TRAS BAMBALINAS

*JORGE OCTAVIO OCHOA

Un ex general sentenciado a 16 años de cárcel por negociar y aceptar sobornos del narcotráfico; un ex gobernador buscado por delitos contra la salud; el estado de Guerrero sometido por la pugna de cárteles. La pregunta ya retumba en todo el mundo ¿Quién gobierna realmente en México?

La semana pasada, la Policía Federal tuvo que entrar al rescate en el estado de Guerrero, igual que lo hizo hace tiempo en Chihuahua y Michoacán en un país donde evidentemente el negocio de las drogas es el más rentable y el más mortífero.

Desde hace más de una semana la Policía Federal reforzó las tareas de seguridad en el estado de Guerrero y colocó más elementos en las regiones Norte, Centro y Tierra Caliente, en medio de noticias sobre el hallazgo de fosas y cadáveres en Zitlala.

Ni el gobierno federal, ni mucho menos el estatal han hablado claro sobre la profundidad del problema, pero el operativo desplegado es más que revelador. La Policía Federal tendrá dos bases fijas, que operarán como cuartos de guerra.

Una en Ciudad Altamirano para brindar seguridad, perseguir y detener a presuntos delincuentes en los municipios de Teloloapan, Arcelia y Ajuchitlán del Progreso, entre otros de la región de la Tierra Caliente.

Otra en Chilapa, y abarcará los municipios de Zitlala y, Tixtla, entre otros de la zona centro. Por sí solo, el operativo revela la gravedad del problema que, sin embargo, como ya hemos dicho, data de hace más de tres décadas.

Un total de 32 cuerpos, y nueve cabezas fueron encontrados en 20 fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla, municipio de Zitlala, en la zona Centro de Guerrero, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido la disputa entre dos grupos del crimen organizado: “Los Ardillos” y “Los Rojos”.

México vive en sus montañas una guerra soterrada, parecida a la que ha vivido Colombia, con la “feliz” noticia de que acá no se ha ideologizado el proceso. Los narcos no se dicen defensores del pueblo porque, de hecho, lo han acribillado

El reclutamiento ha sido forzoso y todos aquellos campesinos que no optaron por “el sueño americano” tuvieron que aceptar las condiciones que impusieron los cárteles para poder sobrevivir: cultivar amapola y portar “cuernos de chivo”.

Cadáveres y cargadores de AK-47 y R-15 es lo que han encontrado en toda esa región donde el terror se volvió una forma de vida, hasta mimetizarse y convertirse todos en parte del mismo, pensando que es mejor ser ejecutor que ejecutado.

Lo peos es que para millones de mexicanos esa ha sido la única alternativa, porque desde los más altos círculos del poder se ha mecido la cuna para empoderar a esas bandas criminales y generar imperios que dominan vastos territorios.

En agosto de 2012 el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas ordenó la aprehensión del ex gobernador Tomás Yarrington por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico.

En el expediente, la PGR imputa al exgobernador cobrar sobornos al Cártel del Golfo y Los Zetas, y lavar los recursos a través de una red de prestanombres que invirtieron el dinero en inmuebles en México y Estados Unidos.

La imputación se basa principalmente en las declaraciones de los testigos protegidos con nombres clave “Oscar”, “Pedro”, “Ángeles”, “Pitufo”, “Yeraldín” y “Rufino”. La pregunta aquí es: ¿Cuántos más sabían esto? No es una novedad, eso sí lo sabemos todos.

El 20 de noviembre pasado trascendió la noticia de que el General Brigadier, Juan Manuel Barragán Espinosa, fue sentenciado a 15 años de prisión por gestionar un encuentro entre emisarios de Joaquín El Chapo Guzmán y el exsecretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván.

Es acusado de ser mensajero de los traficantes para ofrecerle un soborno de 140 millones de dólares a Galván con el fin de que desactivara los operativos lanzados a finales de 2011 en el Triángulo Dorado contra El Chapo y sus operadores.

Tampoco nos suena nuevo porque ya antes lo habíamos escuchado, cuando el PRI dominaba políticamente todo el territorio nacional pero, según se ve, el paso de gobiernos priistas a mandatos de coalición, no cambiaron en nada el panorama.

La situación es tan preocupante que en el Congreso de la Unión preparan el marco jurídico para que fuerzas armadas actúen legalmente en tareas que amenacen la seguridad interior. Esto incluye acciones contra el narco, corrupción y terrorismo, entre otras.

Las fuerzas armadas podrían hacer uso de cualquier método para recolectar información, según el proyecto original. ¿Qué nos revela esto? Que el estado está siendo rebasado.

Hace poco más de una semana, dos elementos de la Marina Armada de México fueron ejecutados a balazos por un grupo de hombres armados frente a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Moctezuma, de la periferia de Acapulco.

Todo esto nos habla de una descomposición real, profunda, que amenaza al Estado Mexicano. Es la misma guerra sorda de la que habló Felipe Calderón, convirtiéndola estúpidamente en una estrategia mediática cuando es un deber constitucional combatirla.