CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre, (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).— Esta tarde, el senador Fernando Mayans Canabal manifestó su voto a favor de la propuesta para reformar la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al considerar que estas modificaciones contribuyen a la erradicación de este fenómeno.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRD afirmó que este delito constituye la esclavitud del siglo XXI y lamentablemente afecta a los sectores más vulnerables: niñas y las mujeres, migrantes, personas con escasos recursos, personas indígenas y personas con discapacidad física y mental, o con preferencias sexuales lésbico, gay, bisexual y transexual.
“Las cifras que se mencionan en distintos escenarios son alarmantes y frente a tales situaciones denigrantes resulta necesario que el Estado emprenda respuestas contundentes, en este caso legislativas”, aseguró.
En ese sentido, Fernando Mayans expresó su apoyo a la propuesta que establece los tipos penales, así como sus sanciones y circunstancias agravantes, con la finalidad de tutelar el libre desarrollo de la personalidad, que deriva de la dignidad humana.
El senador destacó que también se establece que el Gobierno Federal contará con una Comisión lntersecretarial que facilitará la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones entre las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal en materia de trata de personas.
Explicó que la Comisión estará integrada por los titulares o subalterno inmediato de las siguientes dependencias o áreas afines: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de Migración; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Consejo Nacional de Población, entre otras.
En general, sostuvo el legislador, estas modificaciones constituyen una reingeniería de la ley, toda vez que se dividió en dos libros: uno sobre los tipos penales y otro sobre los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado para prevenir y atender este delito.
“Por todo lo anterior, mi voto fue rotundamente a favor”, reiteró.
