23 de December de 2024
Exige ONG a diputados incrementar IEPS para pagar reconstrucción de zonas dañadas por sismos
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Exige ONG a diputados incrementar IEPS para pagar reconstrucción de zonas dañadas por sismos

Oct 10, 2017

Ciudad de México a 10 de octubre (CÍRCULO DIGITAL). – A la emergencia epidemiológica que se vive en México, una de las más graves del mundo, se ha sumado la tragedia provocada por los sismos del 7 y 19 de septiembre provocando que los damnificados de siempre estén aún más damnificados.

Los costos estimados para la reconstrucción ascienden a 45 mil millones de pesos, muy por encima de los 9 mil millones del FONDEN y de los que se podría obtener al recortar los recursos para las campañas electorales del 2018, que serían alrededor de 5 mil millones de pesos con un recorte del 70%.

Los costos de las declaradas emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes se estiman en 150 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres sismos anuales.

“La deuda bruta externa de México creció entre 2009 y 2016 a un ritmo de más de 22% anual pasando en siete años de 168 mil millones a 432 mil millones de pesos. Debemos evitar que esta deuda aumente tras los sismos. Mientras la deuda aumenta se recortan recursos a las políticas públicas básicas, afectando a los más pobres del país. En 2015 el presupuesto en salud recibió un recorte de 10%, en el 2016 se le recortaron 10 mil millones de pesos más en referencia a lo presupuestado en 2015. Y en 2017 llegó otro recorte de 7.8% en relación con lo recibido en 2016”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Los desastres naturales se han afrontado en México, Chile, Ecuador, Perú y en muchos otros países recurriendo a préstamos externos, realizando recortes en el presupuesto y estableciendo impuestos a productos cuyo consumo debe reducirse con el fin de corregir las externalidades que generan. Así sucedió con el alcohol y el tabaco en México después de los sismos de 1985 y se hizo en Chile al aumentar el gravamen al tabaco tras el terremoto de 2010.

Los recortes que se han presentado en los últimos años al sector salud significan una mayor precariedad en la calidad de la atención y un menor acceso a la población de menores recursos. Los efectos del sismo se agudizaron en poblaciones rurales y semirurales de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla. Los sectores sociales más afectados por los sismos son los damnificados de siempre. El sismo se impone sobre una situación de emergencia epidemiológica, con 10 millones de personas con diabetes, 40% de ellas sin saberlo, sin acceso a la prevención en salud ni a la atención a tiempo.

Los costos para las familias de bajos ingresos de un miembro con diabetes pueden significar hasta un 40% de sus ingresos. El seguro Popular esta rebasado por esta enfermedad, no cubre las deficiencias renales, no cubre las diálisis y no tiene capacidad, incluso, para una consulta anual oftalmológica para las personas con diabetes.

El Poder del Consumidor propone al Gobierno mexicano retomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ajustar los impuestos al tabaco y  a las bebidas azucaradas con base a sus  recomendaciones de 65% y 20% respectivamente para cumplir el doble objetivo de reducir el consumo de estos productos cuyas externalidades generan graves daños a la salud de las personas, a la economía del país y a los bolsillos de las familias, al mismo tiempo se generan recursos para, en una primera etapa, destinarlos a la reconstrucción y en otra segunda etapa dirigirlos a la prevención. De manera especial, dirigir los recursos del impuesto a las bebidas azucaradas a la instalación de sistemas de potabilización de agua en las comunidades rurales y semirurales afectadas por los terremotos de septiembre, entre otras políticas de prevención.

Las organizaciones civiles que proponen ajustar los impuestos al tabaco y bebidas azucaradas a los niveles recomendados como mínimos por la OMS estiman que se obtendrían 25 mil millones de pesos adicionales, 10 mil millones del tabaco y 15 mil millones de las bebidas azucaradas.

Las organizaciones se suman a la iniciativa de vigilancia y monitoreo del destino de estos recursos exigiendo transparencia en su administración.