CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), entregó al titular de este organismo de fiscalización, Juan Manuel Portal Martínez, 15 recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2015, y propuso la ejecución de 50 auditorías a distintos programas, 21 estudios y 22 evaluaciones de políticas públicas.
Al hacer entrega del documento que también incluye conclusiones, Maldonado Venegas, llamó al Senado de la República a que en un periodo extraordinario resuelva el tema del Fiscal Anticorrupción, “pues es un eslabón fundamental para que se llegue de las sanciones a los sancionados, y tengamos a alguien especializado y concentrado en este tipo de denuncias y dé cuentas a la sociedad”.
Se requieren fórmulas que ataquen frontalmente el fenómeno de la corrupción, un mal endémico que ha permanecido por siglos en el país. “Probablemente no tengamos la capacidad de acabar con ella y quienes sugieren que pueden y lo van hacer de manera mágica o través de un decreto, me parece que es una oferta demagógica, pero lo que sí podemos es terminar con la impunidad”.
No se puede garantizar que la sociedad en su conjunto, particularmente, los servidores públicos en su totalidad cumplan como debiera ser con honestidad el ejercicio de sus funciones, “pero sí debemos garantizar que aquellos que no lo hacen y cometen faltas y hay evidencia de ello, sean sancionados severamente. Ese es el primer paso en un combate efectivo a la corrupción”.
Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), precisó que la interacción institucional cimentada a lo largo de los años, resulta de capital importancia para que la fiscalización desempeñe el papel para la que fue diseñada.
“Reiteramos nuestro compromiso de llegar al límite de nuestras capacidades, para que la fiscalización superior realice una aportación relevante a la estrategia que se ha puesto en práctica para minimizar las condiciones que han hecho de la corrupción uno de los principales problemas que enfrenta el país, y cuyo abatimiento, es deuda que como Estado aún tenemos ante la sociedad”, añadió.
La sociedad, reconoció, es la que en mayor medida sufre los efectos de la corrupción que se registra en el ámbito gubernamental, tanto de manera directa como cuando se ve afectada por una deficiente gestión de los recursos públicos.
El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, consideró que ante la realidad actual, el reto fundamental es construir la credibilidad en las instituciones, que hoy padecen un déficit de confianza y su fiscalización no da resultados. Además, “observamos crecimiento de la corrupción tanto en el ámbito federal como a nivel estatal”.
No se puede cambiar una cultura de secrecía e impunidad sin que haya sanciones. Tiene que haber castigos en la ley, pero también sancionados para “acabar con este fenómeno que brota como pus en la administración pública”. Aprovechó para reconocer el trabajo profesional de la ASF, pero estimó que no está dando los resultados esperados.
Claudia Corichi García, diputada de Movimiento Ciudadano, precisó que la ASF recomendó al Legislativo hacer 140 modificaciones a diversos ordenamientos legales y la Cámara no puede ser ajena a ello. “Es fundamental combatir la corrupción en el gasto público y requerimos un entramado institucional para todo el Estado, a fin de que el principal cáncer que padece nuestro país, que es la impunidad, no siga como una constante”.
Refirió que se trabaja en la fiscalización de los recursos pero de poco sirve si todo el aparato del Estado no aplica, de la misma manera, un alto a la impunidad. En febrero pasado, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, se documentaron conductas delictivas en Sedesol y hay denuncias penales ante PGR, pero se desconoce la culminación de esos sucesos.
De Nueva Alianza, el diputado Javier Pinto Torres indicó que las conclusiones de la Comisión de Vigilancia a la ASF están enfocadas a dar mejor seguimiento a los recursos públicos recuperados, y propiciar la generación de un marco sólido para enfrentar cabalmente las responsabilidades que ahora establece el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los esfuerzos de la ASF han permitido detectar un gran número de irregularidades y áreas de opacidad en el marco jurídico, en un momento en el que la sociedad exige respuestas que propicien confianza en todos los niveles de gobierno. “La corrupción impide el desarrollo, desgasta credibilidad en funcionarios e instituciones y promueve el desprestigio en todas las autoridades gubernamentales”, comentó.
El diputado Enrique Salazar Farías (PVEM) afirmó que “la corrupción tiene harta a la sociedad, hay escándalos en todas partes y la población ya exige un cambio. Si la ley actual no es suficiente para castigar a los corruptos, hay que modificarla a fin de coadyuvar a detectar irregularidades y sancionarlas”.
Señaló que “no requerimos actos heroicos, sino legales de quien ejerce cargos públicos. Es necesario que en la elección de funcionarios busquemos a gente correcta y decente. Requerimos que gobernadores, presidentes municipales, funcionarios y todo el que ejerza recursos públicos hagan, precisamente, labor pública”.
Del PRD, la diputada Maricela Contreras Julián comentó que la realidad no es alentadora, la labor de la ASF se diluye y las cifras, por ejemplo, de la Cuenta Pública 2015, arrojan que continúan las mismas prácticas, muchas de ellas presumibles como delitos. Precisó que de 6 mil 346 observaciones derivadas de la revisión de esa Cuenta Pública, se emitieron 2 mil 400 promociones de responsabilidad administrativa y 2 mil 622 pliegos de observaciones, lo alarmante es que se duplicó lo presentado el año pasado.
“Se duplicaron las malas prácticas y eso no es otra cosa, sino muestra de una grave impunidad y un sistema permisivo de corrupción. Al no ser castigados los responsables, es un asunto que se alienta”. La Cámara de Diputados, por ejemplo, debe el análisis real de las Cuentas Públicas del 2003 al 2015; en ese sentido, cuestionó sobre cómo sería posible recuperar confianza institucional, cuando hay licencias de impunidad para gobernadores donde prolifera el compadrazgo y la protección en el mal manejo de recursos.
Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN, subrayó que en las conclusiones entregadas a la ASF se señala la probable recuperación de 63 mil 442 millones de pesos. Habrá que estar pendientes de que los entes auditados presenten la documentación correspondiente sobre el destino de ese monto. “Es importante el reintegro de las cantidades observadas por la ASF como recursos públicos que se usaron para un fin distinto al previsto por la normatividad”.
Se tienen que revisar padrones de programas sociales, pues en muchas ocasiones no se puede corroborar si la población objetivo corresponde a beneficiarios. Asimismo, llamó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a analizar las iniciativas que se tienen olvidadas sobre fiscalización y rendición de cuentas.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) destacó la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción que fortalece la cooperación entre instituciones para enfrentar la impunidad, a través de un enfoque multifactorial en lugar de sólo atender eventos aislados. Es indispensable fortalecer el canal de comunicación entre legisladores y la ASF, a fin de generar retroalimentación con respecto al uso y destino del gasto.
Afirmó que es compromiso de su grupo parlamentario combatir frontalmente la corrupción e impunidad que impera en el país, pues hoy la sociedad reclama nuevos y mejores mecanismos para detener este fenómeno tan lacerante. “Es compromiso del PRI atender la legitima demanda ciudadana y mantener como prioridad la transparencia y rendición de cuentas.
El diputado Luis Maldonado señaló que estas conclusiones y recomendaciones, permitirán fortalecer los trabajos que se realizan día con día en la revisión de las cuentas públicas y subrayó que la ASF cuenta con grandes retos, entre ellos, las nuevas potestades para fiscalizar los recursos derivados de las participaciones federales a entidades federativas y municipios, así como las que se le otorgan en materia de deuda pública a estados y ayuntamientos que cuenten con garantía del gobierno federal.
Destacó que el documento contiene comentarios y cuestionamientos de los diputados derivados del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2015, presentado el pasado mes de febrero; opiniones remitidas por escrito de las comisiones ordinarias, y aborda aspectos relacionados con el Sistema Nacional de Fiscalización.
Se presenta una serie de recomendaciones y propuestas en materia de auditorías, evaluaciones y estudios derivados de los trabajos de los diputados de la Comisión de Vigilancia. De forma específica, se realizan 15 recomendaciones relacionadas con la definición del esquema de mecanismos y líneas estratégicas de fiscalización para llevar acabo sus nuevas atribuciones que deriven de las modificaciones constitucionales y legales, en materia de combate a la corrupción.
También, se proponen 50 auditorías a distintos programas, se incluyen algunas de desempeño, de cumplimiento financiero y otras de carácter forense, así como la propuesta de realizar 21 estudios y 22 evaluaciones de políticas públicas.
Maldonado Venegas recordó que la labor de fiscalización a partir de este año cambió. En 2017, habrá dos documentos adicionales, en junio y octubre, relacionados con los informes individuales de auditoría concluidos a esa fecha y que podrían ser utilizados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en sus trabajos de proceso presupuestario 2018.
Sugirió reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización y reconoció a la ASF por su actuación para coordinarlo y contrarrestar la incidencia negativa que puede presentar combatir el fenómeno de la corrupción, bajo la tesis de que la fortaleza de la fiscalización superior debe incidir de forma positiva en la disminución de este fenómeno.
Fortalecer comunicación y cercanía con los legisladores: Portal Martínez
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, consideró oportuno fortalecer la comunicación y cercanía con los legisladores, y construir nuevas dinámicas de interacción y retroalimentación, para sacar el máximo provecho posible a la información generada de labor auditora.
Se pronunció por ampliar los canales de interlocución entre la ASF y la Cámara de Diputados, factor crucial para asegurar la culminación del ciclo fiscalizador. “Si no logramos que los hallazgos de auditoría se traduzcan en mejoras concretas a la gobernanza del sector público, con la adecuada contribución de la labor legislativa, año con año, seguiremos atestiguando la repetición de la misma problemática”.
En ese sentido, dijo que una relación dinámica y productiva entre el ente fiscalizador y los representantes populares significará un claro avance en el fortalecimiento y la operación del Estado.
Los comentarios, expuso, son recibidos en un momento propicio dado los procesos por los que transita la ASF, como productos de su participación en los sistemas nacionales de Fiscalización y de Anticorrupción, así como aquellos ajustes en la actuación para la observancia de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Portal Martínez estimó indispensable que el ente auditor haga los ajustes necesarios para mantener actualizada tanto su estructura como su operación conforme a las demandas del entorno, a fin de que sus resultados tengan el impacto requerido y sirvan a los legisladores para la labor parlamentaria.
Indicó que derivado de las inquietudes de los grupos parlamentarios de la Cuenta Pública, se conocen los temas principales que generan dudas o ponen de manifiesto inconformidades, respecto al contenido y alcance de la actuación de la ASF, principalmente, en la calidad del funcionamiento del aparato gubernamental y el contar con un marco adecuado para evaluar la gestión de la Auditoria.
El auditor planteó discutir y trabajar sobre condiciones estructurales en las que los servidores públicos realizan su tarea, como entorno organizacional, cuando es afectado por intereses creados, opacidad, deficiencias en las capacidades técnicas, inercias e incentivos, ya que anteponer el interés personal al de la ciudadanía genera una cultura administrativa propicia a aceptar la corrupción como un elemento más del sistema.
Otro, se orienta a acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de este nocivo fenómeno. Uno más, deberá referirse a aspectos operativos del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que es tan vulnerable a riesgos como cualquier otra instrucción o instancia de coordinación. “Debe predicar con el ejemplo y sería grave que cupieran dudas o falta de confianza de la ciudadanía”, añadió.
Por último, dijo, se planteará incluir temas vinculados con algunos de los problemas que recurrentemente se han detectado en la praxis gubernamental. Agregó que esta Comisión de Vigilancia ha sido la que en mayor medida ha apoyado la profundización y ampliación de la labor auditora.
