manera exitosa.

De igual manera comentó que abordaron la agenda legislativa del próximo período legislativo y del interés del presidente López Obrador de que se logre desahogar el tema de discriminación racial, el desafuero presidencial y las reformas al sistema de pensiones.

Aclaró que no hay llegado la propuesta sobre una ley de consulta indígena.

El zacatecano destacó que vio a un Presidente muy sensible, muy informado y firme en sus decisiones.

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