CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- A fin de fortalecer el marco jurídico en materia de ciberseguridad y reforzar la cooperación internacional para prevenir estos delitos, la Comisión Permanente exhortó a las dependencias del Gobierno Federal para que el Estado mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, entró en vigor el 1° de julio de 2004 y constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y de otros sistemas informáticos. A la fecha, ha sido ratificado por 47 estados.
El objetivo del Convenio, es desarrollar una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
Reconoce que existen diversos ilícitos asociados al uso de plataformas tecnológicas; algunos de ellos exclusivos del ciberespacio, como el sabotaje informático o el acceso indebido a sistemas de información; en tanto, otros que pueden ser facilitados o tener un alcance mayor a través del internet, como la estafa, la adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil y la comercialización y producción de éste.
El Protocolo Adicional complementa las disposiciones del Convenio respecto a la penalización de actos y conductas de naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través del uso de sistemas de cómputo y representa una extensión adicional del alcance del Convenio.
El dictamen precisa que, de acuerdo con reportes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Policía Cibernética del país, las pérdidas anuales por ciberdelitos ascienden a tres mil millones de dólares. Además, se considera el segundo delito más importante en México, después del narcotráfico que afecta al menos a cinco de cada seis empresas con 22 millones de personas que han sido víctimas de esas conductas delictivas.
