Fenómeno de trata de personas debe considerarse desde una visión menos internacional y más local
Ciudad de México a 28 de Octubre (CÍRCULO DIGITAL / MENSAJE POLÍTICO).-La Comisión Especial contra la Trata de Personas, que preside la diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), urgió a visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas víctimas de este delito, así como considerar el fenómeno desde una visión menos internacional y mucho más local.
Destacó la importancia de dotar un marco normativo a las víctimas de trata, para poder sancionar, prevenir y erradicarlo, por ser el país origen, tránsito y destino de esta transgresión.
Pobreza, falta de oportunidades laborales, exclusión y marginación, abandono por su familia, violencia por contextos sociales, violencia intrafamiliar, migración interna y/o internacional, abundó, son factores que deben tomarse en cuenta para comprender este delito y otorgar una visión focalizada de cada una de las entidades federativas.
Indicó que será necesario emprender una evaluación amplia y exhaustiva del marco jurídico nacional, con inclusión del derecho penal, laboral, servicio social, empleo y la legislación sobre migración y asilo, así como los procedimientos en materia de investigación, penal y judicial.
Como parte de su plan de trabajo aprobado en la reunión, la Comisión Especial prevé realizar reformas legislativas para que las leyes internas estén conforme a las normas internacionales en derechos humanos; retomar buenas prácticas de otros estados con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar este delito; desarrollar estudios en esta materia, a fin de identificar áreas de oportunidad con la premisa de velar por los derechos de las víctimas.
Buscará mantener relaciones continuas y permanentes con las instancias responsables de atender este delito, así como establecer comunicación con la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, con servidores públicos y de órganos autónomos, a fin de revisar y analizar los avances respecto a los objetivos establecidos en materia de prevención.
También, habrá un seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales al Estado para efectuar la garantía de no repetición, en materia de trata de personas y las violaciones a derechos humanos relacionadas con los factores de atracción y expulsión de este delito, como la migración, pobreza y discriminación.
Además, planea reuniones con funcionarios públicos de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos que tienen injerencia mediata o inmediata con las posibles víctimas en materia de trata de personas como: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Instituto Nacional de Migraciones, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de las Mujeres, así como las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y Turismo.
